Andrea Charole celebró el reconocimiento de los derechos indígenas en la Constitución de 1994
La diputada provincial Andrea Charole presentó el proyecto de Resolución Nº 3375/2018, que expresa beneplácito y felicitaciones por el reconocimiento de los derechos indígenas en la Constitución Nacional, art. 75 inciso 17 el cual se produjo el 11 de agosto de 1994.
FUNDAMENTOS
El artículo 75 Inciso 17 Constitución Nacional Argentina, aprobado en la sala de actos públicos de la Universidad Nacional de Santa Fe, el día jueves 11 de agosto de 1994, enuncia lo siguiente: "Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones".
Esto fue tratado en la Convención Nacional Constituyente del 11 de agosto de 1994, en la que se aprobó la modificación del Artículo 67, inciso 15 de la Constitución Nacional, sobre los derechos indígenas.
El texto aprobado en esta histórica sesión es hoy el artículo 75, inciso 17, del texto constitucional aprobado en 1994.En ese mismo día, entrada la noche, la Convención Nacional Constituyente, según el orden del día en el número 10, procedió a tratar el tema de los derechos indígenas. El texto que reforma el antiguo artículo 67 inciso 15, ahora en la nueva Constitución lleva el número 75 inc. 17, y se reconoce a los pueblos indígenas como preexistentes, con los derechos que le corresponden. Nada fue regalado, y aún corrían muchas lágrimas por rostros indígenas. Los abrazos emocionados se multiplicaron entre los paisanos y los convencionales; en los rostros se leía la emoción del momento. En virtud de la reforma constitucional del año 1994, se han introducido, respecto de los pueblos indígenas que habitan la República Argentina, profundas modificaciones, a tenor de lo dispuesto por el citado Art. 75 inciso 17 de nuestra Carta Magna. Esta norma, al referirse a las atribuciones del Congreso de la Nación dispone el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Así también establece la garantía del respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, el reconocimiento la personaría jurídica de sus comunidades; la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan; regula la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; normando que ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. En la misma norma fundamental se asegura la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecte. Las provincias podrán ejercer concurrentemente las referidas atribuciones que la norma constitucional atribuye al Congreso de la Nación. Del texto de esta cláusula constitucional se desprende el reconocimiento, en el más alto rango de prelación en cuanto a la aplicación e interpretación de las leyes, de importantísimos derechos a nuestros pueblos indígenas, su identidad étnica histórica y cultural, la personería jurídica de sus comunidades, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, la transmisión de su conocimiento mediante la educación bilingüe e intercultural, la preservación de su patrimonio y existencia a través de la garantía de inalienabilidad e inembargabilidad de las tierras que habitan, la entrega futura de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano y su participación en la gestión de sus recursos naturales. Se desprende de esta disposición constitucional, el reconocimiento por parte de los constituyentes de 1994 de la diversidad étnica y cultural de la Nación. Ello constituye un acto de profunda justicia por la reparación histórica que conlleva y un claro reconocimiento de los derechos humanos, sociales y comunitarios de los primigenios pueblos que habitaron nuestro suelo patrio. Entre estos nuevos derechos de raigambre constitucional, merece destacarse el reconocimiento de la personería jurídica de las comunidades indígenas. Nuestros legisladores, imbuidos de las modernas tendencias imperantes en el concierto internacional, sancionaron la Ley No 23.302 sobre Política Indígena y de Apoyo a las Comunidades Aborígenes, en cuya virtud se creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, actualmente dependiente de esta Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación. Que su Título II denominado "De las Comunidades Indígenas. Comunidades Indígenas. Personería Jurídica" aborda esta problemática en su artículo 2º al definir como comunidades indígenas a los conjuntos de familias que se reconozcan como tales por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional en la época de la conquista o colonización. Crea además el Registro de Comunidades Indígenas al expresar que la personaría jurídica se adquirirá por la inscripción en el mismo y se extinguirá mediante su cancelación. Que al reconocer la personería jurídica de las comunidades indígenas, a las que define como preexistentes étnica y culturalmente, garantizando el respeto a su identidad y su participación en todos los intereses que los afecten, ha producido una evidente modificación en grado de prelación superior, en cuanto a los criterios que deben guiar a la Administración en referencia a los requisitos para inscribir a las diferentes comunidades en el Registro de Comunidades Indígenas. La reforma operada en nuestra Ley Fundamental a este respecto, debe considerarse operativo y no meramente programática y que, si bien se incluye en la parte orgánica, debe necesariamente considerarse parte integrante de la parte dogmática, al otorgar un nuevo estatus jurídico a estos pueblos y reconocerles derechos de rango constitucional.
Esta moderna tendencia, ha sido recepcionada en las constituciones de las provincias de Chubut, Chaco, Río Negro, La Pampa y Salta.
En el ámbito internacional, la moderna tendencia aconseja la adopción de criterios como el expuesto. Que uno de los conceptos rectores del derecho internacional de las poblaciones indígenas es el de flexibilidad, y por ello el Convenio Nº 107 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Ley No 14.932, recomienda a los países signatarios que, en relación a las medidas que se adopten para dar efecto al mismo, que las estas y su alcance sean determinadas con un criterio de flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada país y, por ende, de sus comunidades indígenas.
El Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que nuestro país ratificó por Ley No 24.071, introduce un concepto rector en relación a este importante aspecto: la autodefinición. En su artículo 2º expresa que: la conciencia de su identidad indígena o tribal, deberá considerarse un criterio fundamental para determinar a los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio. Ello implica, por extensión, que subyace en la conciencia de la identidad indígena la adopción de formas asociativas que le sean propias y que mejor representen los intereses individuales y comunitarios de sus miembros.
Solo en el respeto a la autodefinición el permanente duelo entre la geografía y la historia de estas comunidades indígenas podrá incorporarlas en forma irrescindible a la diversidad étnica y cultural que nuestros constituyentes de 1994 reconocieron como constitutivas de nuestra nacionalidad.
Es ilustrativo de los objetivos de nuestros legisladores, la exposición de motivos de la Ley 23.302 cuando expresa que hoy, cuando la casi totalidad de los argentinos sustenta la voluntad de ahondar en las raíces de lo nacional para avanzar hacia un destino lleno de grandeza, es indispensable tornar conciencia de los valores de dicho origen, subyacentes en las diversas culturas indígena, existen muy importantes elementos espirituales que es imperioso preservar en cuanto hacen a los sentimientos nacionales. No se trata, por ende, solo de buscar un paliativo que permita disminuir en parte las vicisitudes que están acostumbrados a sufrir nuestros compatriotas indígenas, o de compensar en algo el desapoderamiento histórico padecido por quienes fueran los naturales dueños de la tierra, sino asumir la preservación del ancestro cultural de América del Sur, impidiendo su disgregación definitiva, con sus inexorables consecuencias, un ingrediente esencial para la expresión de la cultura americana.
La cláusula constitucional garantiza también el reconocimiento de las personarías jurídicas de sus comunidades, con la peculiaridad asociativa que les imprime la índole indigenista. No obstante, en algunas etapas de la historia, necesidades de naturaleza inmediata, bien intencionadas por cierto, condujeron a la adopción por parte de las comunidades de formas asociativas ajenas a su cultura, con la finalidad de obtener la personería requerida para cumplir con las exigencias administrativas y jurídicas de un determinado acto de relevancia en la existencia colectiva.