¿Cómo comenzó la investigación a Rey y otros ex funcionarios?

El día D fue el viernes 9 de marzo del 2018 , hace poco más de tres años. Aquel día los operativos de la justicia federal en diferentes dependencias públicas fueron replicados por todos los medios, mientras el exgobernador Peppo viajaba a Estados Unidos. El motivo: supuesta evasión y lavado de activos.

La jueza federal Zunilda Niremperger dio la orden, y el fiscal Patricio Sabadini tuvo a su cargo coordinar a las fuerzas federales que concretaron al menos siete allanamientos, en distintas oficinas del gobierno, Fiduciaria del Norte, y una empresa de publicidad.

Ese mismo día, desafectaron a Horacio Rey del gabinete que él coordinaba.

Pero como el delito de lavado de activos corresponde al fuero federal, el posterior martes 13 de marzo el propio fiscal Sabadini envió antecedentes de la investigación que encabezaba al procurador General de Chaco, Jorge Canteros, jefe de los fiscales provinciales.

El objetivo de eso fue que en el fuero provincial se comience con la investigación de los delitos precedentes a lavado, que fueron malversación de fondos, fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita, entre otros. Todos de competencia provincial.

Con el expediente iniciado, el equipo fiscal provincial compuesto por Graciela Griffith Barreto, Lucio Otero y Nélida Villalba, apretaron el acelerador y dispusieron la detención de varios ex funcionarios, entre ellos Horacio Rey y su esposa Susana Fernández, que era la secretaria de Domingo Peppo. El viernes 16 se entregaron ambos, mientras que Roberto Lugo –ex subsecretario de Comercio- e Ismael Fernández -ex coordinador de la Unidad Ejecutora "Chaco Construye" y hermano de Susana, también estaban detenidos.

Eso generó un enojo en Sabadini, que acusó a la justicia provincial de "obstaculizar" la investigación federal.

De igual manera, el expediente continuó su curso en ambas jurisdicciones, a tal punto que a fines del 2020 comenzó el juicio en el fuero provincial contra Horacio Rey, sobre quien el equipo fiscal pidió 10 años de prisión acusándolo de asociación ilícita en calidad de jefe de la organización, fraude en perjuicio de la Administración Pública, malversación de caudales públicos (177 hechos en concurso real) cohecho (32 hechos), fraude, fraude agravado por haber sido cometido contra un incapaz, negociaciones incompatibles con la función pública (140 hechos en concurso real) peculado de servicios, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, todo en concurso real.

Por su parte, en esta misma causa también están involucrados Ismael Fernández, sobre quien pidieron 4 años de prisión; Paulo Buttice, ex subsecretario de Medios, piden 5 años de prisión; Gustavo Katavich, sobre quien piden 8 años de prisión.

Finalmente, la Cámara del Crimen N° 3 resolvió condenar a siete años de prisión a Rey, a cinco a Katavich y absolver a Buttice y Fernández.

En lo que referiere a la causa federal, conocida como Lavado I, en septiembre del año pasado el fiscal Sabadini pidió la elevación a juicio.

"Rey y Lugo utilizando su jerarquía e influencia como "funcionarios públicos" de alto rango del Gobierno de la Provincia del Chaco, han desempeñado un rol determinante en la materialización de los "delitos precedentes" al lavado de activo -cuya investigación cursa en el fuero ordinario conforme se expondrá con mayor detalle-, como así pergeñando la estructura funcional y mecánica utilizada para volcar posteriormente el producido de la actividad ilícita, logrando el reciclaje del dinero, con la finalidad de otorgarle una apariencia lícita", afirmó Sabadini en la presentación que hizo ante el Juzgado Federal Nº 1 a cargo de Zunilda Niremperger.