Los entretelones de la venta de Norte al grupo Romero Feris
"El caso Banco del Chaco fue en 1977 bandera de un periodismo sano y valiente. Después, cuántas cosas se silenciaron", dijo en 1981 Juan Carlos Rousselot, ex dueño del diario Norte.
Hablaba de algunas notas difundidas en marzo de 1977 por ese periódico, que hoy cumple 50 años.
Frutos de una prolija investigación periodística, esos artículos señalaban que el gobierno militar del general Antonio F. Serrano estaba vaciando el Banco del Chaco.
Aquellas denuncias (con el tiempo se comprobó que efectivamente habían desaparecido 350.000.000 de dólares del Banco del Chaco) marcaron un antes y un después en la vida de aquel locutor, periodista, presentador televisivo y ex jefe de Prensa del ministro de Bienestar Social de la Nación, José López Rega.
Por esas informaciones lo acusaron de subversivo y lo encarcelaron. El decreto estaba firmado por el gobernador Serrano y los ministros Bennedit, Zucconi y Urrutia.
El Banco del Chaco lo querelló y el Juzgado Correccional N° 1 de Resistencia embargó sus bienes por 80.000.000 de pesos, más 20.000.000 por costas.
Estos episodios tenían lugar, según alegato judicial presentado seis años después por el abogado Rolando Ignacio Toledo, hoy presidente del Superior Tribunal de Justicia, "en el marco del miedo y del terror que reinaba en el país".
Al mismo tiempo, el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) le cerró al periodista toda posibilidad de trabajar en medios radiales o televisivos, cancelando su carnet de locutor número 1.221, que le había sido otorgado en 1960.
Este panorama de puertas cerradas lo llevó a una profunda depresión económica.
Tanto que el abogado Luís Manuel Mañanes recordó que en cierta ocasión le dio dinero con el que compró un pasaje en ómnibus para ir a Formosa a ver un trabajo.
Al final terminó trabajando de portero en un edificio de la ciudad de Mar del Plata.
El locutor, se alegó, bajó a un grado tal de vulnerabilidad económica que no pudo oponerse a que el 4 de julio de 1978 el gobierno favoreciera el traspaso "a un precio vil" de su diario a un grupo empresario ligado al gobierno militar.
El cuadro de situación, según un documento judicial, era éste: "Por un lado el gobierno militar presionando y persiguiendo al actor y, por otro lado, Editorial Chaco S.A. que en conocimiento de las intenciones de los gobernantes de facto aprovecha la ocasión adquiriendo a precio vil el bien y efectúando un pingüe negocio".
El comprador fue el grupo empresario integrado, entre otros, por José Antonio Romero Feris, dueño de El Litoral de Corrientes y embajador del gobierno militar en Costa Rica.
CAÍDA AL PRECICIPIO
Esta es una historia que comienza cuando el 30 de octubre de 1973 "para ponerlo al servicio del Chaco y de Perón" Rousselot compra el diario por $1.811.890,14.
Los vendedores eran los que cinco años antes fundaron la empresa, Fernando Leopoldo Martín, ingeniero Osvaldo Pace Wells, Ignacio Manuel Vargas, José Abdón Pfahl y Marcelino Castelán.
El nuevo dueño trasladó el diario, que funcionaba en un galpón de la calle Hipólito Yrigoyen 138, a un local de Pirovano (actualmente Don Bosco) 359, y el periodista Miguel Ángel Fernández asumió la dirección periodística.
Fueron tiempos felices, en términos económicos, para Rousselot, especialmente porque el periódico tiraba entre 9.100 a 10.100 ejemplares por día y lentamente se iba colocando a la par de su único rival "El Territorio".
Su propietario, que en determinado momento también fue director del Canal 7 de Buenos Aires, vivía viajando. Cuando venía a Resistencia se alojaba en el hotel Sahara.
Pero todo comenzó a derrumbarse con el golpe militar del 24 de marzo de 1976.
El 1 de julio siguiente el diario fue clausurado a raíz de la publicación de un aviso que invitaba a una misa por el aniversario de la muerte de Juan Perón.
Ese mismo mes de julio detuvieron al director Miguel Ángel Fernández. Luego de treinta días de detención fue liberado, pero luego renunció a su cargo.
El diario continuó en manos de Rousselot, pero sólo hasta la publicación en marzo de 1977 de algunos artículos que denunciaban el vaciamiento del Banco del Chaco.
El 6 de abril (un miércoles santo) sin mediar orden judicial detuvieron a Rousselot. El juez de Instrucción en turno, Jorge Lasgoity, lo liberó al día siguiente.
Pero ya no le fue posible zafar de lo que disponía el decreto 745 del 19 de abril de 1977.
Dicho decreto ordenaba la detención por presunto accionar subversivo de Rousselot, del jefe de Redacción, Alfredo Carazo, y del gerente Antonio Vega Fernández.
Seguidamente, a través del expediente N° 637/77 instruido en el Juzgado Civil y Comercial N° 8 de Resistencia, el gobierno intervino judicialmente el diario.
Éste despojo, bajo la solapada figura de una intervención judicial, fue duramente reprochada por la XV Asamblea de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).
Que el gobierno estaba detrás de toda esta maniobra lo demostró una nota oficial fechada el 15 de abril de 1977.
A través de la misma el subsecretario de Gobierno, vicecomodoro Guillermo Emilio Hunicken, le pidió a la Escribanía Piñero el contrato de venta de Norte a Rousselot, en 1973.
El otrora hombre fuerte de la radio y de la televisión argentina estaba al fondo del precipicio económico y de portero en un edificio marplatense.
Así lo recordó el dueño del diario El Atlántico de Mar del Plata, doctor Carlos Lorenzo Cañón:
"Los directores de diarios del país creíamos que había que dar trabajo a un colega director que estaba perseguido por el Gobierno del Chaco, privado de sus bienes, de vivir en su hogar de Resistencia y del dinero suficiente para subsistir.
Juan Carlos Rousselot fue a radicarse en Mar del Plata en noviembre de 1977 con su mujer y sus tres pequeños hijos de corta edad, uno prácticamente recién nacido, y trabajaba de portero en un edificio de la calle Corrientes.
Yo era director-propietario del diario El Atlántico de Mar del Plata y consideré que era una indignidad dejar que otro director de diario perseguido por el Gobierno, tuviera que estar así, por eso le di trabajo en mi diario".
Ese gesto humanitario, según el relato del doctor Cañón, le costó caro a su diario:
"Al mes de incorporarlo, la agencia Telam nos excluyó de toda pauta publicitaria nacional o provincial, provocándonos una grave crisis económica. Antes de eso fui visitado e intimado por miembros del servicio de información del Ejército y de la Policía Federal".
Rousselot se tuvo que ir. "Es por todas estas cosas –concluyó el doctor Cañón- que tengo la certeza de que si firmó la venta del diario fue porque no tenía ni para comprarle alimentos a sus hijos".
LA BATALLA JUDICIAL
El gestor de la operación de venta el doctor Ricardo Guillermo Harvey, ministro de gobierno militar de Corrientes.
Según el contrato firmado el 30 de agosto de 1978, el precio del diario era de $ ley 165.000.000. La intervención Judicial debía entregar a la compradora $ ley 60.833.859, correspondiente a lo producido por Norte durante su intervención. Además tenía por cobrar $ ley 195.858.718, y bienes de uso cotizados en $ ley 10.000.000, todo lo cual sumaba $ ley 205.858.718.
Pero a Rousselot le pagaron sólo $ ley 76.536.390, $ ley 50.000.000 en efectivo y $ ley 26.536.390 en nueves cuotas cada una, sin intereses ni indexación.
Se argumentó que la compradora recibió casi gratis el diario por cuanto abonó casi la totalidad del precio de venta con lo que el mismo periódico había producido durante la Intervención.
En 1983, Rousselot inició una batalla judicial, pidiendo reclamando la nulidad de la venta. Los Romero Feris replicaron que el tema ya había prescripto, que ya era cosa juzgada y que el ex dueño carecía de "legitimación activa" para reclamar.
Enorme repercusión causó el 5 de marzo de 1996 una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación descalificando "por vicio de arbitrariedad" un fallo que había dictado el Superior Tribunal de Justicia del Chaco a favor de los dueños actuales.
Dicho fallo, que llevaba las firmas de los jueces Julio S. Nazareno, Eduardo Moliné O´Connor, Augusto César Belluscio, Antonio Boggiano, Adolfo Roberto Vázquez y Guillermo López, le ordenó a la Corte chaqueña dictar un nuevo pronunciamiento.
Lo que sobrevino después de ese fallo, ya es otra historia.
***PERIODISTA-HISTORIADOR