Juicio por jurados ¿en serio?
En nuestra provincia, el 2 de septiembre del año 2015, se sanciona por nuestra Cámara de Diputados, la Ley 2364-B que implementa como Nuevo Sistema de enjuiciamiento el JUICIO POR JURADOS, solo para algunos delitos en particular, donde incluyen Homicidios simples, agravados y atenuados, también incluye abusos sexuales solo los agravados, dejando afuera a los abusos sexuales simples aunque se cometan contra menores, los robos con arma de fuego, y los delitos de corrupción de menores, solo para el juzgamiento de esos delitos, se les da la corresponsabilidad a los ciudadanos de determinar la culpabilidad o no de una persona sometida al proceso.
Sin embargo, lo llamativo de esta nueva implementación, es el fundamento que brinda el mismo Superior Tribunal de Justicia, mediante la Resolución Nº 1154 del 13 de agosto de 2019, donde concretamente refiere: "…Que el sistema de Juicio por Jurados integra la ciudadanía a la administración de Justicia, haciéndola corresponsable de los resultados, convirtiéndose en una respuesta efectiva ante el reclamo social de transparencia…".
Es decir, si esta nueva implementación viene a brindar mayor transparencia en el sistema judicial actual, ¿es porque este NO es transparente?, ¿genera dudas en la sociedad nuestro actual sistema de juzgamiento?
Cabe recordar, que esta ley 2364-B, ha sido sancionada por los diputados provinciales, el mismo poder político, que, a su vez, designan a los funcionarios judiciales mediante el ropaje del Consejo de la Magistratura, donde intervienen cuatro votos del poder político, siendo estos suficientes para que, por esa mayoría, se designen jueces o fiscales u otros miembros del poder judicial. Esa misma mayoría también permite que ante denuncias contra esos mismos funcionarios judiciales, se archiven o sean desestimadas, cubriendo actos de inidoneidad o corrupción denunciados.
Entonces, cabe preguntarse ¿si a los fines de brindar mayor transparencia al sistema judicial, no era más fácil que ese mismo poder político sancione a aquellos funcionarios judiciales denunciados, en vez de cubrirlos y permitir su continuidad generando esta NO transparencia en el sistema judicial?
Cabe referir que desde el año 2015 cuando se dictó esta ley, a la fecha, no hubo renuncias ni bajas de funcionarios judiciales, por lo que aquellos mismos que generaban la NO transparencia en aquel entonces, aún continúan en sus funciones, manteniéndola. ¿Será suficiente este sistema de juicios por jurados para desterrar la NO transparencia del sistema judicial?
Veamos lo siguiente, volviendo al análisis de esta ley, reitero, dictada por el poder político, se ha dejado afuera a todos los delitos cometidos contra La Administración Publica, es decir, no se juzgará por juicio por jurados aquellos delitos cometidos por Funcionarios Públicos en el ejercicio de sus funciones, lo que implica que esos delitos, esas causas, seguirán siendo investigados y juzgados por el sistema judicial NO transparente vigente hasta la fecha. Todas las causas, por ejemplo, donde desaparecen mágicamente toneladas de productos de Salud Pública, o donde se secuestran cantidades de lanchas de funcionarios públicos, o donde altos funcionarios judiciales avisan telefónicamente a sus amigos políticos que vayan tranquilos a declarar porque ya este todo arreglado, (datos de público conocimiento provincial y nacional), esas causas seguirán siendo investigadas y juzgadas por el sistema judicial que ellos mismos reconocen como NO transparente.
Surge el siguiente interrogante ¿Por qué quedaron afuera de la ley de juicio por jurados los delitos que cometan los Funcionarios Públicos? Esto implica, que el pueblo elija a estos funcionarios en los sufragios, pero cuando estos cometan delitos o sean investigados, NO pueden juzgarlos, quedan al arbitrio del sistema judicial que el mismo pueblo considera NO transparente. Tal vez prefieran jueces tibios que solo confirmen resoluciones arbitrarias violando el estado de inocencia o las normas constitucionales, encarcelando solo a "chivos expiatorios", y permitiendo la libertad a otros avisados previamente, o fiscales que prefieran la libertad de acusados por abuso sexual agravado a pesar de que sus pares superiores salieran por los medios con la bandera de la no impunidad a estos autores de delito aun mediante la prisión preventiva, o asesores de menores que no ejerzan sus obligaciones legales defendiendo a los niños que se les confía, dando cuenta que no siempre el apego al Derecho es preferible, un juez o funcionario honesto y objetivo, no es corruptible, y eso a veces, complica.
Claro, que, como toda generalidad, tiene sus excepciones, ese mismo sistema judicial actual tiene jueces de cámara idóneos y honestos, un fiscal de cámara que brinda la transparencia necesaria, y un par de juezas garantistas que dan prevalencia a la Constitución Nacional y Convenciones de derechos Humanos, a pesar de que estos mismos funcionarios judiciales honestos, son perseguidos o no apoyados por aquellos NO transparentes, sin embargo, permiten seguir creyendo, generando aun la confianza necesaria para seguir ejerciendo el derecho y velando por la correcta aplicación de las normas en juego.
(*) Abogado