El Consejo de Abogados celebra "la exigencia de previos concursos para designar a funcionarios"
El Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial del Chaco expresó su apoyo y congratulación por la directiva emitida por el gobernador, Jorge Capitanich, en cuanto a "la exigencia de que los cargos de Fiscal de Estado y Defensor del Pueblo, sean designados previo concurso público de antecedentes y oposición".
En ese sentido desde el Consejo manifestaron: "Celebramos y adherimos a esta decisión de elevado contenido republicano, en tanto importa un saludable ejercicio de autorestricción de propias facultades del gobernador".
Consideraron, además, que la medida "impactará de modo directo en la calidad institucional de los órganos de control y promoción de la legalidad y la defensa de los derechos fundamentales y humanos alcanzados".
En ambos casos se tratan de importantes órganos de actuación de la legalidad y la defensa técnica del patrimonio público provincial, en el caso de la Fiscalía de Estado, y de los derechos fundamentales y humanos de las personas, en el caso de la Defensoría del Pueblo, explicaron. A la vez que aseveraron la "relevancia trascendental que tiene priorizar en la designación la idoneidad antes que la simple simpatía política".
En ese sentido, manifestaron que "la exigencia de previos concursos para designar a estos funcionarios, encuentra asidero en la propia constitución provincial, que así lo exige para todas las designaciones de agentes públicos y además ha sido una reiterada prédica de nuestra institución profesional, convencidos como estamos de que constituye una instancia que dota de transparencia a la selección, permitiendo la libre postulación de los interesados y las interesadas, asegurando criterios objetivos de valoración de los candidatos y legitimando racionalmente la final designación".
"Por ello reivindicamos y defendemos todas las instancias institucionales donde se aplican los concursos públicos de antecedentes y oposición como mecanismos para asegurar selecciones objetivas basadas en la mayor idoneidad del funcionario electo, siendo que ello repercutirá de manera ineludible en su ulterior desempeño en el cargo. En este sentido, hacemos propicia la oportunidad para rescatar dos posiciones institucionales que hemos asumido anteriormente y se relaciona con esta decisión del Gobernador", reiteraron.
Agregaron asimismo: "La primera vinculada con la necesidad de reformar la Ley N° 2082.B, reglamentaria del procedimiento para la selección de los jueces del Superior Tribunal de Justicia, principalmente en el punto relativo a la constitución de un tribunal examinador formado por expertos reconocidos e independientes, que ineludiblemente debe conformar un órgano especial distinto al Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento, dotado de las competencias para determinar la modalidad de la oposición y su evaluación. No puede el órgano que retiene para sí la competencia política de la selección, actuar al mismo tiempo como órgano evaluador de la oposición, existiendo en esta simultaneidad de funciones incompatibles una clara pérdida de imparcialidad y rigor técnico".
En segundo lugar y directamente vinculado con los puntos anteriores, "nuestro Consejo reitera la necesidad de que las próximas designaciones de los magistrados federales con asiento en la Provincia del Chaco, vacantes y con concursos concluidos, respeten razonablemente el orden de mérito que ha surgido de las instancias objetivas de la oposición y la valoración de antecedentes, evitando recaer en la desnaturalización fatal de todas esas instancias, lo que sucede cada vez que los resultados objetivos del concurso se ven luego alterados por las impresiones subjetivas que surgen en instancias no imparciales y de dudosa transparencia, como es por ejemplo en el caso del Consejo de la Magistratura de la Nación, el momento de la entrevista personal y su incidencia en el puntaje final y la derivada conformación de ‘listas complementarias’", sostuvieron.
Finalmente, manifestaron, "Todo ello habrá de servir para el mejoramiento de la calidad institucional, lo que significa sin más mejor funcionamiento del Estado, mayor eficiencia en el cumplimiento de sus funciones y, por ende, bienestar efectivo de la población que es la destinataria final de esas funciones públicas".