Pueblos Originarios, identidad y derecho: una lucha que continúa
Una cultura que fue sistemáticamente negada y excluida a lo largo de la historia del país, con exterminios y masacres por la usurpación de sus territorios, el despojo de sus tierras y recursos naturales, a fuerza de lucha y de resistencia los pueblos originarios en Argentina lograron imponer al Estado sus demandas democráticas, logrando amplios reconocimientos jurídicos: la constitución reconoce la preexistencia étnica y cultural, garantiza el respeto a su identidad, educación bilingüe e intercultural, personería jurídica de sus comunidades y posesión y propiedades de las tierras que ocuparon tradicionalmente.
Se produjo un proceso de reemergencia de las identidades, de las organizaciones y de la voz indígena.
En la Provincia del Chaco se puede hablar de logros históricos en el desarrollo de los pueblos originarios, actos de justicia ligados a la pertenencia y la identidad como la obtención de los títulos de propiedad de las tierras a los pobladores de la llamada Reserva Grande. Una educación que respeta la identidad y cultura propias de los pueblos originarios en la sanción de la ley Nº 7446 de Educación Pública de gestión comunitaria bilingüe intercultural indígena que contribuye a la transmisión y recreación de las culturas en un marco de respeto por la diversidad, por la lengua, la cosmovisión y la identidad.
Se hizo efectivo el derecho a la formación de auxiliares docentes aborígenes, maestros y profesores bilingües interculturales propiciando de una formación profesional que facilita la inserción laboral. Se reconoció en esta Provincia los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos preexistentes Qom, Moqoit, Wichí sanción de la ley 6604/10 que las declara lenguas oficiales de la Provincia del Chaco.
La ley Nº 6691 de Educación instituye a la EBI como una modalidad del sistema educativo "destinada a asegurar el derecho a la educación de los pueblos indígenas". Compromete al Estado como garante de la participación de representantes en las definiciones, planificaciones, evaluaciones y diseños curriculares. Define a estos pueblos como sujetos políticos "responsables de las acciones educativas" en igualdad con los Estados, las organizaciones religiosas y sociales y la familia. Reconoce su "libertad" de promover la creación de escuelas, equiparándolos con confesiones religiosas y municipios. Identifica escuelas de "Gestión Social Indígena" como parte de los tipos de establecimientos que componen el sistema y asegura su financiamiento estatal.
Sin dejar de mencionar la ley 3258 de las comunidades indígenas del Chaco sancionada el 14 de Mayo de 1986 que crea el Instituto del Aborigen Chaqueño y que en su artículo 40 instituye como día del indio americano el 19 de abril de cada año.
No obstante los avances en el reconocimiento jurídico de los pueblos originarios, todavía hay que desterrar prácticas que siguen reafirmando patrones de discriminación y exclusión para alcanzar el reconocimiento y efectivo cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios.
(*) Diputada provincial