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Cambiemos denuncia que el FCHMM usa las bases de datos provinciales para enviar emails de campaña


El diputado provincial Livio Gutiérrez y el apoderado de Cambiemos, Carlos Galo Encina, denunciaron que ellos "y muchos correligionarios" recibieron correos electrónicos de campaña de Elda Pértile y coligieron que la información sobre las direcciones de e-mail fue obtenida violando la ley de habeas data.  

"Si recibiste este mail es porque el gobierno usa TUS datos personales de TU SUELDO para propaganda política. Sería una violación a la ley de habeas data 25326 artículo 32 Código Penal 157 bis que prevee prisión de un mes a dos años a los que revelen información registrada en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar. E inhabilitación al funcionario público que lo hiciera. INTERVENDRA LA JUSTICIA ELECTORAL NACIONAL? Confunden partido con estado. Manipulan datos, CAMBIEMOS", expresó esta mañana el diputado del sudoeste, quien además mostró en Facebook una foto del correo recibido.

Poco después, el apoderado de la coalición Cambiemos mostró la denuncia presentada ante la Justicia Federal por la supuesta violación de la ley de habeas data, contra la Lista 502 (Frente Chaco Merece Más). Galo Encina contó su propia experiencia en la presentación: "He recibido yo, al igual que muchos correligionarios que tenemos en común ser empleados públicos provinciales, un correo electrónico donde la candidata a Diputada Nacional Elda Pértile nos solicita que la acompañemos con el voto las próximas elecciones". 

En el texto, Galo Encina aclara que es "un correo de manifiesta intencionalidad política partidaria que busca captar el voto de los electores", y asegura que "para poder efectuar el envío se accedió a la base de datos que la provincia del Chaco tiene de sus empleados públicos". 

HAZ LO QUE YO DIGO, PERO...

Aunque la utilización de información personal alojada en servidores públicos y privados de todo el mundo ha sido materia de fuertes controversias y está penada por la ley, la compra-venta de direcciones de correo electrónico y números de teléfono para campañas de e-mail marketing y telemarketing es una práctica muy difundida. No hay más que ingresar a Mercado Libre para encontrar ofertas de este tipo, y cualquier persona que tenga una dirección de correo electrónico puede dar testimonio de que el "correo basura" goza de buena salud.

Pero si se habla de envíos no solicitados que intentan persuadir al receptor de realizar alguna acción o tomar una decisión en un sentido determinado, no se puede desconocer que hace dos años el propio Mauricio Macri, asesorado por su equipo de expertos en comunicación, hizo un culto del e-mail marketing: la campaña electoral de Cambiemos durante 2015 estuvo basada en un fuerte trabajo en redes sociales y en la utillización masiva del correo electrónico, mediante los cuales el candidato a Presidente llegó a millones de potenciales votantes con propuestas tales como recibirlo en su casa o acompañarlo en su oferta de cambio.

El problema es cuando a quien se acusa es al propio Estado o, en este caso, al partido político del Gobierno. El caso más reciente -y escandaloso- fue el anuncio por parte del gobierno nacional de "personalizar" sus campañas de publicidad oficial para que cada aviso le llegue a la persona elegida, utilizando la información sobre 16 millones de argentinos alojada en la base de datos de Anses. La tarea fue encomendada a la Secretaría de Comunicación Pública en julio de 2016. 

El convenio lo aprobó el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, para que pueda "mantener informada a la población a través de diversas modalidades, que incluyen desde las redes sociales y otros medios de comunicación electrónicos, hasta el llamado telefónico o la conversación persona a persona", según se publicó en el Boletín Oficial.

Clarín reveló que 
la información de cada ciudadano que tiene el Gobierno para hacer publicidad oficial incluye nombre y apellido, DNI, CUIT/CUIL, domicilio, teléfono, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil, y estudios.

En aquella oportunidad, la diputada nacional Graciela Camaño, del Frente Renovador, presentó una denuncia igual a la que este viernes consiguió incoar Galo Encina, por violación al derecho de habeas data.