Responsabilidad de los jueces por el contenido de sus sentencias

La independencia del Poder Judicial como institución de poder, es una Garantía que debe imperar siempre en un Estado de Derecho constitucionalizado, las características del Juez Natural, como garantía del debido proceso, contempladas en la Constitución Nacional y Pactos de Derechos Humanos, tiene como base fundamental para poder funcionar y dar operatividad a la misma, la imparcialidad judicial, que necesita ser construido en base a reglas de procedimiento, reconociendo como mejor Sistema Procesal Penal, al acusatorio, el cual se halla receptado por el esquema que diseña la C.N., por lo que es posible afirmar, que es éste, el ordenamiento jurídico apto para asegurar los derechos y garantías de las partes durante la tramitación de un juicio penal. 

La redacción dada por los constituyentes de 1853, a la garantía del Juez Natural, en el marco del Derecho Penal, como su ubicación en la parte dogmática en nuestra Carta Magna (Art. 18 C.N.), demuestra la trascendencia de esta garantía individual, frente al ejercicio de las facultades propias del Poder del Estado, como así también pone en manifiesto la importancia para la sociedad por darse una forma de estado y un régimen político que garantice un poder judicial independiente con el fin de satisfacer por un lado, la exigencia de seguridad jurídica de la comunidad en general, y por el otro, el de preservar el interés del individuo sintetizado en su respeto a estas Garantías.

En igual sentido, las normas constitucionalizadas de Derechos Humanos dan importancia a estas Garantías afianzadas como norma suprema, bajo la premisa de que los jueces, para custodiarlas, deben ser independientes de los demás poderes, e independiente incluso de sus meras convicciones personales. (C.A.D.H. Art. 8:- " Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial…).  

Sin embargo, uno de los temas mas discutidos en el ámbito de responsabilidad judicial, es respecto a si los jueces pueden ser juzgados o responsabilizados por el contenido de sus sentencias. Esto conlleva un delicado problema de armonizar en forma equilibrada, postulados básicos que conforman a la organización política de un Estado de Derecho, por un lado, la necesaria independencia del Poder Judicial, y por el otro, los principios de separación y control reciproco entre los poderes del estado.

Del mismo modo que, conforme lo determina la Constitución Nacional mediante el Art. 68 a los legisladores se les reconoce la inmunidad absoluta de opinión por sus dichos realizados en el ejercicio de su función legislativa, a los fines de garantizar su libertad de actuación conforme el cargo que desempeñan en el Congreso. En igual sentido, se reconoce a los magistrados una inmunidad absoluta respecto a lo que ellos deciden en sus fallos en el ejercicio de su función jurisdiccional, esto sin dudas, constituye una garantía imprescindible para asegurar la necesaria independencia judicial al resolver una situación concreta.

Sin duda, que pretender responsabilizar a los jueces por el contenido de sus sentencias es un tema de derecho constitucional, toda vez que afecta de modo directo esta independencia, como garantía de un Estado de derecho, siendo que las leyes son interpretadas y aplicadas por quienes fueron depositarios por mandato constitucional para esta tarea, rodeándolos de ciertas garantías para que los mismos puedan, libremente exponer sus ideas y decidir sobre un caso concreto. Esta protección de libertad de deliberación y decisión, es producto del principio de irresponsabilidad política de los magistrados por el contenido de sus sentencias, siendo sumamente importante para que estos, puedan resolver según su leal saber y entender en los casos sometidos a sus jurisdicciones, evitando todo tipo de presión o temor a las consecuencias por el resultado de sus decisiones. 

Esta libertad de deliberación y decisión, se encuentra en la zona de reserva judicial que brinda necesariamente el principio de división de poderes establecido en la Constitución Nacional, que, para lograr su funcionamiento, debe ser respetada por los otros poderes en cuanto a la decisión e interpretación del derecho que ejerzan los jueces. Siendo solo la herramienta para cuestionarlas, los medios de impugnaciones que prevén los códigos procesales acudiendo siempre dentro del sistema judicial a las instancias superiores de revisión de sentencias conforme su competencia.

Solo estos medios de impugnación son los permitidos en un sistema constitucional para cuestionar las decisiones de los jueces que fallan en el marco de su independencia, no se puede permitir, si se pretende respetar la constitución y sus clausulas internacionales, la procedencia de una "Casación Política" (Bianchi Alberto, Los Jueces juzgados por sus fallos), que analice, delibere y juzgue, fuera de los órganos con competencia jurisdiccional que ejerzan juicios de valor y decidan sobre la responsabilidad de un juez por las cuestiones jurídicas que se debaten en sus sentencias, sin dudas, que esto ocasionaría el grave riesgo de que los jueces terminen decidiendo según los intereses de los poderes políticos, ya que estos podrían remover a los magistrados que no satisfagan sus pretensiones a la hora de decidir sobre un caso concreto sometido a su jurisdicción. Esto llevaría a la muerte de la independencia judicial, una muerte lenta, para el Estado de Derecho.

En este sentido dice el autor Bianchi Alberto: "juzgar políticamente a los jueces por el contenido de sus sentencias, es transmitir hacia el futuro una debilidad congénita al resto de los jueces. El juicio político ya no será entonces un elemento republicano de control del desempeño, sino una instancia revisora de las sentencias. "Una suerte de Corte Suprema fuera del Poder Judicial".

Los errores que cometen los jueces en sus decisiones, deben ser corregidos mediante los mecanismos procesales ordinarios previstos por el propio sistema judicial, y no a través de los mecanismos de remoción de los magistrados, correspondiendo anular o dejar de lado el acto lesivo o arbitrario, pero no remover al magistrado que lo dicto. En este sentido la doctrina constitucionalista nacional refiere que el mal desempeño de los jueces, no se pueden fundar en las decisiones judiciales que fuera autor el propio juez denunciado, quiere decir que sus sentencias emitidas válidamente en un proceso judicial, no pueden, ni aisladamente ni en forma conjunta, tipificar el mal desempeño, ni aun cuando sus sentencias hayan sido descalificadas por arbitrarias. Su corrección es exclusiva de los respectivos tribunales superiores mediante las vías recursivas pertinentes y nada más. (Bidart Campos, G. Ed. 137-203.).

La Convención Americana de Derechos Humanos en su Art. 70 inc. 2 señala "No podrá exigirse responsabilidad en ningún tiempo a los jueces de la Corte ni a los miembros de la Comisión por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones". En forma analógica, esta normativa constitucional, permite concluir que tampoco los jueces nacionales deban responder por las decisiones que adopten localmente en el ejercicio de su función jurisdiccional.

En nuestra provincia, nuestra Constitución Provincial refiere en el Art. 151: "El Poder Judicial tendrá todo el imperio necesario para afirmar y mantener su inviolabilidad funcional e independencia frente a los otros poderes del Estado. Y en el Art. 154 refiere: "…Gozarán de las mismas inmunidades de los legisladores". Es decir que los jueces gozan de inmunidad de arresto y de opinión, esa opinión no es otra que la que versas en el contenido de sus sentencias, encontrándose estas, protegidas por la norma constitucional también de la provincia del Chaco.

(*) Abogado de Derecho Penal.