La Cámara de Diputados de la Nación podría demorar hasta 180 días en tratar el desafuero de Ayala
La Ley de Fueros regula el beneficio en legisladores nacionales, cargo que hoy ostenta Aída Ayala, quien está siendo investigada en la causa Lavado II y sobre quien pesa un pedido de detención de la Fiscalía Federal.
Se trata de la Ley 25.320, la cual fue modificada por última vez en el 2000, durante el gobierno de Fernando De La Rúa. Entre otras cosas, prohíbe el allanamiento de los domicilios y oficinas de legisladores nacionales.
Tras la decisión del fiscal federal Patricio Sabadini, de solicitar a la jueza federal Zunilda Niremperger la detención de la diputada nacional Aída Ayala. Para poder efectuarse esa medida, Ayala debería perder sus fueros de legisladora, algo que deciden sus pares.
La Ley de Fueros establece el régimen de inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados y reglamenta el artículo 68 de la Constitución. Fue promulgada en el 2000, tras un escándalo por supuestos sobornos del Ejecutivo a Senadores.
Dicho artículo expresa que "Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador".
Además, está complementado con los artículos 69 y 70, los que indican que los legisladores "no pueden ser arrestados, salvo en caso de ser sorprendidos in fraganti" y que "pueden ser suspendidos en sus funciones con la aprobación de cada Cámara, con dos tercios de votos", respectivamente.
Al respecto, la ley 25.320 establece que, en los casos en que haya abierta una causa penal contra un legislador, funcionario o magistrado, la Justicia debe continuar el procedimiento "hasta su total conclusión".
De todas formas, aclara que "no se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la Cámara" (Diputados o Senadores, según corresponda).
Otra facultad de la ley es impedir el arresto del legislador "hasta tanto el imputado no sea separado de su cargo".
De esta manera, la ley establece que la solicitud de desafuero debe ser tratada por la Comisión de Asuntos Institucionales –hoy presidida por Pablo Tonelli, de Cambiemos-, la cual tiene un plazo de 60 día para emitir dictamen, es decir que debe contar con la mitad más uno de las firmas de los que integran dicha comisión.
Por su parte, la Cámara tiene el deber de tratar la causa dentro de los 180 días de ingreso por más que no exista un dictamen de la comisión.
Por último, expresa que el llamado a indagatoria "no se considera medida restrictiva de la libertad", pero aclara que en caso de que el acusado no se presentara "el tribunal deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político".