El CELS rechaza el proyecto de regulación de la protesta callejera: "Significa un claro retroceso"
Paula Litvachky, directora del Área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), envió una carta a la presidenta de la Legislatura provincial, Elida Cuesta, para manifestar su rechazo al proyecto de regulación de la protesta callejera impulsado por el Poder Ejecutivo. Remarcó que significa un retroceso sobre lo dispuesto en 2015 por la misma Cámara con la ley 7710 "Criterios mínimos sobre la actuación de los cuerpos policiales y de fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas". Además o comparó la iniciativa con el "protocolo antipiquetes" que el Gobierno nacional difundiera en 2016.
En primer lugar, elogiaron la legislación provincial anterior: "la provincia de Chaco se convirtió en la primera provincia que otorgó rango de ley provincial a los estándares más avanzados que existen en términos de regulación de la actuación policial en contextos de protesta social. La ley adopta los principios que habían sido sistematizados por el Ministerio de Seguridad de la Nación mediante la resolución 210 en el año 2011, resolución a la cual habían adherido la casi totalidad de las provincias argentinas. Chaco fue la única que dio un ejemplo claro de compromiso con la gestión democrática de la conflictividad social al convertir los principios en ley".
Sobre el proyecto de ley que promueve el ejecutivo provincial, señalaron que "constituye un claro retroceso en relación con aquellos estándares alcanzados en 2015". Indicaron varios puntos de desacuerdo con la propuesta "como primera cuestión vale la pena mencionar la total contradicción entre los fundamentos del proyecto, en los que se resalta la importancia de la protesta social como práctica de la democracia (más aún en contextos de crisis social y económica), y el articulado que expresa una visión restrictiva del derecho a la protesta. En la exposición de motivos se destacan las garantías al ejercicio del derecho a la protesta plasmadas en la actual ley de la provincia de Chaco, e incluso en esos fundamentos se citan párrafos de publicaciones del CELS en las que se resalta la importancia de la legislación aprobada en 2015. Pero luego los artículos modifican esa posición en un sentido claramente restrictivo".
Remarcaron que "las modificaciones propuestas presentan un espíritu totalmente contrario la legislación de 2015 y mucho más cercana al tristemente célebre "protocolo antipiquetes" que el gobierno nacional dio a conocer a la prensa en febrero de 2016 y que no tiene vigencia al no haber alcanzado estatus legal. No se entiende, entonces, por qué los fundamentos del proyecto expresan una visión sobre la protesta que luego se ve desmentida y contradicha en el articulado propuesto".
Agregaron que "eliminar la vigencia de los Criterios Mínimos adoptados por ley en 2015 y reemplazarlos por una invocación genérica a la Constitución Nacional, el Código Penal y otras legislaciones de carácter general es una decisión que marcha en la dirección inversa de cualquier proceso de modernización del trabajo policial. La regulación de la actuación de las fuerzas de seguridad no puede descansar únicamente en esas leyes generales. Por eso se desarrollaron instrumentos como los Criterios Mínimos, que obviamente no contradicen a la Constitución y las leyes generales, sino que las especifican, profundizan y aclaran para situaciones muy concretas: aquellas en las que la policía debe garantizar el derecho a la protesta. Cuando las leyes generales son las únicas que rigen, se producen grandes vacíos en las normas de actuación que son llenados por prácticas policiales consuetudinarias o por normativa de la propia institución policial, que no es controlada por las autoridades políticas, los jueces o la sociedad civil.
"Se trata entonces de una ampliación del autogobierno policial", plantearon.
"Por otro lado, la propuesta recoge los peores elementos del mencionado "protocolo antipiquetes" y otros intentos similares en los que se busca regular y limitar el derecho a la protesta, mientras se debilita la regulación de la actuación policial, que debería ser el foco principal de la preocupación del legislador", afirmaron.
Este enfoque además afectaría el trabajo periodístico. "En el mismo sentido, el proyecto se inclina por la peor interpretación del Art. 194 del Código Penal, aquella que considera el corte de rutas un delito sin diferenciar aquellas situaciones en las que está en juego el derecho a la protesta. Con ello se consolidaría un abordaje penal y punitivo de la protesta social. También las limitaciones que se imponen a la actuación de los trabajadores de prensa constituye una medida de profunda gravedad, que afecta no sólo a la libertad de prensa sino al rol central que el trabajo de los periodistas ha tenido en los últimos años para establecer la verdad de los hechos en procesos judiciales importantes en casos represión policial de la protesta. La limitación del trabajo periodístico implica un debilitamiento de la capacidad de la sociedad para controlar la actuación policial", manifestaron.
Para finalizar, expresaron que "desde el CELS esperamos que el Poder Ejecutivo revea su postura y que el Poder Legislativo provincial reconozca el valor de una ley que votó hace escasos tres años, y así se eviten graves regresiones en un terreno en el que Chaco se había puesto a la vanguardia en el país".