Inflación legal
Así es señoras y señores, la inflación no es sólo económica, también en el ámbito jurídico-legal podemos los argentinos hacer alarde de tal nefasta situación. Nuestra sociedad atraviesa, desde sus orígenes constitucionales, por un permanente proceso inflacionario, absolutamente contraproducente en materia jurídica. Podríamos incluso afirmar que nos hemos acostumbrado a vivir en este terrible estado de situación, fomentando la arbitrariedad y desdeñando consecuentemente una de las características más importantes de todo sistema normativo como lo es la seguridad jurídica.
Hemos malinterpretado el concepto y la función de los derechos, a punto tal de exigir la consagración masiva y gratuita de los mismos. ¡Derechos para todas y todos! Como si de alguna manera el bienestar pudiera alcanzarse por decreto. La excesiva regulación, lejos de proteger, atrofia el desarrollo y fomenta el caos.
¿Qué hay realmente detrás de todo derecho? Si como sociedad no comprendemos los alcances y las necesarias consecuencias emergentes de la idea del derecho, difícilmente logremos los ansiados fines de justicia que afirmamos perseguir; en todo caso, el remedio (derechos) funcionará como agravante del problema (injusticia) en lugar de contrarrestarlo.
Un derecho no es más ni menos que una facultad de hacer, reconocida y garantizada institucionalmente. Es por ello que la palabra "derecho" (en este sentido subjetivo que ahora analizamos) se halla siempre seguida de un verbo específico. Por ejemplo: "derecho a transitar libremente". Ahora bien, la necesaria contracara de todo derecho es una obligación. No existe derecho sin obligación. Siempre que un sujeto tiene derecho a algo, uno o más sujetos se encuentran obligados a algo. Veamos nuevamente el ejemplo: Si tengo derecho a transitar libremente, las demás personas tienen la obligación de permitirme tal tránsito, de abstenerse de impedírmelo.
En ese sentido, la idea de derecho tendrá ligazón directa con la previa idea de justicia que individual o conjuntamente abracemos. Justicia es, en definitiva, aquel valor al que aspiramos alcanzar mediante la consagración de los derechos. Pero atención, sea cual sea la idea de justicia que conformemos, lo cierto es que los derechos (y obligaciones) que establezcamos deberán, cuanto menos, guardar coherencia metódica con aquella.
Ya tendremos oportunidad de debatir la idea de justicia en otra oportunidad. Por ahora resulta imperioso que hagamos un esfuerzo por comprender esta relación dialéctica entre derechos y obligaciones, pues resulta fundamental para la vida civilizada de cualquier sociedad. En otras palabras, ¿Hasta qué punto resulta justo obligar a unos en beneficio de otros?
Sería un buen ejercicio cívico para un pueblo tan acostumbrado a reclamar derechos, reflexionar acerca de las obligaciones consecuentes, los sujetos obligados y los fundamentos que las justifiquen (si es que existe alguno). De lo contrario las medidas resultarán contraproducentes y entonces la democracia terminará transformada en un simple campo de batalla por el sometimiento legal del prójimo.
"Lo difícil es promulgar solamente las leyes necesarias y permanecer siempre fiel a estos principios verdaderamente constitucionales de la sociedad, de cuidarse del furor de gobernar, la más terrible enfermedad de los gobiernos modernos" (Wilhelm Von Humboldt - Ideas para un proyecto de delimitación de la acción del Estado, 1791).
(*) Abogado