Escribanos y el Principio de Razonabilidad

Otra vez el Principio de Razonabilidad. La competencia de los Tribunales Contencioso Administrativos ha girado drásticamente en lo relativo al control total de la actividad del Estado. 

Dicha mutación lo es consonancia o proporcionalidad directa entre la transformación de la tipicidad estatal que antiguamente fuera guiada por la denominada "soberanía de la ley" en la que el control de su legitimidad, conductas y actividades, procedimientos y actos, pasaban por el irrestricto acomodamiento o subsunción de ellos a los términos formales de la ley.

En la actualidad dicha tipicidad estatal resulta ser un nuevo diseño constitucional. El contemporáneo Estado de Derecho Constitucional Social y de Derechos Humanos, y que alguna academia lo denomina de transito al "Estado de Justicia" ha dado lugar a que el control judicial de los órganos del Estado, lo sea bajo el prisma de la, no siempre bien entendida, legitimidad de su accionar.

La legitimidad de las actividades en su control ha traído nuevos condimentos estructurales de juridicidad, sobremanera aquellos plasmados en los denominados principios de razonabilidad y de los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad estricta. Por lo demás, en lo sustancial el nuevo paradigma contencioso se abrió paso desde el mismo concepto de ilegitimidad como conducta meramente revisora de los actos del período francés, a la plena justiciabilidad de las pretensiones, en la medida que ellas resultaren agraviados por los actos ilegítimos.

Sin perjuicio de ello, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado un principio señero que enuncia que "es precisamente la legitimidad -constituida por la legalidad y la razonabilidad- con que se ejercen las facultades, el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces ante planteos concretos de parte interesada, verificar el cumplimiento de dichas exigencias" (Fasllos 331:735 y sus citas).

Lo antes señalado, viene a propósito de una llamativa sentencia dictada en fecha 19 de Febrero de 2019 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en que la Litis proponía la impugnación de validez constitucional de un acto del Estado protagonizado por un Escribano Público, a la sazón titular de un Registro Público que había logrado desplazar por medio de un acto administrativo al escribano adscripto, no dando causa ni motivación a su decisión. Lo efectuado, lo fue en razón de tener vigencia una ley formal provincial que autorizaba ello, sin indicar causa.

En dicho pronunciamiento, la Corte otorgó validez a la cláusula de la ley que en su articulado permitía al titular registral solicitar al Poder Ejecutivo que remueva sin dar causa ni motivar el acto, del cargo al escribano adscripto. Todo ello en el marco de una reiterada jurisprudencia que en un Estado de Derecho Representativo y Republicano, motivar todos los actos tanto reglados como discrecionales del Estado implica observar el carácter de república de nuestra Nación, y a la vez impedir las conductas arbitrarias estatales.

La norma impugnada (Artículo 50 de la Ley Provincial 4193 de Río Negro), sostuvo la Corte no era irrazonable ya que se fundaba en una facultad discrecional que consistía en poder elegir y nombrar, en condiciones de idoneidad, al adscripto. Esa facultad mostraba además la vigencia de una especial confianza y afinidad que existe entre el titular registral y el adscripto. Todo ello, pues la propuesta de hacer cesar la función notarial adscripta, hace pesar sobre el elegido toda la responsabilidad por la actuación fedataria en el registro.

No obstante, estos considerandos del fallo en comentario, la Procuración General de la Corte recordó en su dictamen al que se adhirió el voto disidente del Dr. Maqueda, que este mismo Supremo Tribunal antes había expresado que las característica particular de la actividad fedataria, que consistía en un contrato de concesión que el Estado realizaba hacia ella, en tanto su justificación se hallaba en la especial naturaleza de esa facultad atribuida a dar fe de los actos y contratos que celebraren los fedatarios (CSJ Nación Fallos 303:1796; 334:434) Sostuvo que las restricciones a los que se somete al escribano resultan validas en la medida que sean razonables y guarden proporción adecuada con la necesidad del interés que deben salvaguardar y que no es otro que el interés público comprometido en ella. Que ello no traduzca "una desnaturalización en el derecho a trabajar" (Fallsos 235:445 ; 325:2698-). La Procuración encontró en estos precedentes la íntima vinculación existente entre las funciones muy delicadas, las exigencias y las sanciones para el caso de incumplir el fedatario con las funciones, en franco apartamiento de la ley y, en consecuencia del interés público comprometido. Que resultaba ser este, el propio escribano, el que se aparta de ello voluntariamente cuando incumple el interés público que hay en su función pues "voluntariamente se margina al dejar de cumplir los deberes a su cargo" (Fallos 308:839 ; 321:2086).

Señaló la Corte en esta oportunidad, en la causa (Díaz Nadina Mariel s/acción de inconstitucionalidad art 50-ley4193 y decreto número 1830/2012- CSJ 232/2014 59-DJ/CS1- Sentencia de fecha 19 de Febrero de 2019) que las consideraciones anteriores no se hallan reflejadas en la ley impugnada que permite o exime de la necesidad de invocar causa alguna, y por lo tanto y a más de ello la Corte ya había dicho que "no puede sostenerse válidamente que el ejercicio de las facultades discrecionales por parte del órgano administrativo lo eximan de respetar el sello de razonabilidad que debe acompañar a toda decisión de las autoridades públicas (Fallos 331;735; 320:21509).

Por ello acertadamente la Procuración halló que la ley era inconstitucional, nula y asimismo el decreto que dio la baja del registro del escribano designado allí en carácter de adscripto por el Poder Ejecutivo provincial. Pues no tenía motivación requisito esencial del acto administrativo y era ilegitimo dicho acto.

Esta conclusión no es seguida por el Supremo Tribunal de nuestro país, siendo que fue la misma Corte Suprema la que sostuvo con anterioridad que "precisamente es la legitimidad, constituida por la legalidad y la razonabilidad con que se ejercen tales facultades, el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que se permite a los jueces, antes planteos concretos de parte interesada verificar el cumplimiento de dichas exigencias". (Fallos :331:735 y sus citas).

Pareciera ser que en el caso bajo análisis nuestro máximo órgano judicial, entre el pasado estatal (mera legalidad) y la dimensión actual del diseño público constitucional (principios y reglas) optó por el acontecer acontecido, como dando razón a la máxima "todo lo que sucede ya sucedió".

La realidad es que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Rio Negro, y de otras provincias, deberán observar con detenimiento estas nuevas circunstancias que autorizan un nuevo contenido del principio de razonabilidad. Todo a fin de evitar que inconstitucionalidades suyas fueran revocadas por el nuevo enfoque jurisprudencial.

Fuerza indicar también, en términos de honestidad intelectual que el Supremo Tribunal de nuestro país en el caso, privilegió la voluntad, como elemento esencial de los actos jurídicos en general, al sostener que al haberse voluntariamente alejado, el escribano adscripto, de su función al aceptar el cargo de Defensor del Pueblo, esto le acarreaba incompatibilidad funcional y por ello el fedatario no podía invocar en su favor restricciones a posibilidades profesionales ni menos derechos adquiridos. Consideró la Corte la razonabilidad de los medios elegidos por el Poder de Policía del Estado, en cuanto merito, eficacia y alcance de sus fines, y que no existían restricciones ni afectación de derechos individuales (Fallos Cine Callao-fecha 22/06/1960).

Finalmente, lo cierto es que parece legitimarse una remoción sin causa por medio de un acto administrativo discrecional cuando solamente concurra en la designación original "un especial grado de confianza y afinidad", entre el designante y el designado por la responsabilidad de la función a cumplir en el órgano creado por medio de una concesión del Estado.

(*) Juez Cámara Contencioso Administrativa