2018: el año que no hablamos de la crisis
Por distintas razones en 2018 la crisis económica fue desplazada de las primeras planas por otras realidades. La más visible es la de la judicialización de la política, que más de una vez adquirió el inequívoco rasgo de lo que en el mundo anglosajón se denomina "lawfare" o "guerra judicial", y que viene marcando la agenda pública latinoamericana desde hace tres o cuatro años (la prisión a Inacio Lula Da Silva es el hecho más reciente). Pero hubo crisis, y vamos a repasarla en unos pocos párrafos.
La inflación acumulada de 2018 al momento de la publicación de esta nota -de casi 44%- ya es la más alta desde 1991 y podría superar los 47 puntos incluyendo diciembre. El Riesgo País, el indicador de la banca JP Morgan que mide grosso modo la capacidad de pago de un país o su riesgo de caer en default, y que en definitiva determina si puede colocar deuda en el exterior y hacerse de divisas, llegó al techo de los 800 puntos básicos.
Por eso después de tres años de ajuste y tarifazos, Argentina depende de la asistencia financiera del Fondo para honrar los vencimientos de deuda en moneda extranjera. Así y todo, Christine Lagarde, Directora Gerente del FMI, insiste en que el gobierno de Mauricio Macri está haciendo los deberes y va por buen camino. No dice cómo se las arreglará después de que en 2020 cesen los desembolsos de la entidad.
La lista de malas noticias podría seguir con la caída del poder adquisitivo del salario afectado por la fuerte devaluación del Peso, el estancamiento de la actividad económica industrial, el déficit acumulado de la balanza comercial que impactó en varios sectores de la economía, y la transferencia de recursos de los sectores productivos y asalariados -incluyendo a los jubilados- al sector financiero.
Como bandera, el gobierno nacional sostiene una persistente judicialización de los actos más sospechosos del gobierno anterior en lo que ha conceptualizado como una lucha a brazo partido contra la corrupción, y alimenta las ansias de justicia de una sociedad que no quiere esto pero tampoco querría volver a aquello… y en cualquier caso, en su bronca, siempre se regocija al ver a un político preso.
En lo económico el gobierno nacional no ha dado muestras de lucidez para revertir ninguno de los índices antes mencionados y hasta se ha mostrado inusitadamente duro con sus aliados, a veces con medidas más efectistas que de fondo, como la obligatoriedad de que los jueces paguen ganancias; a veces con soluciones regresivas como la decisión de gravar con retenciones al sector autopartista justo cuando el mercado automotor informa una caída de casi el 40 por ciento respecto a 2017.
¿Y POR CASA?
Sería injusto achacarle a Domingo Peppo no haber timoneado con solvencia la política económica provincial durante sus dos primeros años de gobierno, en medio de una crisis que para algunos recuerda al 2001 y para otros a la caída del alfonsinismo. Pero si el mandatario pensaba que todo se reduciría a echarle la culpa al gobierno nacional, o que su único mal recuerdo sería el resultado de las elecciones de 2017, no sabía lo que le deparaba el 2018.
Según la Oficina de Política Criminal del Ministerio Público Fiscal de la provincia, en 2018 hubo 220 hechos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, 18 casos menos que en 2017.
El 9 de marzo de este año las fuerzas federales irrumpieron en el "entrepiso" de Casa de Gobierno, a pocos metros del despacho del Gobernador, y se llevaron documentación de varias oficinas, entre ellas de la Secretaría de Legal y Técnica y de la Secretaría General de Gobierno. Ese día explotó un escándalo de corrupción que se cargaría a varios funcionarios provinciales y seguiría con ex funcionarios municipales, una diputada nacional, dirigentes sindicales y hasta intendentes. Nacía "Lavado I".
Mientras la oposición parecía decidida a hacer de partenaire parlamentario, con arrestos individuales más o menos dignos pero mayormente concentrada en sus propios asuntos, el fiscal federal Patricio Sabadini se convertía en el personaje "revelación" del 2018; en el opositor más puro y duro a un gobierno que también decidió, como se dice en el truco, "jugar callado", o que lo hizo a través de "fusibles" autoconscientes que se interpusieron entre las balas y el blanco y pagaron las consecuencias.
NO SE SALVÓ NADIE, O CASI NADIE...
Las tres causas por lavado iniciadas por el fiscal Sabadini (Lavado I, II y III -la Justicia provincial heredó la investigación de los delitos precedentes a "Lavado I"-) se llevaron puestos a varios intocables: Horacio Rey, Roberto Lugo y otros funcionarios de segunda línea del Gobierno; Aída Ayala, Jacinto Sampayo y algunos ex funcionarios municipales identificados con Cambiemos y el campo sindical; Lorenzo Heffner y Alberto Nievas entre los intendentes...
El caso de la exIntendenta de Resistencia y actual diputada nacional por Cambiemos, Aída Ayala, merece un párrafo aparte: fue la única imputada de la causa Lavado II que pese a la gravedad de los cargos que se le achacaban (ser jefa de una asociación ilícita destinada a lavar dinero) se escudó en sus fueros parlamentarios para permanecer en libertad hasta la fecha. El pedido de prisión preventiva remitido por la jueza federal Zunilda Niremperger chocó no sólo con todas las instancias de apelación impulsadas por sus abogados, sino con una postura reticente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por un correligionario de Ayala, que se valió de cuanto recurso tuvo a la mano para protegerla de la cárcel, un temperamento cuestionado por el kirchnerismo, que vio al diputado Julio de Vido quedarse sin inmunidades en cuestión de horas.
Conforme caían algunos y "los sospechosos de siempre" eran olímpicamente eludidos por las investigaciones de Sabadini, aparecieron las sospechas: ¿por qué estos sí y aquéllos no? Y era cierto: en las nóminas de imputados había llamativas ausencias, como si los delitos que la oposición se había cansado de denunciar durante años no hubieran tenido lugar.
Claro que Sabadini no tenía la culpa: desde 2012, cuando recibió un supuesto llamado anónimo que le indicó el paradero del cuerpo de Tatiana Kolodziey, su sistema de trabajo consistía en la recepción inopinada de la "notitia criminis". El hecho de que el denunciante anónimo sólo aportara datos sobre ciertos casos de corrupción no significaba que no hubiera otros, pero el fiscal no estaba obligado a hurgar en el mundo del hampa para hallarlos, ni tenía los recursos para hacerlo.
FUEGO AMIGO
Peppo fue capaz de persuadir a la mayor parte de la oposición cuando se necesitaron los dos tercios para tomar créditos; de sostener agónicas treguas con los empleados públicos, tensos armisticios con los docentes; se mostró lúcido para contener el reclamo social dentro de parámetros aceptables, pero apenas pudo con el "fuego amigo". Su mayor enemigo era el enemigo interno.
En mayo, cuando el ministro de Infraestructura Fabián Echezarreta fue alcanzado por la investigación de "Lavado I" y la jueza Niremperger solicitó a la Legislatura su desafuero, los diputados del "gustavismo" en alianza con los legisladores de la oposición le marcaron la cancha al ecléctico grupo de "leales" que querían salvar al funcionario de una posible detención, y se inició una corta pero intensa disputa semántica para determinar si el ministro debía ser desaforado o sometido a juicio político. Esa batalla, que no sería la última, la ganó Peppo y Echezarreta siguió en el cargo.
En agosto, en el marco de una investigación por presunta malversación de fondos para viviendas ("Lavado III"), Sabadini pidió la detención -y el juez federal subrogante Aldo Alurralde la concedió- del intendente de Villa Río Bermejito, Lorenzo Heffner, y varios allegados.
Era el segundo round. La crisis política amenazaba extenderse a una docena de jefes comunales. Tanto el Ejecutivo como la Legislatura se apresuraron a decretar y/o sancionar la intervención del pueblo, y aunque hubo acusaciones cruzadas la sangre no llegó al río, Heffner fue prolijamente detenido y Bermejito intervenida hasta el 28 de octubre, cuando los vecinos eligieron un nuevo intendente.
A principios de noviembre Sabadini pidió la detención inmediata del intendente de Juan José Castelli, Alberto Nievas. Esta vez el Ejecutivo provincial se mantuvo al margen, pero fueron casi 40 jefes comunales los que tomaron la posta y en dos ocasiones apuraron a Domingo Peppo para poner paños fríos a lo que entendían era una embestida judicial que ponía en riesgo el orden institucional del Chaco.
Igual que en los rounds anteriores, el "gustavismo" y la oposición se pusieron al hombro la campaña para intervenir una localidad desde la Legislatura. El concejo municipal castellense apenas consiguió sostener a Nievas unos días en el cargo apelando a la inmunidad constitucional de arresto, pero la oportuna respuesta de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia zanjó la disputa confirmando el pedido de detención. Nievas pidió licencia como intendente para frustrar la intervención y se presentó ante la Justicia.
MALA LECHE
En septiembre, una empleada de la Provincia denunció el faltante de leche en polvo fortificada destinada a la nutrición de niños de bajos recursos, de un depósito del ministerio de Salud ubicado en la Ruta Nacional 16. Eran más de 200 toneladas.
Las pesquisas permitieron determinar que la mayor parte de esa leche fue vendida a empresas lácteas de la Provincia de Córdoba para la elaboración de quesos, y algunas partidas también terminaron en heladerías y hasta en mercaditos de Resistencia, así como los quesos provenientes de la provincia mediterránea.
Si bien entre los seis detenidos hay empleados públicos, para la fiscal Rosana Soto todo parece indicar que se trata de un hecho delictivo que está en vías de resolverse, más allá de las especulaciones que se tejieron en torno al caso y que quisieron conectarse a las causas de lavado.
CON LAS TOPPER GASTADAS
También este año Domingo Peppo tenía la obligación de gobernar con viento en contra: había perdido elecciones, funcionarios, y el equilibrio fiscal del Chaco dependía enteramente de su decisión y de la pericia de su equipo económico para no zozobrar en un distrito en el que la mayor parte de los recursos que ingresan por vía de coparticipación federal están destinados al pago de haberes.
Mes a mes, Peppo volvía con sus acuerdos bajo el brazo y se mostraba siempre como un referente del peronismo no kirchnerista apuntalado por gobernadores como él, que no necesitaban explicar que cuando se gobierna en desventaja hay que tener paciencia y no hacerse el cocorito, porque los sueldos hay que pagarlos igual. El espacio que hoy lo convoca (en su caso no parece que nada esté cerrado) es el que pretende encabezar Sergio Massa.
Desde enero de 2018 Peppo empezó a trabajar con su Gabinete e intendentes en los ejes y objetivos para un plan de obras públicas de dos años: en ese momento, sólo para continuar con las obras estratégicas en marcha, se necesitaban $ 2.500 millones. Muchas de esas obras, como la inauguración del edificio del Iprodich o las mejoras integrales en el Hospital Perrando, caminos y comisarías y viviendas, se pudieron realizar. Otras están en marcha. Pero hablar de lo que se viene -el 2019, un año electoral histórico- será materia de otros análisis.