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Gente que quiere a la gente

Como todos los veranos, la empresa estatal Aerolíneas Argentinas (A.A.) genera novedades, la del presente, modificación del cuadro tarifario para los vuelos de cabotaje que implica fijación de tarifas mínimas a los operadores aéreos del país.

Qué casualidad, antes de las fiestas y vacaciones de fin de año, cuando aumenta considerablemente el flujo de pasajeros, las empresas privadas aerocomerciales no pueden fijar libremente el precio de sus prestaciones, pues el estado les fija un piso con el propósito deliberado de perjudicar a los competidores de A.A.

Como siempre, se esgrimen motivos ficticios que encubren la verdadera intención del gobierno que no es otra que perjudicar a las empresas aéreas privadas que operan en el mercado argentino.

No repararon en que la decisión se traduce en un encarecimiento de los vuelos, siendo directos perjudicados, conjuntamente con los operadores privados, los particulares que planificaron sus vacaciones empleando el avión como medio de transporte, más todas las actividades vinculadas al turismo.

Como reza el lema de Aerolíneas Argentinas (A.A.) "Gente que quiere a la gente".

No puede haber más cinismo, perversidad. Medidas de este tipo son a las que nos tiene acostumbrados el actual gobierno: nunca un beneficio para los particulares, mucho menos, cuando se trata de impulsar un medio de desplazamiento como el avión, para la corrección política nacional, por su sofisticación, privativo de las clases sociales acomodadas.

La orientación de la política de aviación civil adoptada por la actual administración es clara: reforzar el monopolio que de hecho tiene A.A. en el mercado de cabotaje y eliminar la competencia privada.

Desde que la facción kirchnerista La Cámpora tomó el control de la empresa, se sucedieron diversos incidentes, se dictaron resoluciones políticas y administrativas tendientes a boicotear a las empresas privadas competidoras, verbigracia, privarlas del servicio de mangas imprescindible para los días de lluvia y frío.

Esta hostilidad es la que motivó que alguna empresa de buena performance abandonara el país por resultarle imposible brindar un servicio de excelencia, cansada ya de tanta obstrucción y maltrato.    

El costo de A.A. para las cuentas públicas nacionales es cuantioso: todos los años el presupuesto nacional debe contemplar el déficit de una empresa que, vaya excentricidad, tiene asegurada, a fuerza de esquilmar el tesoro nacional, su preponderancia en el mercado de aviación civil.

Los sueldos que el Estado Nacional abona a los empleados de la empresa son dignos de un emirato árabe; los pilotos cobran más que sus pares de las demás aerolíneas de Latinoamérica, lo propio con el personal de tierra, banderilleros, oficinistas, todos ellos nucleados en una pluralidad de gremios que complican cualquier negociación colectiva.

Son los afiliados a estos gremios quienes no trabajaron cuando la pandemia fue más virulenta; sin embargo, no resignaron un centavo de sus sueldos, no sufrieron ninguna reducción por estar inactivos, a diferencia de los trabajadores del sector privado, que experimentaron reducción o pérdida de sus ingresos, verbigracia, en sectores como turismo, hotelería, gastronomía.

La gente que adora la gente, a pesar de no volar durante los aciagos meses de confinamiento, cobraron sus sueldos como si lo hubieren hecho; vuelo programado, vuelo facturado, una demostración de solidaridad laboral digna de encomio.

Es tal la gravitación del sesgo estatista y nacionalista de la sociedad argentina, que aprueba este derroche de recursos porque se trata de una empresa del estado, pensamiento que responde a la idea que es imprescindible tener una empresa de bandera.

No es cierto que exista tal imperativo; no está dentro de las funciones esenciales del estado ser operador aéreo, se trata de una actividad que el sector privado puede asumir de manera más eficiente.

Si se hiciere una encuesta preguntando a los argentinos si merece la pena sostener una empresa estatal deficitaria, cuyo peso en las cuentas fiscales es, obviamente, soportado por la sociedad en su conjunto, la mayoría (me animaría a pronosticar, ocho sobre diez), respondería afirmativamente.

Es tal el contrasentido que, personas que jamás acceden al avión, que en su vida volaron ni aspiran a hacerlo, responderían que es menester tener línea de bandera, sin importarles que con su esfuerzo están sufragando su funcionamiento gravoso para las cuentas públicas.

Curiosidades de nuestra idiosincrasia nacionalista que nos induce a sostener pasivamente una actividad de la cual jamás obtendremos beneficio, por la sola circunstancia de ser una empresa estatal.

Tiempos recientes desmienten el clásico argumento que justifica la existencia de una aerolínea deficitaria: "A.A. cubre destinos que las empresas privadas se rehúsan asumir".

En la práctica, durante la administración de Juntos por el Cambio los operadores privados volaron a destinos jamás visitados por A.A., pues la licitación de las rutas comprobó este aserto.

Mayores son las posibilidades que una operadora privada vuele a Presidencia Roque Sáenz Peña que Aerolíneas Argentinas. En efecto, fue Avianca, la aerolínea colombiana ahora en quiebra, la única que solicitó una ruta aérea que incluía la ciudad.   

Dejando de lado filiaciones políticas, es un hecho que durante el mandato de JxC se produjo una reactivación de los vuelos de cabotaje. Nunca volaron tantos ciudadanos como en esos cuatro años, producto de la apertura del mercado a los operadores privados.

Por primera vez en mucho tiempo se establecieron rutas transversales, es decir, sin la necesidad de pasar forzosamente por Buenos Aires. El aeropuerto de Córdoba se transformó en un Hub a expensas del cual fue posible llegar a diversos destinos del interior del país. También las ciudades más importantes tuvieron vuelos que conectaban con destinos internacionales, como Salta, Córdoba, Mendoza, Tucumán, etc.

Lo bueno que construyó el gobierno de Mauricio Macri en política aerocomercial fue desandado en los dos años de la administración Fernández.

Todo lo que signifique progreso, modernización, apertura, es demolido por la topadora kirchnerista. Aunque A.A. opera con ventaja en el mercado doméstico de vuelos de cabotaje, en infinidad de oportunidades sus representantes expresaron sin sonrojarse que no quieren competencia, su confort es el monopolio respaldado por la caja inagotable del erario público.

No quieren a la gente, no desean la democratización de la actividad, que el avión como medio de transporte sea accesible a la mayor cantidad de argentinos, objetivo innegociable para una nación que es la octava en extensión del planeta.

(*) Abogado.

Presidencia Roque Sáenz Peña