¿Tiene mayor rango constitucional el derecho a huelga que el derecho a la educación?
En los días previos al inicio del ciclo lectivo del corriente año ya se empieza a leer en los principales titulares de los diarios impresos y digitales sobre la amenaza de los gremios docentes a no iniciar las clases.
Muchos dirán que están en su derecho pues el art. 14 bis (de factura radical en la reforma de 1957 de la C.N.) les reconoce el derecho a huelga.
Pero dentro de mí se plantea el interrogante si ese derecho es superior al Derecho de un niño a recibir Educación reconocidos en la Declaración Universal de Derechos del Hombre; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y/o la Convención Americana sobre Derechos Humanos que nuestro país suscribió e incorporó en el articulado de la Constitución, adquiriendo éstos carácter de normas básicas aplicables en nuestro suelo.
En efecto, el art 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a la educación, que debe ser gratuita al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y que será obligatoria.
Que esa educación tendrá como objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos.
Además dice que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
¿En verdad consideran que en nuestro país cumplimos con ese compromiso? ¿En verdad el Derecho de Huelga con retiro de los lugares de trabajo es un derecho superior al de la educación de un niño? ¿En verdad es el único camino para hacer valer derechos de los trabajadores aún en desmedro de la calidad de vida presente y futura de nuestros compatriotas?
Creo que ha llegado el momento de decir basta, de poner las cartas sobre la mesa, de priorizar algunos valores que nos hagan mejorar como sociedad y por fin erigirnos como un país comprometido con el desarrollo de sus habitantes.
El hecho de protestar sin la contraprestación de horas de trabajo y sin voluntad de ceder pretensiones (justas o no) en pos de sanear una educación en decadencia hace varios años es óbice para que nuestros niños y adolescentes puedan defenderse ante un mundo cada vez más competitivo, y creo –sin miedo a equivocarme- que está caduco.
Sin la buena voluntad de todos los sectores involucrados no se vislumbra una solución, ni siquiera la cabecera del camino que nos lleve, -sin más demora- a cerrar la terrible grieta que nos divide como sociedad, ya no solamente en lo ideológico, sino en las oportunidades que cada uno de nuestros hijos se merece.
Siendo la Educación –junto a la Salud- la obligación principal del Estado, un Derecho Constitucional básico y la única garantía de un futuro mejor en lo individual y colectivo es necesario que el Señor Gobernador se involucre personalmente en el tema de negociación con los Sindicatos Docentes en procura de garantizar el inicio del año lectivo.- Si no es esta una cuestión que merece su atención no imagino cual podría ser.
La Gobernadora Vidal no duda en sentarse a negociar con Baradel y compañía, a fin de evitar que los niños y jóvenes sean los rehenes de los reclamos sectoriales, lo mismo ocurre con el Gobernador Cornejo de Mendoza y los gremios de su provincia.- Bueno sería imitar ese ejemplo.
De nuevo cabe preguntarse ¿tiene mayor rango constitucional el derecho a huelga que el derecho a la educación?
La Constitución es patrimonio de todos, razón por la cual nadie (llámese mayoría, facción o segmento) puede meterle mano o considerarse superior, ya que en ese caso estaríamos ante una ruptura ilegítima del pacto de convivencia que le dio origen.
(*) Presidente del Comité Provincial de la UCR – Chaco