El Colegio de Abogados repudia ataques a funcionarios y magistrados
A través de un comunicado, el Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia dio a conocer "su repudio al ataque sufrido por la Dra. Rosalía Zozzoli, por el hecho de haber solicitado una medida jurisdiccional a su par federal Dra. Zunilda Niremperger, acción que se enmarca en lo que la legislación autoriza a la magistrada a realizar. El que además se ocupa de cuestiones de salud inverificables y de familiares que nada tienen que ver con la función de la juez".
El texto enviado a este medio, desde la institución que preside el doctor Diego Gutierrez, indica lo siguiente:
"Como ya lo hiciéramos en otras oportunidades toda denuncia mediática que pone en tela de juicio el obrar de los magistrados, fundado solo en ataques a la persona de la misma, sólo genera incertidumbre en la ciudadanía y pérdida de la necesaria confianza en las instituciones.
Cualquiera que sea la instancia de un juez o funcionario atacado por el sentido y contenido de sus resoluciones, merece nuestra defensa ya que ello es una exigencia necesaria de convivencia republicana.
Las afirmaciones infundadas respecto del desempeño de jueces y funcionarios solo afectan a la sociedad que tiene poca confianza en el funcionamiento de la justicia, que tiene a los abogados como auxiliares de la misma, y debemos recordar que si existen fundamentos suficientes para pensar que una resolución o sentencia se apartó de la Constitución y las leyes llenando los requisitos de un tipo penal existen remedios contemplados por la Constitución Provincial y la que establece órganos que deben intervenir en tales casos.
Como defensores del estado de derecho vemos con excesiva preocupación la difusión de noticias que ponen en duda a toda la comunidad respecto de la capacidad de los funcionarios judiciales para ejercer su rol y la jurisdicción, en tal sentido repudiamos las afirmaciones sin sustento, ni forma de demostrarlas. Lo que parecería que obedecen a cuestiones ajenas al trámite jurisdiccional y a otros intereses que poco tienen que ver con el interés supremo de la justicia.
La ciudadanía debe estar tranquila respecto a que las presentaciones o solicitudes de los jueces y funcionarios en el ejercicio de sus funciones pueden ser rechazadas, controladas o revisadas por instancias superiores y van seguir el trámite que la ley le prevé, por lo que no debemos alarmarnos ya que la ley le permite a la autoridad requerida y quien también puede hacer uso de sus facultades legales a conceder o denegar la medida.
Y en el caso de que cualquier funcionario o magistrado que no cumpla los requisitos de idoneidad puede ser denunciado y en su caso removido conforme lo establecido en la Constitución y en la ley.
En este sentido, la intromisión en la vida personal de un funcionario o magistrado y las afirmaciones que no prueban ni ofrecen probar lo manifestado, no pueden ser toleradas sin el sentido de las mismas es la presión sobre los mismos.
Claramente y sin vacilaciones, afirmamos la vigencia del Estado de Derecho, en el que existen mecanismos constitucionales y legales expresamente establecidos para el control del desempeño de los actores judiciales y su eventual responsabilidad.
La importancia de los jueces de la república y la responsabilidad que involucra la función judicial frente a la ciudadanía, sumada a la publicidad que debe darse a los actos y sentencias judiciales, nos obliga a pronunciarnos ante este acto, que pretende por medios oscuros atacar la imparcialidad y la honorabilidad de los magistrados y funcionarios judiciales. Que en todo caso deben ser cuestionados por y solo por, las vías previstas por las normas constitucionales.
En nuestra provincia se han sucedido hechos que van contra el libre ejercicio de las funciones de magistrados y funcionarios. Así podemos citar lo ocurrido recientemente con la Dra. Zozzoli, y un tiempo atrás con fiscales federales y provinciales que además de las publicaciones que ponen en duda su buen desempeño fueron presionados con denuncias, presentaciones o inaceptables aprietes para que no hagan o dejen de hacer lo que la ley les impone como deber. Actitudes que repudiamos y que son rechazadas por la sociedad toda que se encuentra cansada de los continuos ataques al sistema republicano de gobierno.
Finalmente el texto donde se repudia el ataque a funcionarios y magistrados señala que "Claramente y sin vacilaciones, afirmamos la vigencia del Estado de Derecho, en el que existen mecanismos constitucionales y legales expresamente establecidos para el control del desempeño de los actores judiciales y su eventual responsabilidad, estando entonces convencidos en nuestro deber de pronunciarnos ante este acto, que pretende por medios oscuros atacar la imparcialidad y la honorabilidad de los magistrados y funcionarios judiciales. Que en todo caso deben ser cuestionados por y solo por, las vías previstas por las normas constitucionales" concluye el comunicado.