Dos cosmovisiones antagónicas

Que el país está profundamente dividido en lo ideológico, en la concepción de lo que debe entenderse por "buena política", no es una novedad, llámese grieta, antagonismo, rivalidad, el calificativo que mejor exprese el fenómeno.
Probablemente, la mentada "grieta" no es reductible al enfrentamiento entre derecha e izquierda, sino al choque de dos cosmovisiones, dos maneras de concebir la vida, los objetivos que el ser humano se propone durante su existencia, los valores que orientan su comportamiento.
Las derivaciones de la "grieta" no son perniciosas en su totalidad; para nuestro sistema de partidos políticos es auspicioso regresar al bipartidismo, en los últimos tiempos devaluado por la consolidación del partido justicialista como hegemónico.
La clase dirigente que detenta el poder en la actualidad, variante del peronismo denominada kirchnerismo, sigue una línea de pensamiento acuñada por el fundador del partido, Juan Domingo Perón, caracterizada por corporativismo; nacionalismo político y económico; promoción de las clases populares (objetivo noble, si los hubiere), en muchos casos con medidas de corte populista; autarquía del país sobre la base de sus ingentes recursos naturales; intervencionismo del estado en la economía; autopercepción de ser un "movimiento" no un partido político; subestimación de las formas y contenidos de la democracia; culto a la personalidad del líder de turno, etc.
Paralelamente, existe en nuestro país una corriente de pensamiento que, con mayor o menor claridad o convicción, propugna el respeto del orden constitucional, de los principios y postulados de la república, es decir, soberanía del pueblo, división de poderes, publicidad de los actos de gobierno, independencia del poder judicial, periodicidad de los cargos públicos, respeto de los derechos políticos y civiles, apertura económica, integración al mundo.
Al margen de la conciencia de los argentinos de pertenecer grosso modo a una u otra forma de interpretar o concebir el mundo, la praxis política y la orientación de los gobiernos responden a estas tendencias.
Las preferencias se imponen claramente al momento de emitir el sufragio. Existe una valoración, una simpatía especial de los ciudadanos por la primera alternativa, al margen del acierto o desacierto que ello implica.
El justicialismo ha gobernado, desde el advenimiento de la democracia post proceso militar, veinticuatro años, contra siete años del radicalismo y cuatro de la alianza Juntos por el Cambio. El romance del pueblo argentino con el partido fundado por Perón está signado por un comportamiento (al margen de la incidencia de la pandemia en estos momentos) más amigable con sus administraciones.
Tal es la aceptación de los valores que el justicialismo encarna que los medios gráficos, televisivos, radiales, tienen una suerte de pacto tácito por el cual se abstienen de condenar con la vehemencia que corresponde las deficientes gestiones de gobierno y las corruptelas a que nos tienen acostumbrados.
El juicio de valor respecto de la performance de los gobiernos es parcial, pues a los peronistas se les exige un estándar africano, mientras a radicales y cambiemos se los pondera con criterio escandinavo.
¿Por qué hago esta afirmación? La gente de a pie, la que comparte un café en un bar, el ciudadano común y corriente, cuando es interrogado respecto de la eficacia de un mandato presidencial, simplificando el análisis, compara las estadísticas económico sociales existentes al inicio y final de la gestión. No se repara en el contexto político, atribuciones que dispuso cada presidente, mayorías parlamentarias, delegación de facultades legislativas, etc.
Que ciudadanos poco informados incurran en la ligereza de soslayar estas circunstancias a la hora de valorar la performance de una gestión es comprensible; no lo es, que el periodismo especializado, del que esperamos un análisis más profundo y razonable, dada su idoneidad, caiga en tan lamentable error rayano en la mala fe.
¿Pueden los gobiernos ser equitativamente evaluados sin ponderar el poder político, las atribuciones o prerrogativas que tuvieron a la hora de ejercer el poder?
¿Si no fuese por evidente temeridad y mala fe, pueden los últimos gobiernos peronistas ser juzgados con el mismo rigor que los demás, cuando han gozado de prerrogativas exorbitantes? Verbigracia:
Mayoría absoluta en ambas cámaras del congreso de la nación, lo que posibilitó la sanción de las leyes que fuesen de su agrado, aún las más arbitrarias y extravagantes;
Ejercicio del poder con facultades legislativas delegadas por el congreso de la nación mediante leyes de emergencia que ameriten los vulgarmente llamados "superpoderes" (de más está puntualizar que son un atentado a la división de poderes y suponen una degradación de la democracia);
Mayoría de gobiernos provinciales peronistas (dieciocho durante el gobierno de Macri);
Apoyo incondicional del sindicalismo argentino, organizaciones sociales e Iglesia Católica, tradicionales aliados de los gobiernos justicialistas;
En una palabra, no hubo gobierno peronista que no hubiese ejercido el poder sino con la suma del poder público; basta recordar que la primera medida adoptada por el presidente Alberto Fernández fue enviar al congreso un proyecto de ley de emergencia, sancionado como Ley 27.541, que le permite ejercer el poder como un monarca absoluto, prescindiendo del poder legislativo.
Esta miopía política, esta reducción del análisis a los resultados o estadísticas, es lo que permitió a la derecha argentina liderada por el candidato presidencial José Luis Espert hacer proselitismo con la consigna "Macri es kirchnerismo de buenos modales".
Sin perjuicio del magro resultado electoral obtenido por esa fuerza política, que no superó el dos por ciento, la prédica sirvió para que muchos indecisos resolvieren no renovar el mandato de Mauricio Macri.
La animosidad hacia Cambiemos radica en que no pudo, en el exiguo período de cuatro años, concretar los objetivos del ideario liberal. Hubieren pretendido que Macri redujera la planta de empleados públicos en dos millones de agentes; la carga impositiva a la mitad; se eliminaran en su totalidad las retenciones a las exportaciones agropecuarias; el comercio exterior liberado, suprimiendo los aranceles de importación; las leyes laborales modificadas sustancialmente haciendo más flexibles las relaciones de trabajo.
Lamentable ponderación efectuada con absoluta abstracción del poder político, de la debilidad inicial con que asumió el poder, ignorando el poder de fuego que tiene la oposición peronista, la necesidad de conciliar posturas dentro de su propia alianza partidaria y el impedimento fundamental: las políticas liberales para ser materializadas necesitan leyes que, cuando pudieron superar la cámara de diputados, fueron modificadas a placer por un senado en que el peronismo tenía y tiene mayoría absoluta.
En las últimas elecciones presidenciales el soberano dio su veredicto: cree la mayoría de los ciudadanos que el peronismo es la fuerza que puede sacar al país de la decadencia en que se encuentra inmersa desde cincuenta años. Nadie por ende puede sorprenderse por las políticas que se llevan a cabo en la actualidad, pues el kirchnerismo gobernó el país durante doce años.
Argumentan algunos, en función de los últimos resultados electorales, más del cincuenta por ciento de los ciudadanos no se siente identificado con las políticas kirchneristas; empero, la victoria de Cambiemos en el turno presidencial 2015/2019 fue pírrica, insuficiente para producir modificaciones importantes en la dinámica política e institucional (en este aspecto, los logros fueron significativos aunque no mueven el amperímetro en una sociedad cuyo objetivo prioritario es padecer menos inflación, inseguridad y presión tributaria).
Así, llegamos a estos días con una economía devastada por la cuarentena; un magro porcentaje de vacunados en comparación con países del primer mundo, incluso de la región, como Chile, a la fecha de publicación de este artículo, número uno en este rubro; obra pública paralizada; medios de transporte con funcionamiento reducido, cuando no inexistentes; cepo cambiario; economía cerrada; presión impositiva asfixiante; trabas al comercio internacional (la prohibición de exportar carne es una evidencia); mercosur al borde de la disolución por negativa argentina a reducir la protección arancelaria; incompetencia para cerrar un acuerdo con el FMI por la deuda externa (sin no fuera por estar el mundo convulsionado por la pandemia, relajación de la exigencia de los organismos financieros internacionales mediante, estaríamos nuevamente en default).
En estos tiempos de zozobra en virtud de la pandemia, de la pésima forma en que fue gestionada, es cuando toma fuerza la temática inicial de este escrito: la grieta difícilmente posibilite consensos entre gobierno y oposición, acuerdos mínimos que propendan a instaurar una economía próspera, tan imprescindibles para la supervivencia de Argentina como país sustentable. La clase dirigente tiene la palabra .
(*) Abogado
Presidencia Roque Sáenz Peña