La Justicia ordena garantizar el servicio de la Dirección Provincial de Empleo
Luego de una presentación judicial realizada por el Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción, el juez Julián Benito Flores tomó la determinación.
El organismo que nuclea a los letrados acudió a la Justicia ante reclamos salariales llevados adelante por trabajadores de la dirección del Estado. Para el Consejo de Abogados la situación "provoca su virtual paralización".
"Este organismo administrativo cumple el rol fundamental de servir como una primera instancia de reclamo y conciliación para todos los conflictos individuales y colectivos de los trabajadores, siendo muy utilizada por los abogados y abogadas para intentar obtener acuerdos entre los trabajadores y la patronal, evitando así un largo litigio que siempre se dilata en perjuicio de la parte más débil que son los trabajadores", expresaron desde el Consejo.
Fue por eso que decidieron acudir a la Justicia donde pidieron una medida cautelar en el marco de una acción de amparo.
El juez Civil y Comercial N° 21, Julián Benito Flores, hizo lugar a la medida cautelar innovativa contra la Dirección Provincial del Trabajo e intima a que "de manera inmediata y urgente arbitren los medios y mecanismos necesarios y conducentes para garantizar mínimamente el servicio de policía del trabajo".
"A tal fin deberán hacer cesar las molestias (ruidos, disturbios, obstrucción de circulación, etc.) que impiden a los a los trabajadores que se pliegan a las medidas de fuerza cumplir con sus funciones y labores", agrega la sentencia judicial.
Esta medida se da mientras se resuelve la cuestión de fondo mediante el amparo.
Según informaron desde el Consejo Profesional de Abogados, "la medida ya fue notificada a la Dirección Provincial del Trabajo, por lo que ahora se esperará el cumplimiento y la consecuente normalización de los servicios esenciales afectados".
El personal del organismo estatal lleva adelante una medida de fuerza pidiendo el pago de bonificación y regularización de situación de trabajadores de la jurisdicción, entre otras cuestiones.