Fuerte rechazo a que el Gobierno tome el control de la hidrovía
Sólo falta la firma del Presidente Alberto Fernández para que la hidrovía pase a estar bajo control del Estado por los próximos 12 meses y eso generó un fuerte rechazo.
Gustavo Idigoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales, habló en Radio Mitre y expresó su malestar.
En ese sentido, introdujo acerca de este importante paso de comercio exterior para el país: "La hidrovía es básicamente el Río Paraguay-Paraná, con más de 3.000 km de distancia y que genera una de las rutas fluviales más importantes del mundo, que ha permitido a la Argentina un enorme desarrollo portuario".
"Se generaron 15.000 millones de dólares en inversión portuaria y logística. Hoy Argentina es el primer exportador mundial de aceite de soja, el segundo de biodiesel, y muy fuerte en maíz, trigo y demás cultivos", agregó en diálogo con Cada Mañana.
Alexis Guerrera, ministro de Transporte, indicó en ese sentido que se trata de "un primer decreto por el cual se faculta a la Administración General de Puertos a llamar a una licitación corta".
Idigoras, por su parte, remarcó: "Tenemos un comercio internacional pospandemia en donde muchos países hacen inversiones fenomenales para generar mayor logística y Argentina tiene esa oportunidad de profundizar, de mejorar para poder llegar y permitir que por ejemplo toda producción del NOA pueda llegar y eso es más empleo".
"Nos preocupa la precariedad de lo que hoy existe, tenemos una concesión de la actual empresa belga que dura hasta septiembre. También hay una situación del cobro de la tarifa, porque hasta ahora 100% ha sido privado", manifestó el empresario.
Y concluyó sobre su importancia para el comercio exterior: "La hidrovía es la autopista tradicional que tenemos que cuidar y proteger para que la Argentina pueda tener comercio exterior. La Argentina exporta por año alrededor de 65.000 millones de dólares, y por la Hidrovía pasa cerca del 80% del total".
Desde el sector agroindustrial, consideraron que el Estado "no debe realizar obras de mantenimiento ni de balizamiento, porque no tiene los recursos económicos ni tecnológicos para hacerlo, menos aún frente a una bajante histórica del río Paraná".
Por eso, señalaron se debe "convocar de forma urgente a una licitación abierta y transparente, donde la tarifa la cobre en forma directa el concesionario".
"El dragado y el balizamiento no controla lo que llevan los buques, por lo que la soberanía nunca estuvo en tela de juicio: el control lo lleva adelante el Estado, fue así desde 1995; incluso se previó en su momento un margen para financiar ese control (unos 23 millones de dólares desde el comienzo), que nunca se aplicaron", señaló una fuente del sector agroindustrial.