Caso Josué Lago: Capitanich pidió "garantizar el debido proceso con el máximo nivel de imparcialidad"
A poco más de dos semanas del homicidio de Josué Lago, crimen que ocurrió en San Martín y conmovió a la provincia, el gobernador Jorge Capitanich aseguró que "así como es intolerable dejar un crimen impune, del mismo modo es intolerable acusar sin pruebas".
En la misma línea, indicó que el caso provocó la "consternación" de todos los chaqueños y advirtió que la Policía "debe hacer cumplir la Constitución, que significa la defensa de la vida. Nosotros tenemos que promover la vida, no promover la muerte. Entonces nosotros lo que tenemos que garantizar es el Estado de derecho en el debido proceso, la defensa del juicio, la investigación independiente".
"Nosotros consideramos que un hecho así no puede ocurrir y este delito debe ser investigado", sostuvo y solicitó que "en todo momento se garantice el debido proceso con el máximo nivel de imparcialidad. Que eso se cumpla a rajatabla con asesoramiento de organismos nacionales e internacionales que permitan tener el máximo nivel de ecuanimidad".
Además, el gobernador sostuvo que "este delito debe ser investigado" porque es un hecho que "nosotros consideramos que no puede ocurrir", y pidió "que en todo momento se garantice un proceso".
Una vez que se corroboren las hipótesis y las acusaciones correspondientes que el proceso penal determine, confirmó que el caso "va a ir a una instancia de juicio penal por jurados".
Este lunes debía realizarse una rueda de reconocimiento de los policías investigados pero no fue posible llevarla a cabo debido a la inasistencia sin aviso de los testigos integrantes de los pueblos originarios.
Josué Lago murió el pasado viernes 11 de junio en General San Martín, luego de recibir un balazo que le costó la vida en el marco de un procedimiento policial iniciado a raíz de un problema entre vecinos en el barrio Los Silos. En un primer momento se dijo que el disparo salió de un arma reglamentaria de la policía, pero el agente Guillermo Viñuela dijo que en realidad le robaron su arma. Todo continúa siendo investigado por la fiscal de Derechos Humanos de Sáenz Peña, Silvia Sluzar.