Coronavirus y grieta

En una coyuntura excepcional, que la humanidad hace considerable tiempo no transitaba, caracterizada por una suerte de parálisis económica a escala planetaria, si se quiere, han aflorado concepciones antagónicas respecto de la manera de combatir la pandemia.

En una palabra, la tan mentada, polémica y maldita grieta, irrumpe condicionando la opinión de los ciudadanos respecto de las acciones apropiadas para combatir la epidemia y los límites de la autoridad presidencial.

Producto del provincianismo, el argentino estima que el fenómeno es exclusivamente doméstico, a punto tal de haber acuñado un término especial para nominarla (grieta).

En realidad, el caso argentino carece de singularidad, simplemente refleja cosmovisiones políticas contradictorias que coexisten desde tiempos inmemoriales, desde los albores de nuestra civilización, que están presentes en todos los países de la comunidad internacional.

La izquierda vernácula aplaude las medidas de confinamiento estricto impuestas por el ejecutivo; a esta altura de los acontecimientos, pareciera propugnar una cuarentena perpetua.

Justifica y alienta medidas restrictivas de las libertades públicas, magnificando el terror generado por la pandemia; reclama asistencia urgente para los sectores sociales vulnerables nucleados en organizaciones que, vaya paradoja, han manifestado preocupación porque los recursos no llegan a los destinatarios en cantidad ni calidad suficiente.

A pesar que la distribución de alimentos en el conurbano bonaerense ha sido asumida y ejecutada por fuerzas militares, no se ha privado de denunciar "violencia institucional" contra los beneficiarios (edición digital de Página 12 del 14/04/20). Si el maltrato es real, bienvenido que salga a la luz, pero parece haber sido oportunidad para denostar instituciones que odian de modo visceral. Todo lo que tenga uniforme es detestado por esta corriente, aun cuando quien los viste lleva a cabo una labor encomiable que no es de su competencia.

No les preocupa la debacle económica del país, pues según su núcleo de pensamiento todo debe ser realizado, asumido y suministrado por el estado; el sector privado, integrado por profesionales, comerciantes, industriales, cuentapropistas, en resumen, todos aquéllos cuyo sustento no depende de subsidios estatales, no merece auxilio porque se trata de un colectivo de oligarcas, oportunistas y explotadores. 

Como la izquierda abreva en la doctrina marxista, su criterio respecto de las medidas restrictivas de garantías constitucionales es complaciente. Si se mantiene la cuarentena sine die parecieran contentarse, siempre que la ayuda estatal se mantenga en forma fluida y el estado planifique de modo centralizado el curso de acción.

Otra característica de esta vertiente es la exaltación del líder en circunstancias delicadas como las actuales, sin reparar en la limitación de los derechos constitucionales. Dentro de este combo, los políticos, particularmente el presidente, fueron bendecidos por la pandemia de coronavirus; han ganado un protagonismo que jamás tuvieron, una autoridad que ni en sus sueños más extravagantes imaginaron adquirir, con el beneplácito de una sociedad presa del pánico, paralizada y sin capacidad de reacción.

Es tal el terror que infunden los medios audiovisuales, que no existe tema diverso de la pandemia para ser abordado en las horas interminables de confinamiento; la consecuencia natural es la hipertrofia del poder del presidente, líder de un gobierno que ha destruido la república desde el minuto uno de su mandato, pues prescinde del Congreso (a expensas de la ley de emergencia) y del poder judicial (paralizado por las medidas preventivas).

Para este lado de la grieta los límites al poder estatal no existen, tampoco la necesidad de respetar el orden jurídico; el miedo ha posibilitado que argentina se transforme en una cárcel de cuarenta y cuatro millones de personas bajo prisión domiciliaria esperando que las autoridades les permitan salir de sus domicilios, un rigor inconcebible, incluso para tiempos de guerra.

El desborde de la autoridad presidencial es manifiesto; existe un solo poder, bajo cuyos dictados se han encolumnado gobernadores e intendentes; los ciudadanos están pendientes que el ejecutivo, sin más fundamento que su discrecionalidad, los autorice a realizar actividades laborales habituales, o lo que es peor, que regresen a sus domicilios porque el aislamiento obligatorio los sorprendió en otra provincia o localidad.

Se alzaron voces que señalaron el desmedido poder de la presidencia en estos momentos, pero la respuesta fue la decisión de priorizar la salud del pueblo sobre el normal funcionamiento de la economía. El espanto hizo su labor, se acepta cualquier mandato ejecutado manu militari por el ejecutivo en coordinación con los gobernadores. Puestos frente a la disyuntiva entre salud y flexibilidad para la economía, obviamente, se optó por la primera, lo que se tradujo en un incremento de la popularidad del presidente.

En el sector opuesto de la grieta se sostiene que, sin perjuicio de la adopción de medidas razonables para evitar el contagio, el gobierno debe evitar que la caída de la actividad, concretamente del PBI, se profundice. QUE NO SE TRATA DE CUESTIONES EXCLUYENTES porque si la parálisis del país es prolongada, las víctimas del empobrecimiento superarán a las de la pandemia. Que la afectación de las garantías constitucionales debe evitarse en la medida que sea posible y la evolución de los acontecimientos lo permita.

Que, con la excusa del coronavirus, los gobiernos dictatoriales vieron la oportunidad de afianzar su poder y concretar sus planes políticos sin controles institucionales.

Quienes así razonan han sido acusados de irresponsables, inhumanos, materialistas. Estas diversas maneras de afrontar el infortunio pueden comprobarse a nivel internacional; los países de tradición democrática son aquéllos en que las libertades han sido conculcadas en menor intensidad, no implantando un bloqueo obligatorio, aunque induciendo a la población a respetar voluntariamente elementales medidas de prevención, como distanciamiento social y uso obligatorio de barbijos; revistan en esta categoría los países escandinavos, Alemania, Japón, EEUU (en la mayoría de los estados de la Unión), etc.

Curioso fenómeno, los países proclives a respetar las libertades ciudadanas son los que menos las restringieron en lo que va de evolución de la pandemia. Aquéllos que no lo son, han consentido bloqueos totales que han destruido hasta el sagrado derecho de la libertad ambulatoria, en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional, derecho "de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino". También se ha violentado la prohibición constitucional de establecer aduanas interiores, porque las barreras al tránsito de vehículos, mercaderías y personas funcionan como tales (arts. 9 y 10 CN).

Para dilucidar si el bloqueo rígido impuesto por el gobierno encabezado por AF fue acertado, habrá en el futuro que hacer un balance entre el número de víctimas, la eficiencia del sistema sanitario argentino y el grado de destrucción de la economía reflejado en la caída del Producto Bruto Interno (PBI). Es prematuro emitir juicios, pero es evidente que la sociedad, hasta el momento en que estas líneas son escritas, apoya la decisión presidencial y acepta estoicamente el más rígido y estricto confinamiento forzoso adoptado por país alguno.

(*) Abogado. Presidencia Roque Sáenz Peña.