Corrientes: condenas de hasta 10 años de prisión para miembros de una red de trata y prostitución
La Justicia Federal en Corrientes condenó hoy a penas de entre ocho y 10 años de prisión a cuatro personas acusadas de operar una red de trata y prostitución y ordenó investigar a funcionarios municipales de Mercedes por las habilitaciones entregadas a tres locales en los que eran explotadas sexualmente las víctimas, según confirmaron fuentes judiciales.
Las condenas recayeron sobre María Yolanda Casco, Sandra Beatriz Cerri e Ismael Piñeiro a ocho años de prisión y Claudette Krewer Ramos a 10, por trata de personas, agravada por mediar abuso de situación de vulnerabilidad, por ser más de tres víctimas y por haberse consumado la explotación.
En el caso de Krewer Ramos el cuadro se vio agravado porque una de las víctimas era menor de 18 años de edad y en otro caso había parentesco, en relación a una sobrina.
En el juicio intervinieron el fiscal general Carlos Schaefer y la fiscal auxiliar Gabriel López Breard, con la colaboración de la procuraduría especializada en trata, Protex.
Aunque había un pedido de condena a ocho años de prisión, la acusada Mirian Cáceres fue absuelta por el tribunal de los jueces Víctor Alonso, Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Ceroleni.
La causa, que fue instruida por la jueza federal Cristina Pozzer Penzo y el fiscal federal de Paso de los Libres, Fabián Martínez, indica que hasta 2014 los acusados mantuvieron en funcionamiento los locales Tango, Casanova y Caprichos, donde explotaron sexualmente a, por lo menos, 21 víctimas de trata en Mercedes.
En sus alegatos, Schaefer y López Breard presentaron como agravantes para los pedidos de condenas "el contexto generado para ejercer violencia de género sobre las víctimas", un detalle que no tiene antecedentes en la Justicia Federal de Corrientes en los tres juicios por trata y prostitución anteriores.
Asimismo, el tribunal resolvió abrir una investigación sobre funcionarios municipales de esa comuna "para conocer si hubo responsabilidad", en torno a las habilitaciones de los locales, especificaron hoy desde el Ministerio Público.
En tanto que fueron decomisados los inmuebles donde funcionaban los prostíbulos.
En sus alegatos, los fiscales de la causa dieron cuenta de la "violencia física y violencia simbólica permanente, manifestada en la comercialización de sus cuerpos y estigmatización mercantil de las víctimas para extraer dinero de sus cuerpos y sexualidad".
La investigación comenzó en febrero de 2014, cuando las 21 mujeres fueron rescatadas de los locales "Tango", "Casanova" y "Caprichos" de Mercedes, a 245 kilómetros de la capital correntina.
Según la instrucción de la causa, los locales funcionaban como una red, con modalidades de sometimiento similares.