Dime qué acusas y te diré quien eres
Los medios periodísticos, prensa y audiovisuales, ponen en evidencia el exasperante retroceso de la economía y sus consecuencias sociales: desocupación en aumento, elevada inflación, incremento de la delincuencia, fraccionamiento del territorio nacional (los controles en los límites provinciales y municipales funcionan como aduanas interiores), cierre de Pymes, abandono del país por parte de empresas extranjeras, éxodo de compatriotas en busca de oportunidades en el exterior, retiros de depósitos de los bancos, particulares que compran divisas por la depreciación vertiginosa de la moneda de curso legal, etc.
Como no es factible tapar el cielo con las manos, negar una hecatombe que por su contundencia agobia a todos los estratos sociales, la prensa adicta al oficialismo, dispuesta a convalidar las más estrafalarias torpezas de la gestión, agita el fantasma de la desestabilización.
Existe una "violencia antidemocrática, anti republicana, clasista y racista, agitada por la derecha dura y violenta que no reconoce el veredicto de las urnas", alegan.
No es acaso una ironía que estas frases sean pronunciadas por fanáticos defensores de un régimen cuyo primer acto de gobierno fue sancionar una ley de delegación de facultades del congreso en favor del poder ejecutivo que significó, en la práctica, una suerte de disolución del parlamento por el término de vigencia de la ley (su caducidad operaría el último día de 2020). VERDADERO FUJIMORAZO.
La división de poderes, por si alguno olvidó lo aprendido en Instrucción Cívica en la secundaria, es uno de los postulados del régimen republicano de gobierno y, vaya paradoja, los artífices de su destrucción están conmovidos por los ataques a la democracia.
Fue precisamente Mauricio Macri quien restableció la normalidad institucional al no solicitar al congreso la prórroga de la ley de emergencia que confería facultades extraordinarias (superpoderes) al presidente, instrumento legal que usufructuaron Eduardo Duhalde (dos años), Néstor Kirchner (cuatro años), Cristina Fernández (ocho años) y, en estos días, Alberto Fernández.
Ahora, cabe plantearse el siguiente interrogante: ¿quién es anti republicano, el peronismo en su versión más retrógrada (kirchnerismo), o la derecha que tanto gustan demonizar? El lector sacará sus conclusiones.
No se limita el golpe institucional, materializado a expensas de la ley de emergencia N°27.54, a la mordaza impuesta al legislativo, también esta administración ha aniquilado el estado de derecho.
Desde que la pandemia motivó el confinamiento coactivo de los ciudadanos en sus hogares, el presidente Alberto Fernández dictó infinidad de decretos de necesidad y urgencia (DNU) que violentan la mayoría de los derechos y garantías constitucionales.
¿Eran necesarias las medidas drásticas adoptadas para prevenir la epidemia? Probablemente lo fueron, pero, ¿han sido respetuosas del orden jurídico?
En absoluto, como expresé en una nota publicada en este diario digital de fecha 17 de abril de 2020, "Derecho y pandemia", la única institución que posibilita la restricción de los derechos y garantías constitucionales, de modo parcial, limitado, es el estado de sitio contemplado en el art. 22 CN.
No se entiende qué impedimento tuvo el oficialismo para implantarlo, porque solamente requiere el pertinente decreto del presidente y acuerdo del senado (art. 99 CN), donde tiene mayoría absoluta.
Tampoco se privó el actual gobierno de meter mano en negocios jurídicos privados, como los contratos de locación, estableciendo diferimientos de pago, alterando de esa manera las normas supletorias transgrediendo la prohibición del art. 7 del Código Civil y Comercial.
El estado de anarquía jurídica se complementa con fenómenos como el montaje de barreras en los límites provinciales y municipales.
En el país existe un caos normativo producto de políticas públicas que no fueron vertebradas (en los tres niveles de poder) para evitar que las provincias y municipios se transformasen en territorios infranqueables por imperativo de normas locales.
Este estado de cosas está en pugna con los artículos 9, 10 y 11 de la constitución nacional, que prohíben aduanas interiores y garantizan la libre circulación de personas, mercaderías, medios de locomoción, entre las diversas jurisdicciones provinciales, prerrogativa que no puede estar sujeta a tributación (art. 11 CN).
Este precepto constitucional transforma en ilegales los hisopados que algunas provincias exigen para autorizar el ingreso a sus territorios, pues, en la práctica, operan como un gravamen al tránsito de personas.
Quienes se dedicaron con empeño a entorpecer la administración del país durante la presidencia Macri, ahora están sorprendidos e indignados por la "violencia de la oposición anti republicana", que no reconoce el veredicto de las urnas.
Desvergüenza supina que esta perorata fuere proferida por personajes que se dedican exclusivamente a proponer soluciones de todos los problemas nacionales sobre la base de decisiones divorciadas del sistema republicano de gobierno, verbigracia, mayor control social, amenazas a la libertad de prensa, presiones sobre la justicia, expropiaciones, fomento de lucha de clases, atribución a sus adversarios de un romance con la violencia cuya paternidad les pertenece en exclusividad.
¿Qué acto de violencia se ha registrado en las marchas en que particulares (derecha violenta, blanca, racista, en la jerga pseudo izquierdista), de manera espontánea, sin unificación partidaria, reclaman contra los atropellos de los derechos individuales? Ninguna.
Por contrapartida, durante el mandato de Cambiemos, los colectivos sociales aliados al peronismo y grupos antisistema (capitalista, obviamente), ganaban la calle acosando el poder legítimo, destruyendo vidrieras, lanzando piedras y demás objetos contundentes.
Los comerciantes cerraban sus negocios anticipándose a los desmanes de estos revoltosos, tolerados pasivamente por la policía.
Para aquellos que acusan de "odiadores" a sus adversarios políticos, les traigo a colación que no existen antecedentes en la historia argentina de un incidente en que el vehículo que transportaba al presidente de la nación haya sido apedreado, su paso obstaculizado, la seguridad de su persona puesta en peligro, por fanáticos de un partido opositor.
El peronismo lo hizo con Macri, de modo que las acusaciones de violencia hacia la derecha gorila no tienen el mínimo sustento.
Remontándonos varias décadas en nuestra tumultuosa historia, vale traer a colación lo ocurrido cuando Juan Domingo Perón regresó al país en 1973 y fue recibido por una multitud en Ezeiza.
Dos facciones de quienes acusan violencia y desestabilización en estos tiempos, se enfrentaron con armas de fuego en las inmediaciones del aeropuerto, dejando como saldo trece muertos y al menos trescientos sesenta y cinco heridos.
Hermosas imágenes de salvajismo, degradación humana, nos obsequió el justicialismo con motivo del traslado de los restos de Perón desde el cementerio de La Chacarita a San Vicente (17 de octubre de 2006), oportunidad en que facciones sindicales protagonizaron enfrentamientos con palos y disparos de armas de fuego.
Para una descripción exhaustiva de los hechos, puede consultarse el artículo "El homenaje que derivó en desastre", publicado en la edición del 18 de octubre de 2006 del diario Página 12.
Como expresa el título de esta nota, el ardid de atribuir al adversario las miserias propias y reiterar hasta el cansancio falacias que sólo existen en su relato o imaginación, es una estrategia definida del marxismo argento.
No por grotescas o evidentes deben dejar de ser señaladas. Me he referido preferentemente a la acusación de derecha "anti republicana y violenta", lo de "blanca y racista" merece la redacción de un nuevo artículo.
(*) Por Luis Rodríguez Martínez - Abogado