El sector obrero, uno de los más afectados por el terrorismo de estado
No es ocioso recordarlo ni supone despreciar a determinados grupos de víctimas en favor de otros. La dictadura del 24 de marzo de 1976, que se extendió al 10 de diciembre de 1983, dejó miles de víctimas y un país devastado.
El hecho de que más de la mitad de los detenidos, torturados y desaparecidos durante esa época monstruosa fueran trabajadores y estudiantes, permite hacerse una idea, grosso modo y casi como si se tratase de una "estadística intuitiva", de quiénes amenazaban los intereses que defendían las Fuerzas Armadas.
A continuación, el ya famoso listado de víctimas, en porcentajes:
30,2% Obreros
21% Estudiantes
17,9% Empleados
10,7% Profesionales
5,7% Docentes
5,0% Autónomos y Varios
3,8% Amas de Casa
2,5% Conscriptos y personal subalterno de fuerzas de seguridad
1,6% Periodistas
1,3% Actores, Artistas, etc.
0,3% Religiosos
El 24 de marzo de 1976 ocurrió lo que muchos esperaban: Isabel Perón fue detenida y trasladada a Neuquén. La Junta de Comandantes asumió el poder, integrada por el Teniente Gral. Jorge Rafael Videla, el Almirante Eduardo Emilio Massera y el Brigadier Gral. Orlando R. Agosti. Designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla. Dispuso que la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea compondrían el futuro gobierno con igual participación. Comenzó el audodenominado "Proceso de Reorganización Nacional".
José Martínez de Hoz fue designado ministro de Economía y, el 2 de abril, anunció su plan para contener la inflación, detener la especulación y estimular las inversiones extranjeras.
La gestión de Martínez de Hoz, en el contexto de la dictadura en que se desenvolvió, fue totalmente coherente con los objetivos que los militares se propusieron.
Durante este período, la deuda empresaria y las deudas externas pública y privada se duplicaron. La deuda privada pronto se estatizó, cercenando aún más la capacidad de regulación estatal.
Con ese clima económico, la Junta Militar impuso el terrorismo de Estado que, fuera de enfrentar las acciones guerrilleras, desarrolló un proyecto planificado, dirigido a destruir toda forma de participación popular. El régimen militar puso en marcha una represión implacable sobre todas las fuerzas democráticas: políticas, sociales y sindicales, con el objetivo de someter a la población mediante el terror de Estado para instaurar terror en la población y así imponer el "orden", sin ninguna voz disidente. Se inauguró el proceso autoritario más sangriento que registra la historia de nuestro país. Estudiantes, sindicalistas, intelectuales, profesionales y otros fueron secuestrados, asesinados y "desaparecieron". Mientras tanto, mucha gente se exilió.