La corrupción será el plato fuerte de una Cumbre de las Américas sin Trump
La Cumbre de las Américas que comienza mañana en Lima tendrá como objetivo declarado tratar de acordar medidas conjuntas de combate a la corrupción, en medio de una crisis de confianza en la política y la democracia, en especial en América Latina, bajo la sombra de Odebrecht, el Lava Jato y otros escándalos.
Desde el anfitrión, Perú, a la Argentina y México, pasando por Brasil, Colombia y Venezuela, el soborno, el conflicto de intereses o el manejo opaco del dinero público son males endémicos de larga data de una región que ha respondido con extremos, o haciendo la vista gorda o rasgando sus vestiduras, no con soluciones de fondo.
Además, importantes políticos investigados o condenados por corrupción, tanto de izquierda como de derecha, han denunciado una Justicia politizada, ayudando a exacerbar el descreimiento de la ciudadanía en la independencia del poder del Estado cuya misión es, precisamente, perseguir y castigar a los corruptos.
El desapego a las instituciones y la frustración con la democracia han ido en alza en este contexto, así como el porcentaje de latinoamericanos dispuesto a evadir impuestos por la falta de confianza en la gestión de esos fondos.
Según la última encuesta de Latinbarómetro, de octubre de 2017, la caída del apoyo a la democracia en la región lleva cinco años consecutivos, y solo el 53% de los ciudadanos consultados apoya este régimen de gobierno.
Esta semana, la OCDE y la Cepal advirtieron en un informe que tres de cada cuatro latinoamericanos tienen poca o ninguna confianza en sus gobiernos y que alrededor de un 80% cree que la corrupción está extendida en las instituciones públicas.
Perú es un ejemplo de los efectos nocivos de la corrupción, un país que no imaginaba, al ser elegido sede de la cumbre, en 2015, que llegaría al evento con toda su clase política en entredicho, con un expresidente renunciado, uno preso, uno prófugo y otro investigado por Odebrecht, además de otro beneficiado con un indulto escandaloso.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, esa empresa constructora brasileña creó en los últimos 20 años el esquema de corrupción quizás más grande del mundo, canalizando sobornos por unos 800 millones de dólares a funcionarios de 12 países -10 de ellos latinoamericanos- a cambio de contrataciones públicas.
La megacausa es un desprendimiento del escándalo de corrupción brasileño Lava Jato, por el cual acaba de ser encarcelado el expresidente de Brasil Luis Inácio Lula da Silva, el político más popular de Brasil y el primer ex mandatario de su país en ser condenado por sobornos.
La tormenta se llevó puesto también al expresidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski, que renunció un día antes de que los diputados votaran su destitución luego de que Odebrecht revelara que había pagado 4,8 millones de dólares a dos firmas de asesoría vinculadas al mandatario, el primero en ejercicio en dimitir por el escándalo.
Meses antes de su renuncia de fines de marzo, en vísperas de la última Navidad, tomó la polémica decisión de indultar por cuestiones de salud al ex presidente Alberto Fujimori, quien cumplía 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.
Kuzcynski alegó razones humanitarias, pero la sospecha es que pagó así el voto de Kenji Fujimori, hijo del beneficiado, y otros nueve diputados, que días antes lo había salvado de un primer intento del Congreso de aprobar su cese.
En Brasil, más de 40 legisladores están implicados en el Lava Jato. Además de Lula, condenado a 12 años de prisión, el presidente Michele Temer sorteó un juicio político el año pasado y será investigado a partir del año próximo, una vez termine su mandato, luego de que empresarios lo acusaran de pedir contribuciones ilegales para su partido.
En la Argentina la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner está procesada por lavado de activos y asociación ilícita. Fernández se ha declarado inocente y dice que todas las causas en su contra son parte de una persecución política.
Lo mismo afirma el expresidente peruano Alejandro Toledo, cuya extradición desde Estados Unidos reclama Perú para juzgarlo por acusaciones de haber recibido sobornos de Odebrecht.
El exvicepresidente argentino Amado Boudou, en tanto, está procesado por presunto lavado de activos en el caso de la adquisición de la imprenta Ciccone.
La constructora Odebrecht admitió haber pagado al menos 98 millones de dólares en sobornos en Venezuela, 35 en Argentina, 28 en Perú, 11 en Colombia y 10,5 en México.
En Guatemala el expresidente Otto Pérez de Molina está en prisión preventiva por varios casos de corrupción, y el actual, Jimmy Morales, ha sido acusado de financiación ilegal de su campaña.
En Ecuador, el exvicepresidente Jorge Glas fue condenado en diciembre pasado a seis años de prisión acusado de integrar una asociación ilícita que recibió 33,5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht.
En Brasil, además, los expresidentes José Sarney, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso y Dilma Rousseff, han sido mencionados por diversos delitos, especialmente financiación ilegal de campañas.