Incendio en Zona Sur: el Centro de Atención a las Víctimas de Violencias sospecha del padre de las nenas fallecidas

Lo que parecía ser un simple accidente, una fatalidad que terminó con la vida de Mariza Caballero ese domingo 8 de abril, el martes con Anahí Torres y el jueves con Neryna Torres, ahora comienza a verse como un "incendio premeditado y un triple femicidio".A pesar de que las primeras pericias Instituto de Medicina y Ciencias Forenses establecieron que "no hubo intervención de terceros" en el incendio en la vivienda de avenida Chaco 2160, las profesionales del Centro de Atención a Víctimas de Violencias (CAVV), tienen suficientes elementos como para sospechar del ex esposo de la mujer.Por eso, la abogada Victoria Almirón pidió a la Fiscalía N°6 de Resistencia adjuntar a la investigación un informe del CAVV donde se atendieron desde 2015 las tres mujeres muertas en el siniestro por inhalación de monóxido de carbono.Además, solicitaron también que el Hospital Pediátrico informe a la Fiscalía de lo sucedido durante los días de internación con el grupo familiar ya que el padre que tenía la prohibición de acercamiento a las niñas.
EL CASOMariza y sus hijas vivían en esa casa construida en el patio de la casa del hermano de Gabriel Torres, padre de las niñas. Se había separado hace tiempo, porque él ejercía todo tipo de violencias hacía ellas.Cuando el equipo interdisciplinario de profesionales que asesoraban y contenían a Mariza y a las niñas supieron lo que había ocurrido, automáticamente pensaron en él y el historial de violencia.En el informe que el CAVV presentó a la Fiscalía, se detallan las denuncias al padre de las niñas y ex pareja, Hugo Gabriel Torres, y los indicadores de violencia grave que presentaba el agresor.Además, solicitaron que se investigue por qué nunca fue arrestado dado que "como mínimo hay 5 denuncias de no cumplimiento de las medidas de prohibición de acercamiento extendido por el Juzgado de Familia", afirmó Victoria, abogada del Centro.
LAS DENUNCIASSegún consta en los registros de Fiscalías y Juzgados de Familia del Poder Judicial de la provincia del Chaco, desde 2013, Mariza había iniciado una larga lucha contra Torres.Lo denunció en 2013 por "lesiones" (expediente 99188), lo hizo de nuevo dos veces en 2014 (expedientes 362 y 5522), en 2015 por "amenazas" de acuerdo al expediente 35843.En 2015, la mujer se acercó a la Dirección de Defensa de la Democracia y el Ciudadano para solicitar ayuda por la violencia que sufría.Al año siguiente, lo volvió a denunciar por "amenazas simples" y "desobediencia" ante el Juzgado Correccional Nº3, luego de que Torres violara la perimetral que restringían su acercamiento a ella.La última denuncia data de 2017, también por violencia.Para ese momento, Mariza vivía días de infierno. Las personas que las conocían, sabían que Torres "no las dejaba en paz, las seguía a todas partes, aparecía en la casa, las amenazaba", representaba un peligro real para ellas.Además, incumplía la ordenes de restricción que el Juzgado de Familia Nº1 había interpuesto contra él para que no se acercara a las nenas puesto que también las maltrataba. Por eso, es que las tres asistían desde 2015 al Centro de Asistencia a las Víctimas de Violencia.Sobre el contexto, la psicóloga del CAVV Silvana Pérez (M.P.135) recuerda que "del análisis del caso, de la historia clínica y los antecedentes surge que la paciente presentaba indicadores de violencia creciente por parte del agresor; por eso pedimos que se investiguen las circunstancias del incendio y las causas de qué o quién lo provocó".Con todos los antecedentes penales de Torres, nadie se explica por qué nunca fue detenido. "Independientemente de las intervenciones sociales, jurídicas y terapéuticas que se realizaron, no se logró contener el avasallamiento del agresor. Es función de la Justicia cumplimentar las medidas de prohibición de acercamiento, como también llegar a la verdad real de los hechos como indica el Derecho Procesal Penal", reclamó Almirón.
EL PERFIL PSICOLÓGICOPor su parte, las especialistas remarcaron el hecho de que el agresor, Hugo Gabriel Torres, es ex policía, separado de la Fuerza de Seguridad por homicidio y que durante sus funciones también se desempeñó en la División de Bomberos. "El grado de violencia y perversión del agresor y su lugar de poder aumenta el nivel de vulnerabilidad de las víctimas. Y cuando al fin la víctima logra hacer la denuncia, el Estado no activa los mecanismos de protección. En este caso, el agresor demostró al Sistema Judicial que podía transgredir todas las medidas impuestas", sostuvo Pérez. La víctima de violencia, Mariza Caballero además era portadora de un botón antipánico.
EN EL PEDIÁTRICOHay testigos que lo vieron llegar al Hospital Pediátrico antes de que las niñas llegaran luego del incendio. También afirman que el médico que atendió a Anahí le restringió la visita porque notó que la nena "cada vez que su padre se acercaba tenía taquicardia".
Por otra parte, y pese a que Torres no podía acercarse a las niñas debido a la orden judicial, se instaló en el Pediátrico y no permitía que la familia materna tuviera contacto con las pequeñas, que finalmente fallecieron en el transcurso de la semana.

Acerca del CAVV

El CAVV es un equipo interdisciplinario de profesionales que asisten y acompañan a las víctimas antes, durante y después de la denuncia o situación de emergencia. Se abordan las problemáticas de manera integral, interistitucional y con perspectiva de género, recibiendo derivaciones de todos los organismos públicos y de la sociedad civil.

Las víctimas no necesitan radicar una denuncia previa para asesorarse en el Centro y cualquier persona puede acercarse a consultar sobre los procesos de admisión. 

El CAVV funciona en López y Planes 157 (Resistencia) de lunes a viernes de 7 a 15 hs. Los teléfonos son  0362-4452585 (fijo) 3624747247 (celular).

(*) Periodista.