De Vido sumó un nuevo pedido de desafuero para ir a prisión
El exministro de Planificación Federal Julio De Vido sumó hoy un nuevo pedido de desafuero de la Cámara de Diputados para que se proceda a su inmediata prisión preventiva, luego de que fuera procesado en una causa que investiga presuntos sobreprecios en la compra de gas licuado entre 2008 y 2015.
La decisión fue del juez federal Claudio Bonadio, quien dispuso además la "inmediata detención" de Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio y hombre de máxima confianza de De Vido, que fue finalmente apresado en horas de la tarde en su domicilio del barrio porteño de Belgrano.
En su fallo, Bonadio resolvió trabar un embargo por 1.000 millones de pesos cada uno y también procesó sin prisión preventiva al exsecretario de Energia Daniel Cameron y al exministro de Obras Publicas durante el menemismo Roberto Dromi, quien intervino en las operaciones como asesor.
El pedido de desafuero de De Vido a la Cámara de Diputados se suma al ya emitido el pasado martes por el juez federal Luis Rodríguez en otra causa, que lo investiga por una presunta defraudación millonaria con fondos destinados a obras en el Yacimiento Carbonífero Río Turbio y que comenzará a tratarse el próximo martes.
En este nuevo expediente, De Vido y su ex mano derecha están acusados de haber participado en una "maniobra defraudatoria llevada a cabo en el marco de la importación de gas natural licuado realizada durante los años 2008 a 2015 por el Ministerio de Planificación Federal".
A través de esa maniobra, por la que arribaron al puerto de Bahía Blanca un total 232 barcos con GNL y al de Escobar 265, "se generó un perjuicio económico a las arcas del Estado" de aproximadamente 6.995 millones de dólares, "pues el precio por el que se abonó fue superior a los valores de mercado", indicó Bonadio.
Precisamente, Baratta, mano derecha de De Vido en el Ministerio, tuvo un rol clave en la adquisición de esos cargamentos que llegaban en barcos y que eran regasificados para su uso local: estaba a cargo de la Subsecretaría de Control y Gestión, que era una de las partes que conformaban el Programa de Energía Total (PET) lanzado por el Gobierno en 2007 para hacer frente a la crisis energética.
"Las pruebas reunidas dan cuenta que De Vido y Baratta idearon y conformaron semejante estructura para importar GNL utilizando a ENARSA en una primer etapa para gestionar, adjudicar y pagar los cargamentos de GNL y luego tercerizando el proceso en otra empresa, YPF, y a su vez conformada en parte por personal inidóneo que intervino en este proceso más por sus vínculos con autoridades del gobierno de turno que por sus conocimientos en la materia", señaló Bonadio en su fallo.
Y argumentó que "las características particulares de los hechos que se le enrostran y el actual estado de la investigación, configuran una desfavorable impresión sobre las condiciones personales de De Vido y Baratta y permiten concluir que en caso de concedérsele la libertad, no habrán de someterse a la actuación de la justicia" e "intentarán eludir el accionar de ésta; como también la entorpecerán".
"Es de destacar que De Vido y Baratta se presentan en el hecho por el cual son procesados como las personas que diagramaron y mantuvieron en el tiempo la maniobra mediante la cual se perjudicó las arcas del Estado con la intervención de otros funcionarios que dependían de ellos como de empresas privadas que deben ser investigadas en profundidad", remarcó el juez.
A comienzos de mes, De Vido había presentado un escrito ante el Juzgado de Bonadio en el que había negado que se hubiera ocasionado una defraudación al Estado argentino con la compra de gas licuado durante su gestión para abastecer al mercado interno y pedido su sobreseimiento.
"La presente investigación adolece de falencias estructurales, consecuencia del evidente desconocimiento respecto del mercado del GNL a nivel tanto nacional como internacional", sostuvo el diputado en ese escrito, pues se negó a contestar preguntas del Juzgado.
Y agregó que, de hecho, esas mismas operatorias que son investigadas, "no sólo contaron con los mecanismos propios de control de la propia Administración Nacional –Unidad Interna dependiente del Directorio de ENARSA, la SIGEN, la AGN e incluso, Price Waterhouse- sino que contaron a su vez con la participación de la Unidad de Seguimiento y Control en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires".
En 2014 se inició la causa con el requerimiento del fiscal Carlos Stornelli para investigar "las presuntas irregularidades en la adquisición de gas licuado natural en el período comprendido entre el año 2008 y la actualidad".
En total fueron tres las denuncias hechas: dos de un abogado particular y otra de entonces opositores del PRO como el senador Federico Pinedo, la actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso.