Por qué es Inconstitucional la reciente ley de reducción jubilatoria

La reciente norma sancionada por el Congreso de la Nación, luego de haber recorrido sendas Cámaras Legislativas, es inconstitucional y no puede ser concebida en otras conceptualizaciones jurídicas por resultar contraria a la Constitución Nacional, a los Tratados Internacionales suscritos por Argentina y por ello con rango constitucional, y al Código Civil y Comercial; todo ello sin perjuicio de haber sido precedida de un trámite grotesco, que obviamente llevaría al resultado expuesto.-

No puede ser de otra manera.-

Los discursos políticos no alcanzan a dotar a la ley de la constitucionalidad que exige nuestro derecho. Tampoco sirven las bravuconadas de quiénes deben ocuparse de defender los derechos de los ciudadanos. No alcanza con haber logrado mayoría para aprobar una ley. Si sólo eso fuera suficiente, estamos recorriendo un pésimo camino.-

Volviendo a la cuestión jurídica comencemos por señalar que el art 75 inc 23 de la Carta Magna establece el principio de Progresividad y el art 14 bis el de Integralidad, Irrenunciabilidad y Mobilidad Jubilatoria; el art 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos –con rango constitucional por aplicación del art 75 inc 22; y finalmente el art  7 del Código Civil y Comercial que prohíbe la retroactividad de la ley.-

Cuando escuchamos decir que se vulnera un "derecho adquirido" es porque el haber jubilatorio, en su integralidad, ha pasado a formar parte de patrimonio de su titular, y ello no puede ser afectado; es el límite a la potestad administrativa. Hacerlo para solventar Gobiernos Provinciales o para corregir defectos de gestión, es totalmente arbitrario. Como lo es cargar a los jubilados pensionados beneficiarios de la AUH ex combatientes con las consecuencias de las pésimas gestiones. Para comprender lo añejo del principio debemos remontarnos al Fallo "Carman de Canton" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación año 1936 –Fallos 175:368-

Si la nueva fórmula de actualización implica una merma en el haber jubilatorio, la misma es inconstitucional. No interesa si lo anterior estaba bien o mal, sino si lo propuesto rebaja lo anterior. Es tan simple como una fórmula de cálculo. Si el nuevo mecanismo arroja un resultado inferior es inconstitucional.-

Esta ley destruye pilares del sistema jubilatorio: el haber de retiro es INRRENUNCIABLE, por lo que no puede pagarse menos. Es INTEGRAL por lo que no puede ser objeto de recortes. Es MOVIL por lo que solo desde el absurdo puede pensarse en una mobilidad a la baja, mucho menos si la quita es para solventar los Gobiernos Provinciales o déficits de gestión..

Peor aún: los fondos de las cajas jubilatorias son de los jubilados y pensionados. No es posible aceptar que por acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobernadores les quiten éstos fondos a los dueños y se los pasen a las Provincias. De aceptar estos procedimientos, que impediría que luego se vuelvan a poner de acuerdo y le quiten parte de los fondos a las Cajas Provinciales no transferidas como el INSSSEP. El abanico de posibilidades es infinito y sólo basta un poco de imaginación.-

El Procurador del Tesoro de la Nación emitió dictamen a favor de la ley, alegando que se trataba del cambio de una fórmula o el modo de cálculo. Muy poco esfuerzo ha realizado el Funcionario, toda vez que aún en ese supuesto, si el modo de calcular arroja un menor haber de retiro, la ley es Inconstitucional, mucho más cuando la arbitrariedad respecto del destino de los fondos es manifiesta. Pero además el Sr Procurador omitió lo que es de toda lógica: el Gobierno Nacional ofreció un Bono Compensador, por lo que esta clara la quita en el haber de retiro.

Políticamente puede justificarse lo injustificable, pero jurídicamente debe respetarse la Carta Magna.-

Seguramente se generarán un gran cantidad de contiendas judiciales, amparos y medidas cautelares y otras, y los costos de las mismas en definitiva se trasladarán a los ciudadanos. Seguramente escucharemos discursos referidos a la industria del juicios, etc, etc, cuando en verdad es el estado el verdadero generador de las contiendas.

Cualquier camino que se recorra, cercenando derechos adquiridos de sectores de la población no puede nunca ser bienvenido, ni debe ser aplaudido por los funcionarios de turno. Más bien debe movernos a la reflexión y a la memoria.-

(*) Abogado - Estudio Jurídico Piñero&Moreira.