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Derecho y la Persona Mayor

Por Luis Martínez (*)

Luis Martínez, Juez de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco

Desde el Derecho Constitucional y del Convencional-ambos vigentes y vinculantes en la Provincia del Chaco- ninguna persona incluyendo al Estado respecto de todas sus funciones constitucionales pueden ni deben otorgar actos que se constituyan en distinciones y/o restricciones indebidas de los derechos humanos fundamentales. Ello tanto en la esfera privada como pública construyendo Edadismo. Así se entiende por Edadismo a cualquier distinción, exclusión o restricción basada en las edades, a partir de los cuarenta y cinco (45) años de edad haciéndose extensiva a aquellas personas transgénero a partir de los treinta y cinco (35)año, que tenga por objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, económica, social ,cultural o en cualquiera otra esfera de la vida pública o privada. 

Que el citado paradigma del Edadismo, porta importancia determinante, en relación a la dignidad humana inherente a toda persona. No tolera la utilización de la Edad -sobremanera relacionado a la persona mayor adulta en general, y particularmente cuando ello constituya lo que jurídicamente se denomina Vulneradidad Agravada o Potenciada. Al adicionarse al primer preconcepto o estereotipo, -persona mayor adulta-, el requisito cuestión de género, -Mujer.

El Edadismo es un accionar que se caracteriza por aquella construcción cultural que tomando como base los preconceptos y las vulnerabilidades existentes en lo social, construyen una legislación en términos de desigualdad y discriminación. Desconociendo que la persona mayor adulta, ya no es un beneficiario de derechos o un objeto necesitado de asistencia, sino que el nuevo paradigma protege a estas personas como titulares de derechos. Hoy se hallan y son objeto de la mayor obligación de protecciones, plasmadas en las medidas afirmativas que debe el Estado debe garantizar en todos sus poderes. En la medida que la vigencia constitucional.-convencional del Estado de Derecho Social y Democrático lo exige en pos de la vigencia efectiva y real del sistema de protección internacional de los derechos humanos. 

El consenso internacional verifica esta interpretación en términos de aplicación y así ello se desplaza en tres dimensiones fundamentales del Estado a) Normativa b) Procesal y c)Administrativa.-Normativa en tanto vigencia de un plexo internacional de normas de proteccion (Principios Reglas y Valores) Procesal en tanto las legislaciones deben concretar derecho a regulación preferenciales, especiales , y particularizadas .Igualdad entre iguales y desigualdad entre desiguales aunque con fines de protección. Ver Huachuan Sandra, Envejeimieno Derechos Humanos y Políticas Publicas en el "cambio de Paradigmas-Envejecimieno y Derechos Humanos en situación y perspectiva de Derechos Humanos "CEPAL Naciones Unidas pág. 23. Asimismo en "Dimensiones del Consenso Basado en Derechos. 

Vinculado al empleo público del Estado, y con respecto al principio de Igualdad Democrática toda legislación y/o reglamentación del instituto debe construirse con contenidos que incorporen los principios propios del nuevo standar de protección del ciudadano pleno y la ciudadanía plural democrática.

La igualdad real exige hoy la igualdad sin discriminación  con contenidos de realidad, de protección  a los fines del pleno goce y ejercicio de los derechos humanos y concretando la plena capacidad jurídica reconocida en todas las etapas de la vida -sin considerar la edad- a -los derechos del empleo público de los mayores adultos que se fortalecen cuando a ello se adicionan las vulnerabilidad potenciada o agravadas, mayor edad de la persona humana - -adultez-, agravándose cuando además concurre la condición de  la  identidad de género-ej. Mujer.

Asimismo rige en plenitud el derecho convencional que entiende a los efectos juridicos del mismo que "Cualquier distinción exclusión o restricción hacia la persona mayor fundada en dos o más factores de discriminación "constituye Discriminación Múltiple-art -2-Cap I Convención Interamericana Sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores-
La finalidad del sistema internacional de protección de las vulnerabilidades en general y las vulnerabilidades agravadas ,o discriminaciones múltiples , en lo particular,  no solo constituyen un nuevo paradigma político-institucional sino que y como consecuencia de ello ha puesto en vigencia  un nuevo orden normativo -sistema juridicoconstitucional y convencional-  de insoslayable observancia y respeto -Tanto por parte de los particulares como del principal obligado, el Estado.-"La Igualdad de oportnidades para el ejercicio pleno de los derechos duranate todo el ciclo de vida de las personas" Art 4to-inc a) de la Ley de Proteccion Integral para prevenir, sancionar y erradicar la discriminacion en razon de la edad-Ley 3.441-Boletin Oficial -10/11/2021".

Las garantías son expresas. Así la Convención Interamericana sobre derechos de las Personas Adultas Mayores, Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Ley de Protección Integral de las Mujeres y Ley 23.743 de identidad de Género.

Es que la vida -en todas sus etapa, como igualdad democrática exige lo sea sin violencias de cualquier causa y sin discriminaciones.

Por ello las distintas tipicidades de Edadismo - sean físicas, psíquicas sexuales, económicas o patrimoniales han configurado también a aquella que se concretan con la de carácter simbólico, (Edadismo Simbolico) cuando el lenguaje utiliza patrones estereotipados, icónicos, o realizan mensajes valores que reproducen fines de dominación o desigualdad y discriminación.
 
La discriminación se concreta cuando ella se efectuar en el ámbito de las relaciones sociales o institucionales y pretenden naturalizar la desigualdad o subordinación de las personas humanas mayores en la sociedad.

El Edadimso a propósito de lo laboral tampoco se debe erigir en un mecanismo encubierto para discriminar en el trabajo, ora en lo público, ora en lo  privado obstaculizando el empleo, como así también su estabilidad y permanencia en el mismo exigiendo requisitos referidos a rangos etarios que limitan o excluyan -"Aquel que discrimina a los mayores en el ámbito del trabajo público o privados y que obstaculizan su acceso al empleo, contratación ascenso estabilidad o permanencia en el mismo exigiendo requisitos referidos a rangos etarios limitantes o excluyentes" Art 7-inc-c-Ley 3441-J-vigente y de alcance general .

En vinculación con el derecho al trabajo tiene vigencia el derecho al "trabajo digo y decente y a la igualdad de trato, respecto de otros trabajadores, sea cual fuere su edad". Al respecto debe resaltarse que en términos de prohibiciones, el convencionalismo prohíbe expresamente "cualquier distinción que no se base en las exigencias propias de la naturaleza del cargo ", señalándose la necesidad de visualizar en forma predominante "las condiciones locales "Art 18- Derecho al Trabajo Convención interamericana citada tu supra.

Las injerencias del Estado en regulaciones positivas se traducen en la obligación de establecer medidas afirmativas que porten un "enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de las personas mayor" art 3 inc. l y además "garanticen a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos "Convenion Ameicana Sobre Proteccion de los Derechos Humanos de la Persona Mayor art 4to inc c- Cap II".  

En el mismo sentido la obligación del Estado al dictar leyes procesales o reglamentarias deben  respetar la autonomía de las persona mayor pues resultan aplicables los principios convencionales de la Autonomía de la persona mayor-Cap III art 3 de la Convención-asimismo la legislación debe desarrollar un enfoque "específicos"-art -3-inc d- en aquellas que se consideran con objeto de discriminación múltiple incluidas las mujeres, diversas orientaciones sexuales, identidad de géneros .persona migrante, marginadas sociales, pobrezas, cuestiones étnicas, raciales, lingüísticas religiosas etc.

Las interpretaciones empecables desde el Estado sean medidas legislativas administrativas y/o judiciales deben ser adecuadas al nuevo standar internacional de protecion que propugnan  el concepto de Persona Plena y Sociedad Plena- Impuestas ellas por la Declaración Americana de lso Derechos y Deberes del Hombre ; Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Americana de los Derechos Humanos -Principios de Naciones Unidas Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2003) Declaración de Brasilia (2007) Plan de Acción de la Organización Panamericana de la Salud de la Persona Mayor (2009)la Declaración de Compromiso del Puerto de España (2009) Carta de San José derecho de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe (2012).

En la condición de mujer -vulnerabilidad agravada- Ver "La Situación de la Mujer en Sociedad" Asamblea General Resolucion 57/77 del 30-01-2003- de Naciones Unidas", "La Mujer de Edad" Asamblea General Resolución 44/76 Naciones Unidas", "Integracion de la Mujer de edad en el Desarrollo" Resolucion 56/126 Asamblea General Naciones Unidas 25 de Enero de 20002. 

La actividad debe ser y constituir la derivación razonada del derecho hoy vigente conforme a las circunstancias fácticas y jurídicas existentes y aun a las sobrevinientes que pudieren suscribirse, ratificarse protocolizarse y depositarse en el organismo internacional por el Estado; de conformidad a la cláusula del art 75 inc 22 de la Constitucion Nacional 1853/1.997.

Así "Son entonces los jueces quienes deben aplicar primero La Constitución por sobre las normativas consecuentes que podrán declararse inconstitucionales o inaplicables si contradicen la norma fundamental. (art 75 – ver texto--inc 22-C N).-Sesin Domingo -"Tres Derivaciones Esenciales de la Subordinación de los Poderes Públicos  al Orden Jurídico- en -Intensidad del Control Judicial de los actos políticos. El núcleo político -discrecional excluido". 

(*) Juez de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco.