Para ver esta nota en internet ingrese a: https://www.diariochaco.com/a/580542

El Federalismo y presencial educativa a resolver

El epígrafe del presente pretende abrazar ciertas guías vinculantes para los habitantes argentinos y Su gobierno, teniendo en cuenta las circunstancias singulares que atraviesa el país.

En tal sentido corresponde señalar que el Federalismo argentino como diseño político-institucional de la República Argentina fue configurado y consagrado tanto en la Constitución Nacional de 1.853-como en la última reforma constitucional del año 1.994.

La nueva Constitución señala que La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana y federal". Conforme a ello la tipicidad del gobierno estatal, fue considerada por el más Alto Tribunal de nuestro país como "un sistema cultural de convivencia, cuyas partes integrantes no actúan aisladamente sino que interactúan en orden a una finalidad que explica su existencia y funcionamiento".-Que por lo tanto "el ejercicio de las competencias

constitucionalmente asignadas debe ser ponderado como una interacción articulada" (Fallos:340:1.695)-Se esclareció además que "Ello no implica por cierto, subordinación de los estados particulares al gobierno central, pero si coordinación de esfuerzos y funciones dirigidas al bien común general tarea en la que ambos han de colaborar, para la consecución eficaz de aquel fin; no debe verse aquí enfrentamientos de poderes, sino unión de ellos en vista a metas comunes (Fallos:330:4564 considerando 11 in fine y Fallos 304;1186; 305:1847; 322:2862, 327;5012,entre otros).

Debe evitarse que tanto el gobierno federal como las provincias abusen en el ejercicio de esas competencias, tanto en si son propias como si son compartidas o concurrentes (Bidart Campos, Germán, "Tratado Elemental de derecho constitucional argentino'" Ed EDIAR,2007 Tomo I pag. 695), evitando interferencias o roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en desmedro de las facultades provinciales y viceversa, procurando que actúen para ayudarse y no para destruirse (Fallos:3338:1183).

Como las cuestiones conflictivas se pueden presentar, sobretodo en materias de competencias que concurren y con aristas muy pronunciadas, la perceptiva de las mismas requieren de una visión conjuntiva o cooperativas, pues para superar coyunturas, disyuntivas o separatista, debe rememorarse que nuestro federalismo imaginado por los constituyentes fundacionales, lo es de concertación, Federalismo de Concertación.

Concertación necesita de contenidos propios de colaboración, y a esta finalidad la Ley Suprema otorga asignaciones de competencias, que a su vez disparan diversos modos de colaboración. En las respectivas competencias -nacionales, provinciales y hoy extendidas a las otras dimensiones estatales-Municipales autónomas y Ciudad Autónomas-desde la pretoria - se ha señalado modos de colaboración, en sujeción al principio de Jerarquía normativa.

Así se diferenciaron tres categorías o modos. A) Pluralidad No Jerárquica -sustantiva- Cada uno de los Estados miembros tiene una escala de decisión -competencia- para regular y controlar el tema o actividad asignada en paridad jerárquica. Portan a tal fin técnicas de homogeneización y/o compatibilización para evitar dúplicas o contradicciones. Siendo ejemplo de ello la denominada

Cláusula del Progreso" del art 75 inc. 18 de la Constitución Nacional y también la de reconocer la "preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos"-art 75 inc. 17 CN. B) Pluralidad jerárquica -con complementación sustantiva. El tramo o sector específico del tema o actividad este asignado a cada escalón de decisión, entre los distintos miembros. Aquí hay jerarquía en la intensidad con que se otorga competencia (nivel básico-nivel complementario)--Esto sucede cuando la norma suprema asigna por ejemplo estas facultades complementarias en el art 41 de la Constitución en materia Ambiental. Y finalmente C) Pluralidad jerárquica con complementos sustantivos y adjetivos-. Cada Estado miembro tiene competencia para regular y controlar

integralmente un tema o actividad. Solo que se faculta un complemento de carácter forzoso, entre ellas. Ocurre esto en el tipo de previsión del dietado de normas de fondos y procesales, respectivamente. Este análisis es conformado por el voto singular del ministro de la Corte Suprema Dr. Horacio Rosatti.

Es que los diversos modos de colaboración indicados, constituyen la funcionalidad del sistema constitucional del Federalismo, que a su vez indica un efectivo cumplimiento en términos de lealtad federal o buena fe federal. De ello se sigue en el juego de competencias federales colaboración del art 75 inc. 12 de la Constitución vinculadas a las provinciales y otras debe evitarse que los miembros abusen en el ejercicio de asignaciones propias. Como se advierte en este nivel jerárquico de normas de orden supremo también rige la preterición del abuso de derechos, en el caso de asignaciones competenciales.

Las asignaciones competenciales de los distintos miembros del sistema federal, se construyen en base a facultades reservadas-propias de las provincias -y de facultades delegadas-con las que se formó la Nación-;y también aquellas en que ambas concurren a formularlas y controlarlas, Estas últimas conocidas con la denominación de "facultades concurrentes", previstas en el art 75 inc. 17 de la Constitución Nacional.- En relación a ellas recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha jurisprudenciado interpretando su sentido y alcance, los términos que siguen. "Se trata de las que versan sobre materias que competen tanto al Congreso, en virtud de la delegación conferida por las provincias a la Nación, como a estas últimas, porque las han reservado (Fallos: 239:343, 347).

Es que si los miembros del diseño político federal, portan poderes para legislar sobre la misma materia, cual es el criterio para deslindar ellas, y en su caso que incompatibilidad existiría, si son órganos distintos de legislación.- Sobre ellas se jurisprudenció que aluden a una regla de distribución que otorga al Congreso competencia para tomar decisiones concernientes a los intereses del país como un todo (Fallos:249:343;) Y "manteniéndose en sus propias esferas jurisdiccionales, permite la coexistencia legislativa lo cual está de acuerdo con la doctrina de este Tribunal que ha establecido el siguiente principio: el gobierno de la Nación no puede impedir o estorbar a las provincias en el ejercicio de aquellos poderes de gobierno que no han delegado o reservado, porque por esa vía podría llegarse a anularlos por completo". "Son poderes que pueden ser ejercidos en los dos niveles de gobierno, el local y el nacional, sin que de ello derive violación de principio o precepto jurídico alguno, aunque todo ello con sujección a dos restricciones específicas. Por un lado, el ejercicio que de estas atribuciones haga el Estado Nacional no ha de impedir por completo el campo de acción de los gobiernos locales. Por otra parte, la actividad desplegada por estos últimos en uso de tales facultades concurrentes no debe constituir un obstáculo al imperio u propósito de las leyes nacionales; no han de tener con ellas una "repugnancia efectiva".

También indicó que "la concurrencia de atribuciones no otorga poder al gobierno federal para sustituir al provincial en los actos de legislación de administración relacionados con las personas y las cosas que caen bajo su jurisdicción territorial, siempre que este último se mantenga dentro de su órbita propia y atento a las prioridades establecidas en el art 31 de la Constitución"

En relación al posible choque al ejercitarse facultades concurrentes entre miembros del diseño político federal, y habiéndose señalado en el caso el deber de coordinación, bajo las señaladas formas o modos de cumplimiento de las asignaciones competenciales, -sus consecuencias jurídicas respecto a la falta de respeto al deber sostuvo, que si se "ha actuado sin el debido respeto a los poderes concurrentes de la provincia en la materia, por lo que corresponde declarar su nulidad".

Que esta consecuencia sancionatoria a los actos dictados en violación del deber de coordinación, fue establecida en una típica acción de ilegitimidad de actos administrativos, donde la sentencia anulo los actos administrativos que portaban dicha "ilegitimidad y lesión al régimen constitucional federal" Ver: CSJ 229/2006 (42-N) / CSI Neuquén. Provincia del c/ Estado Nacional Ministerio de Desarrollo Social INADI s/Impugnación de actos administrativos y acción declarativa de certeza-Sentencia de fecha 11 de Septiembre de 2018.-

Por último debemos reseñar que el gobierno provincial, en relación a sus facultades legisferantes únicamente puede ser desplazado por la Nación e invalidados sus actos, solo en los casos en que la Constitución concede al Congreso Nacional, en términos expresos, un poder exclusivo, o en el ejercicio de idénticos poderes ha sido expresamente prohibidos a las provincias, o cuando hay una absoluta y directa incompatibilidad en el ejercicio de ellos por estas últimas. Exclusividad expresa, Prohibición expresa e Incompatibilidad Directa y Absoluta, son las fronteras a las legislaturas provinciales. -

En consecuencia, el diseño político institucional federal del país tiene como parámetros a pautas a cumplir los principios de Concertación, Colaboración y Ayuda, como permisos constitucionales y de No Destrucción como prohibición.

*Juez CCA.