Marcha contra el Poder Judicial
El piquetero profesional Luis D Elía convocó a los militantes del peronismo y organizaciones sociales afines a marchar el primero de febrero contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. En reportajes periodísticos expresó que es su deseo que los ministros del organismo presenten su renuncia.
Un exabrupto de esta naturaleza no acontece en ningún país que hubiere adoptado el sistema republicano de gobierno, salvo aquéllos (Cuba, Venezuela y Nicaragua) que comparten con el kirchnerismo la misma aversión a la democracia.
Para darle más gravedad y suspenso al sainete, el ministro de justicia dio a conocer su apoyo a la manifestación.
Supongo que todo argentino que en secundaria estudió educación democrática e instrucción cívica, tiene en claro (o debiera tenerlo) que el principio de división e independencia de poderes es un postulado sagrado del sistema republicano de gobierno, esencial para que uno de ellos -judicial- pueda llevar a cabo el servicio de justicia en forma autónoma, sin presiones de los poderes políticos (ejecutivo y legislativo).
El principio de "división de poderes" fue conceptualizado por Charles de Secondat, Barón de Montesquieu, en su obra "El espíritu de las leyes" sobre la base del estudio de las instituciones inglesas. Advirtió que existían tres poderes con cierta autonomía e independencia que se controlaban recíprocamente en un sistema de controles y contrapesos.
En buen romance, el poder que consagraba la constitución inglesa no era monolítico, concentrado en el monarca, sino que los restantes, legislativo y judicial, actuaban separadamente en un sistema de equilibrio democrático.
El constitucionalismo liberal posterior, sobre todo el norteamericano, lo erigió en un pilar de su sistema democrático, sin desconocer la influencia del gran Montesquieu en la redacción de la constitución norteamericana
El conflicto de poderes, frente a estos acontecimientos, es un hecho inexorable. Al margen de las condiciones personales del autor de la iniciativa, personaje sórdido si los hay, el apoyo explícito o el silencio del presidente significarían lisa y llanamente un pedido de remoción de los magistrados.
El criterio tantas veces enunciado en forma expresa o subterránea en artículos periodísticos, de equiparar el gobierno de Mauricio Macri con los del justicialismo, desde el punto de la praxis política como respecto tema corrupción, "son todos iguales" aducen sin sonrojarse, es destruido por eventos como el actual conflicto de poderes. NO SON TODOS IGUALES.
Macri durante su presidencia jamás tuvo palabras de descalificación para con el poder judicial, tampoco sus funcionarios - frente a resoluciones adversas- intimidaron a los jueces con pedidos de juicio político, ni sugirieron su remoción (esta perversidad política es privativa del peronismo).
Mauricio Macri no transitó su mandato con una corte adicta, condescendiente. Fue la que en el interregno entre las elecciones generales que lo llevaron a la presidencia y la fecha de investidura, diez de diciembre de 2015, dictó una sentencia en la que declaraba la inconstitucionalidad de las retenciones de fondos coparticipables dispuesta por Néstor Kirchner con destino al financiamiento del sistema previsional.
El Alto Tribunal esperó más de diez años para resolver este planteo judicial, concretamente, hasta que Mauricio Macri ganó las elecciones generales de 2015.
Vale decir, inauguró M.M. su mandato con la carga de restituir a las veinticuatro jurisdicciones los fondos deducidos de la coparticipación provincial irresponsablemente por el peronismo, medida ostensiblemente inconstitucional.
Esa morosidad en resolver un recurso de inconstitucionalidad articulado por tres provincias argentinas, Córdoba, San Luis y Santa Fe, contrasta con la celeridad con que falló la inconstitucionalidad del ajuste tarifario dispuesto por la administración Macri. En un santiamén el plan tendiente a recuperar el valor de las tarifas fue neutralizado por un fallo de dudosa constitucionalidad.
Sin embargo, la conducta del gobierno no consistió en resistir la ejecución de la sentencia, tampoco demonizar ni agraviar a los ministros de la Corte, sino modificar las tarifas en consonancia con el mandato judicial.
Para reforzar su hostilidad al gobierno "neoliberal" de Macri, declaró la inconstitucionalidad de la reducción del IVA a los alimentos dispuesta por su gobierno para favorecer a las clases sociales de menos recursos.
En este caso no esperó más de diez años, tampoco reparó que la decisión política impugnada fuere de corte progresista, en menos de un mes dictó la resolución, cuyo acierto no discuto, aunque asombra la celeridad y oportunidad del pronunciamiento.
LOS PLANTEOS DE INCONSTITUCIONALIDAD DEDUCIDOS CONTRA DECISIONES DEL GOBIERNO DE MACRI FUERON FALLADOS EN EL TRANSCURSO DE SU MANDATO.
¿No es curioso que los articulados respecto de gobiernos peronistas duermen el sueño de los justos hasta que los necios que lo dictaron ya no ejercen el poder?
También se tomó más de una década la Corte Suprema para declarar inconstitucional la composición del Consejo de la Magistratura dispuesta por el kirchnerismo para otorgar preeminencia a los representantes del poder político sobre los que no lo son (abogados, profesores universitarios, etc.).
Siempre la corte apoyando, con su perspicaz sentido de la oportunidad, a los gobiernos justicialistas. No fue Néstor Kirchner quien debió asumir responsabilidad por los fondos ilegítimamente retenidos a las provincias; lo hizo Macri, como peludo de regalo, cuando asumió la presidencia el 10 de diciembre de 2015.
Sin perjuicio de condenar la presión que el actual gobierno ejerce sobre el Alto Tribunal, que no puede aceptarse sin desconocer la división de poderes, este incidente no la exime de responsabilidad de haber GUARDADO SILENCIO CUANDO LOS DERECHOS INDIVIDUALES ERAN TRANSGREDIDOS DURANTE LA PANDEMIA.
Cortes de otros países fueron expeditivas al dictar pronunciamientos que pusieron límites al poder político en el manejo de la pandemia, abortaron decisiones excesivamente lesivas de las libertades personales, lo que permitió a sus ciudadanos sentirse protegidos por el poder judicial, NO ES EL CASO DE NUESTRO MÁS ALTO TRIBUNAL.
Quienquiera lea estas líneas se verá tentado a pensar que es una paradoja que, siendo la Corte Suprema desde hace considerable tiempo pro peronista, sea en estos momentos hostigada por ese partido político.
En verdad, la composición actual del Tribunal no implica un predominio de jueces proclives a favorecer al poder de turno, de allí la embestida que el justicialismo y organizaciones sociales promueven en su contra.
Los supremos no están dispuestos a conceder la aspiración máxima del justicialismo-dominado por el kirchnerismo- que es lograr la absolución de los funcionarios que tienen pendientes causas judiciales por corrupción, sobre todo las de su lideresa Cristina Fernández.
Lo que no han logrado a expensas de la persuasión, ha mutado ahora presión o directamente intimidación, pues de eso se trata la movilización popular convocada para pedir la renuncia de los ministros, expresión fascista tan identificada con el justicialismo (no importa la formalidad democrática sino "ganar la calle").
CRÍA CUERVOS Y TE SACARÁN LOS OJOS.
(*) Abogado.