Giuggia denuncia un "plan de exterminio de las personas con discapacidad con el decreto 432/97"
El referente de la Asociación Civil APADICHA, José Giuggia, compartió una información "para hacer frente a la normativa con la que el presidente y su gabinete buscan hace tiempo dar de baja 76 mil pensiones por discapacidad". Se refirió a la resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad que establece el mecanismo administrativo para dar de baja a las pensiones no contributivas por invalidez cuyos titulares presenten "incompatibilidades" con el beneficio. Esta situación "tiene en vilo a todas las familias y a personas con discapacidad", remarcó
La medida reglamenta la implementación del decreto 432/97, de suspensión y caducidad de pensiones, y disponee 10 días hábiles para que las personas beneficiadas con una pensión deban presentar información personal para garantizar que no existe una "incompatibilidad".
El dirigente informó que "no deben presentarse a la delegación ANSES UDAI Resistencia si no llegó la cédula de citación que corresponde".
En caso de que ya estén informados "corren diez días hábiles administrativos para que la persona con discapacidad o familiares puedan tomar vista de las actuaciones, ejercer su defensa y ofrecer prueba en la administración (UDAI)".
Para eso, la persona deberá concurrir a la delegación más cercana a su domicilio, siempre obteniendo un turno llamando al número 130.
Deben tener un original y copia "firmarlos, dejar uno en la delegación de ANSES y solicitar que le firmen el duplicado en el momento de recepción con la fecha y hora de ingreso a la delegación. No es necesario que lo represente un abogado, pero sí podría ser conveniente acercarse a un organismo público gratuito que los asesore".
Giuggia manifestó que la única forma de que la ANSES le quite la pensión es a través de una notificación formal, pero agregó que "este método es abusivo, autoritario y discriminador".
"Estos señores feudales saben de la pobreza e indigencia de este sector y que este colectivo no tiene acceso a la justicia. Las personas con discapacidad quedarían en el camino del reclamo de sus derechos, siempre les faltaría un trámite", indicó.
Catalogó las medidas del gobierno nacional como "un plan de exterminio de las personas con discapacidad". Los efectos de esta política pueden ser catastróficos: "Este poco dinero es su vida, su subsistencia", sostuvo.
"Si hay personas con este beneficio y no correspondiere que se lo saquen, pero este no es el método. El Gobierno tiene la responsabilidad indelegable de controlar los fondos públicos", agregó.
Planteó que existe una tendencia a descalificar a los pensionados por invalidez. "En este modelo de política social mentalizaron que todas las personas con discapacidad son vagos y piqueteros", afirmó.
Para finalizar, reflexionó sobre la situación nacional y señaló que "ningún país funden los pobres, no hay antecedentes en el mundo, pero existe una timba financiera muy ordenada, que en 72 horas fugan millones de dólares y los culpables son personas pobres otras con discapacidad y jubilados".