El Senado aprobó la nueva Ley de VIH, tuberculosis y hepatitis: qué cambios contempla
El proyecto remarca el acceso universal y gratuito al tratamiento, garantizado por el sistema de salud público, las obras sociales y la salud privada.
El Senado de la Nación aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley de VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual que propone "un abordaje integral desde la salud colectiva". Los votos positivos fueron 60, 1 negativo y ninguna abstención.
Más de 200 instituciones y organizaciones civiles apoyaron el proyecto que presentó la diputada Carolina Gaillard del Frente de Todos. En la iniciativa planteó una actualización a la antigua ley de VIH sancionada en 1991.
En la Cámara de Diputados el proyecto obtuvo media sanción con 241 votos positivos y sólo 8 negativos, luego de que el proyecto perdiera estado parlamentario en 2017, 2019 y 2021.
Cuáles son los cambios
Remara el acceso universal y gratuito al tratamiento, garantizado por el sistema de salud público, las obras sociales y la salud privada. Asimismo, contempla que toda prueba para detectar esas patologías deberá ser voluntaria, gratuita, universal y confidencial
Crea un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio para quiénes se encuentren en situación de vulnerabilidad social. En la iniciativa aprobada se establece que quienes acrediten al menos diez años desde el diagnóstico de la enfermedad y 20 años de aportes jubilatorios, pueden solicitar la jubilación a partir de los 50 años.
Impulsa la capacitación, investigación, difusión de campañas masivas y la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, integrada de forma interministerial e intersectorial por representantes de los organismos estatales, sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil con trabajo en estas patologías.
Además, propone un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el objetivo de visibilizar, documentar, disuadir y erradicar la criminalización de las personas infectadas.
También deroga el decreto Decreto 906/95 que establecía la obligatoriedad del test de VIH para ingresar o permanecer en las Fuerzas Armadas y organismos de Seguridad.
El proyecto pondrá el foco en las cinco "poblaciones clave y/o de mayor vulnerabilidad": personas transgénero, personas que ejercen el trabajo sexual, varones que tienen sexo con otros varones, personas en situación de encierro y/o personas que usan sustancias psicoactivas.