Desarrollo Urbano intervendrá en el barrio Ladrilleras de San Bernardo
En el acto oficial para celebrar los 86 años de San Bernardo, el Ministro de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Guillermo Monzón, firmó un convenio con el gobernador Domingo Peppo, el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Hugo Acevedo, y el intendente Silvio Miguel Sotelo, para llevar adelante el Programa Integral de Hábitat y Vivienda, que tiene por objetivo el mejoramiento del barrio de Ladrilleras, en donde residen 180 familias.
Estos trabajos se ejecutarán dentro del Programa "Proyecto Integral de Hábitat y Vivienda" y la implementación de programas de financiamiento internacional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y la Comisión Andina de Fomento (CAF), firmado por el gobernador en mayo pasado.
En el barrio Ladrilleras habitan unas 800 personas que se verán beneficiadas con este Programa. El aporte brindado por el Ministerio tiene que ver con los recursos humanos profesionales y técnicos para desarrollar proyectos urbanísticos, teniendo en cuenta aspectos ambientales, sociales, legales y de obras, llevando a cabo un abordaje territorial que incluye relevamientos, diagnóstico, y elaboración de proyectos.
Estos programas se implementan en localidades vulnerables, con alto índice de necesidades básicas insatisfechas, una de ellas es la regularización de la tierra, que es en dónde tendrá un rol fundamental el Ministerio de Desarrollo Urbano.
Monzón indicó que el trabajo que lleva a cabo su cartera en toda la Provincia para el ordenamiento territorial y regularización dominial trae beneficios directos para las familias que habitan en barrios con muchas carencias, que se formaron y crecieron de manera informal. "El Ministerio realiza un trabajo de inclusión de las familias, relevando sus necesidades y el desarrollo de infraestructura necesario en el barrio, lo cual permite gestionar soluciones que le traen una mejora en su calidad de vida", sostuvo.
Destacó además el trabajo articulado entre el Estado provincial, el Municipio y los organismos, en donde cada uno brinda su aporte para atender las demandas de las comunidades, en este caso en situación de vulnerabilidad.