Intensa jornada de trabajo en la Legislatura
Por unanimidad se sancionó la Ley 2719-E de autoría de la ex legisladora Mariel Gersel con agregado de la diputada Celeste Segovia, por el que se crea la Sección de Equipos de Apoyo y Orientación Escolar, en el ámbito del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, la cual estará conformada por un equipo central del cual dependerán los equipos regionales ubicados en cada Regional Educativa.
Los Equipos estarán destinados a proveer apoyo técnico profesional en los establecimientos educacionales públicos y privados de todos los niveles y modalidades, los que son considerados parte del sistema educativo con un rol y modos de intervención complementarios a la tarea docente.
Estarán integrados por profesionales de distintas disciplinas, entre otras, psicopedagogos, pedagogo, psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales y otras ciencias de la educación que colaboren con los fundamentos de la política educativa actual.
La norma detalla los fines y funciones de los Equipos, y determina que el Equipo de Apoyo y Orientación Escolar Central tendrá su asiento permanente en la ciudad capital de la provincia, del cual dependerán los Equipos de Apoyo y Orientación Escolar Regionales.
Tendrá como función asesorar, orientar y acompañar a los Equipos de Apoyo y Orientación Escolar Regionales, así como coordinar, supervisar y dar seguimiento a la tarea desarrollada por los mismos.
Los Equipos Regionales tendrán su asiento permanente en la ciudad donde desarrollen sus funciones el/la Director/a de la Región Educativa y debiendo trasladarse a los centros educativos que demanden sus servicios.
La Ley establece que la intervención de los Equipos tanto Central como Regionales, se establecerá en la reglamentación de la presente ley. Dicha intervención podrá ser solicitada en forma directa tanto al Equipo Central, Regional o siguiendo la vía jerárquica administrativa correspondiste. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, el que determinará la conformación de los Equipos de Apoyo y Orientación Escolar, según las demandas de cada Región Educativa, teniendo como prioridad las comunidades y escuelas con población escolar efectiva o potencial de alto riesgo educativo.
Los Equipos Regionales dependerán técnica y operativamente del Equipo de Apoyo y Orientación Escolar Central, y ambos dependerán administrativa y presupuestariamente del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
En el recinto, la diputada Celeste Segovia explicó "en primer lugar quiero destacar que este proyecto de ley fue iniciado hace dos años por la diputada Mariel Gersel que en ese momento era presidente de la Comisión de Educación, luego por impulso e iniciativa de las profesionales que nos acompañan hoy se dio una nueva forma a este proyecto legislativo, que intenta modificar la ley 7093 de establecimiento de gabinetes interdisciplinarios que intervienen en situaciones de conflicto en escuelas e instituciones educativas".
"Es un proyecto de ley que ha sido trabajado arduamente junto con el Ministerio de Educación –señaló- con el Subsecretario Carlos Pereyra y por supuesto con el gran aporte de las profesionales Kiria Gover, Inés Simón y Mariana Vergara a quienes agradezco el trabajo que han realizado en este año para que nosotros podamos estar tratando este despacho", y reconoció, además, la tarea de la Comisión de Educación "que emitió un dictamen unánime que se va a considerar por el cuerpo, y fundamentalmente de su secretaria Andrea Gialdroni que ha trabajado incansablemente para obtener los informes y el expediente completo".
La Ley 2722-I, autoría de los diputados Roy Nikisch y Hugo Sager, prorroga la vigencia de la ley 2586-I (Antes Ley 7981) que prorrogaba, a su vez la Ley de Emergencia Agropecuaria, a partir del vencimiento de ésta y hasta el 31 de marzo de 2018. Asimismo, se declaran revalidados los certificados de emergencia que hubieren sido extendidos por el Ministerio de Producción en el marco de la Ley 5540, sus modificatorias y prórrogas.
El diputado Hugo Sager fundamentó la iniciativa en el Recinto, recordó que "la Ley 2586-I establecía un vencimiento al 30 de noviembre del corriente año de la emergencia agropecuaria, establecida en la Ley 5540" en ese sentido, señaló que "originalmente esta ley fue aprobada como 5540 y en su artículo 6º establecía un plazo de vigencia, a partir de ella se sucedieron prórrogas hasta la Ley 7981 que fue la última".
El legislador apuntó que en la aprobación de las sucesivas prórrogas "hicimos el compromiso de avanzar con la documentación, de alcanzar la información necesaria para establecer cuáles son los productores que todavía quedan en las condiciones originales en las que se votó, y en la ultima reunión de la comisión de emergencia la solicitud de prórroga fue planteada por el Ministerio de la Producción, fue recepcionada por quien les habla y por el diputado Nikisch, con la salvedad que pretendemos que en este lapso se transparente la lista con nombres y apellidos de los que deben estar comprendidos".
"Esta Legislatura –apuntó- ha dado muestras de ser sensibles a la situación de los pequeños y medianos productores, esta transparencia en cuanto a quienes pueden estar considerados es un compromiso que se asumió por parte de las autoridades y quienes representan a estas entidades".
La Ley 2723-P del diputado Rubén Guillón, establece "la preservación, protección y tutela de los cementerios rurales localizados en propiedades privadas, declarándose a los mismos sitios protegidos en todas las colonias y parajes de la jurisdicción de la provincia". Los mismos deberán ser de acceso libre para todos los interesados, en el marco de lo establecido en la Ley Orgánica Municipal.
La norma determina que a cada municipalidad por competencia en razón de su zona de influencia asignada por ley, le corresponderá: Recopilar y sistematizar la información sobre todos los sitios comprendidos por la ley; comunicar inmediatamente sobre su existencia a los titulares registrales, poseedores de dominio o tenedores de cualquier título de las propiedades privadas que los contienen; implementar mecanismos necesarios para la mensura e identificación de manera ostensible para la comunidad; dictar reglamentaciones que regulen el ordenamiento interno e identificación de los difuntos del cementerio rural en cuestión.
Dispondrán también en acuerdo con el propietario los accesos necesarios para el goce de los cementerios existentes a los interesados y público en general; solicitarán formalmente la compra o expropiación de los terrenos afectados actualmente como cementerio rural, tomándose los recaudos de posterior crecimiento en cuanto a la superficie a disponer.
Cada municipio podrá establecer exenciones en el pago de impuestos y/o tasas que pudiesen gravar en consecuencia y arbitrará todos los medios y medidas a efectos de garantizar el resguardo y custodia de los cementerios rurales en cuestión.
El diputado Rubén Guillón explicó que la iniciativa "tiene que ver con una situación que todos vemos, en cada colonia y paraje existen cementerios con consentimiento tácito de los dueños de los campos, las familias campesinas tiene como costumbre visitar a sus familiares fallecidos, y en estos últimos tiempos se dieron dificultades, porque los dueños han fallecidos y sus herederos impiden el paso para visitar y limpiar las tumbas".
El legislador explicó que "la Constitución Provincial establece la competencia municipal en todo lo atinente a esto, y la Ley Orgánica de los Municipios establece la competencia de los concejos, pero tenemos un vacío legal en lo relativo a cementerios rurales, porque están fuera del ejido municipal, por lo que fue necesario plantear esta cobertura legal extendiendo la competencia a los municipios que se adhieran para que se pueda garantizar el acceso a los familiares, y garantizar también el derecho de la propiedad privada".
El diputado Hugo Sager manifestó el respaldo del Bloque Justicialista y señaló: "es bueno que podamos sancionar una ley que esté por encima de la voluntad del Gobierno Municipal de turno, de cumplimiento obligatorio, porque le va a dar a los familiares de los que estén allí sepultados la posibilidad de visitarlos".
El diputado Raúl Acosta acompañó desde el Bloque de la Concertación FORJA y agregó: "acá pareciera ser que los personajes de plata se creen dueños de los pasos y caminos, de la vida de la gente, hay muchos casos no solamente de los cementerios criollos sino de los indígenas, a los que les siembran encima, en algunos casos no dejan pasara a la gente ni para ir a las escuelas, creo que tenemos seguir avanzando en muchas cuestiones en este sentido".
Carim Peche expresó desde el Interbloque Cambiemos: "es muy productivo y muy interesante el proyecto de Guillón, los que hemos sido intendentes sabemos que esta es una realidad que ocurre en diferentes localidades".
El diputado Orlando Charole destacó que "el autor de la normativa prevé la implementación de los mecanismos de la mensura, lo que va a ayudar a que se resuelva la cuestión".
La diputada Claudia González sostuvo que "es un proyecto muy valioso, pero me hubiera gustado que este proyecto se pasara a la comisión de pueblos originarios, donde podíamos aportar ya que se trata en muchos casos de sitios protegidos y sagrados" y consideró pertinente "que se incluyan como sitios sagrados para las comunidades originarias, de esa manera voy a votar".
Roberto Bracone felicitó al autor de la iniciativa "porque esta poniendo en practica el ser chaqueño, sin hacer diferencias, es un lujo esta ley que nos abraza a todos y cada uno de los que nacimos en esta provincia".
El diputado Ricardo Sánchez aclaró a la diputada González "que en nuestra legislación nacional ya tenemos una ley de protección y tutela de los sitios ancestrales originarios, y ahí se refiera específicamente a los lugares de descanso de difuntos de pueblos originarios, esta ley es una ley general relativa a los cementerios rurales, que no todos tienen difuntos de los pueblos originarios, no correspondería el pase a la comisión de pueblos indígenas".
El diputado Hugo Domínguez observó que "si bien nos parece importante el proyecto entendemos que le faltan algunos informes", postura que reforzó la diputada Mariana Salom que señaló "es verdad que esta el informe de la Subsecretaría de Municipios pero faltan los demás que se han solicitado, es el motivo por el cual solicitamos la permanencia en cartera".
Finalmente, al momento de la votación la norma fue aprobada por 24 votos de ambas bancadas, mientras que los diputados González, Domínguez y Salom votaron la permanencia en cartera.
En la sesión ordinaria Nº 34, el Poder Legislativo del Chaco, sancionó la normativa 2726-E, el que contó con 22 votos afirmativos, iniciativa que fuera impulsada por la diputada Viviana Damilano Grivarello por el que se creó en el Chaco el programa de educación para el Consumo, destinados a alumnos de nivel inicial, primario, secundario y docentes del Sistema Educativo de la Provincia.
La nueva legislación provincial, tendrá como objetivos generales, para este Programa: colaborar en la introducción de la temática del consumo en las escuelas y la capacitación a los docentes; contribuir a mejorar las condiciones en que se producen las relaciones entre proveedores y consumidores en el mercado y a promover una ciudadanía activa, conocedora y respetuosa de sus derechos y comprometida con un consumo socialmente sustentable.
Además la normativa dispone que dicho programa aporta cuatro aspectos fundamentales para cualquier proyecto de desarrollo que priorice la calidad y el nivel de vida de las personas, y que son la equidad social, el crecimiento económico sostenido en el desarrollo, la sustentabilidad ambiental y social y la construcción de una ciudadanía comprometida y participativa.
Como objetivos específicos que persigue la Educación para el Consumo podrían sintetizarse en: Promover la adquisición de conceptos claros por parte de los alumnos y docentes acerca de la condición de consumidor, los derechos y responsabilidades y los mecanismos de que disponen para actuar como consumidores informados; Difundir procedimientos que permitan investigar la realidad, practicar el análisis, la crítica y la discusión de los fenómenos de consumo; Informar acerca de las formas más seguras de utilización de los bienes y servicios que consume.
Así como además, alentar la autonomía de los alumnos y docentes a efectos de tomar decisiones de consumo y de resolver eventuales problemas; Promover actitudes positivas ante la propia formación como consumidor, generando conductas solidarias, de justicia social, brindando información en el seno de su entorno cercano, familiar y social; Generar un compromiso crítico ante la degradación ambiental y de respeto por las leyes que rigen la convivencia en el ámbito de las relaciones de consumo.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en coordinación con el Ministerio de Industria, Comercio y Servicios, a través de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor.
Al momento de fundamentar la propuesta, su autora Viviana Damilano Grivarello destacó que "este proyecto se enmarca en el programa analítico que viene ejerciendo la subsecretaria de comercio interior, en diferentes niveles, en educación inicial, primaria y secundaria, y capacitación para docentes" en este sentido explicó que la nueva normativa "consiste en que al convertirse en un programa los docentes se van a capacitar y van a desarrollar en todos los establecimientos de la provincia, ya que hasta el momento subsecretaria de comercio interior lo realiza en donde ellos pueden hacerlo y hasta donde alcanzan"
"Quiero felicitar a esta subsecretaria, por la tarea que viene realizando desde el sector, porque nosotros no hemos sido educado como consumidores responsables, no hemos sido informado en como adquirir la información, por lo que queremos valorar la educación, en formar ciudadanos críticos y responsables" manifestó Damilano.
Explicando los objetivos perseguidos por la iniciativa que impulsara "consisten en la promoción de los conceptos claros, de la condición del consumidor y los mecanismos para actuar como consumidores informados, alentar la autonomía de ellos a los efectos de tomar decisión de consumos, promover actitudes positivas como consumidores, la educación para el consumo trae un mejoramiento de la calidad de vida, ya en nuestra constitución nacional y en la provincial indican que el estado debe garantir los derechos de consumidor y usuario por lo que creo que esta ley, con el trabajo de la subsecretaría y desde la comisión".
"Esta es una herramienta más de las tantas que estamos dando, para que sean conocidos desde muy chicos y primero por los docentes" valoró la legisladora.
Desde el inter bloque Cambiemos, el diputado Gustavo Corradi manifestó su apoyo y acompañamiento de todo su bloque a la iniciativa valoró "entendemos que el consumo no es algo personal sino que involucra a toda la sociedad, por lo que el estado debe estar presente, y la única forma es enseñando, por lo que apoyo la propuesta de la diputada".
La Ley 2724-A, remitida por el Poder Ejecutivo, establece un incremento acumulativo a las escalas salariales vigentes correspondiente al Escalafón del Personal Especializado de la Dirección de Aeronáutica, a partir de julio (4%), agosto (1,5%) y septiembre (1,5%) del corriente año.
En el mismo sentido, la Ley 2725-A fija a partir del 1 de agosto de 2017, el Valor Índice Uno (1) para determinar las remuneraciones del personal docente comprendido en la Ley Nº 647-E (antes ley 3529) –Estatuto del Docente– en la suma de $3,18432708.
En ambos casos, se trata de incrementos salariales acordados por el Poder Ejecutivo con las distintas jurisdicciones, en el marco de la política salarial prevista para el año en curso.
DIPUTADOS DE DISTINTAS BANCADAS ACOMPAÑAN LA MARCHA CONTRA LA REFORMA LABORAL
Con el respaldo de los legisladores del Frente Grande, Justicialismo, Concertación FORJA, y Libres del Sur, se aprobó la Resolución 2763/17 autoría del diputado Daniel Trabalón, acompañado por el Vicepresidente 1ro. Raúl Policarpo Acosta, y los diputados Orlando Charole y Carlos Martinez, por la que se expresa acompañamiento a la marcha impulsada por diferentes organizaciones gremiales al Congreso de la Nación en rechazo a la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno Nacional.
La resolución resalta que "los trabajadores organizados en diferentes corrientes sindicales promueven una amplia convocatoria a organizaciones sociales, políticas, movimientos cooperativos, y Pymes para rechazarla política de ajuste y precarización laboral que se pretende implementar en nuestro país".
En los fundamentos, el autor señala que "desde nuestro espacio legislativo acompañamos la marcha programada para repudiar la reforma laboral que busca llevar a cabo el Gobierno Nacional buscando una nueva flexibilización laboral dentro de sus políticas de ajustes a los sectores populares de nuestra sociedad como son los obreros y trabajadores buscando la quita de derechos laborales en beneficios de los grupos concentrados".
El legislador detalla las críticas formuladas al proyecto: "La reforma abarata las indemnizaciones por despido, al excluir de su base de cálculo el aguinaldo y los bonos. Esto licúa su poder disuasorio. Insiste en el fraude laboral de las pasantías, que convierten al empleo joven en precario. Limita el principio de irrenunciabilidad de derechos adquiridos, facilitando que los trabajadores sean presionados para ceder mejoras. Elimina la corresponsabilidad de las empresas que tercerizan, lo que afecta tanto a derechos de los empleados como al modelo sindical por actividad. Y permite la creación de fondos de despido a costa del trabajador".
El interbloque Cambiemos, en tanto, mocionó la permanencia en cartera de la iniciativa de resolución.
La Ley 2721-A sancionada por unanimidad del cuerpo legislativo, asigna el carácter de Letrado al Juzgado de Paz y Faltas de Pampa del Infierno; a cargo de un Juez y de dos Secretarios, todos con título de abogado.
La norma, iniciativa de los diputados de la UCR Gustavo Corradi y Carim Peche, establece que el Juez de Paz y Faltas y los secretarios de dicho Juzgado, quedan equiparados al Juez y secretario del Juzgado de Primera Instancia respectivamente, en cuanto a la escala de remuneraciones y demás prerrogativas legales que correspondan a cada uno.
Modifica, a su vez, el escalafón y la estructura de cargos de la Jurisdicción 09: Poder Judicial, incorporando a la categoría 4 del Nivel I: Magistrados y Funcionarios, los cargos de Juez de Paz y Faltas de la Localidad mencionada, con un porcentual de Ochenta y Dos por ciento (82%) y los cargos de Secretario de Juzgado Paz y Faltas la categoría 8: Secretario de Primera Instancia, con un porcentual de sesenta y tres con cincuenta por ciento (63,50%) de acuerdo con la escala de sueldos vigente del Poder Judicial.
El Superior Tribunal de Justicia arbitrará las medidas legales pertinentes para el cumplimiento de la presente ley, al momento que se cuente con la partida presupuestaria correspondiente, la que se imputará al presupuesto de la Jurisdicción 09: Poder Judicial.
La Presidenta de la Comisión de Legislación General, Justicia y Seguridad, Elda Pértile, explicó que la iniciativa tuvo despacho favorable unánime, tiene informes favorables del Consejo de Abogados de Resistencia, del Colegio de Sáenz Peña, de la Asociación de Funcionarios y Magistrados, y del STJ".
En tanto, el coautor de la iniciativa, Gustavo Corradi, explicó que la misma apunta a "concretar en forma especifica el derecho a la jurisdicción como garantía de que la justicia llegue a todos los ciudadanos, como lo decía la presidenta de la comisión, hay un trabajo muy extenso por parte del STJ y de las asociaciones" y observó que "Pampa del Infierno asciende a mas de 30 mil habitantes, es decir que están los elementos para que en este momento se pueda declarar al juzgado de paz, juzgado de primera instancia a cargo de un juez y de dos secretarios".
El diputado Ricardo Sánchez expresó el respaldo del Bloque Justicialista y observó: "la verdad es una tarea de recategorización que deberíamos llevar adelante por muchos más juzgados, pero celebro participar de esta votación que pone en este caso al juzgado de Pampa del Infierno en el lugar que corresponde". Señaló: "venimos dándole a los juzgados de paz competencia, en todo lo que tiene que ver con cuestiones de violencia de género, con el patronato de liberados, y la tarea conciliatoria, este es un acto de estricta justicia, y una manera de reconocer la tarea que hace el juzgado de esta localidad".