Barrio Judicial de Sáenz Peña: la Fundación de Aranda compró los terrenos "porque había embargos sobre el SEJCH", dijo el abogado del sindicato
La titular del Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco, Graciela Aranda, se presentó esta mañana en la Fiscalía N° 3 de Sáenz Peña, a cargo de Liliana Lupi, tras la denuncia por Supuesta Estafa que había presentado una veintena de vecinos que compraron terrenos donde se iba a construir un barrio Judicial. Su abogado defensor Jorge Alcántara comentó a Diario Chaco los pormenores de los trámites que hicieron en el juzgado.
"Nos presentamos esta mañana en la Fiscalía N° 3 a cargo de la Fiscal Liliana Lupi donde se aportó la totalidad de la documental que acreditaba cómo había sido la operatoria pactada con los 100 vecinos de Sáenz Peña", comenzó explicando el Alcántara.
LA COMPRA DEL TERRENO A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN DE ARANDA
Alcántara dejó aclarado que la intervención de la Fundación del Movimiento Obrero Solidario habría sido al solo y único fin de preservar estos terrenos ante embargos que ya pesaban sobre otros terrenos del SEJCH en Resistencia.
Aclaró Alcántara que "la Fundación se hace cargo de la operación de los terrenos por unos embargos que había caído sobre terrenos que estaban en esa misma circunstancias a nombre del Sindicato de Empleados Judiciales en otros planes habitacionales". Informó que también acreditaron esa situación en la fiscalía solicitando que se libre el pedido de informe pertinente al Registro de Propiedad Inmueble de la Provincia. Otro elemento presentado señaló que "la Fundación el único trámite que hizo fue ponerlo a disposición de Viviendas para continuar las acciones en el marco de los convenios".
Asegura también el abogado del Sindicato Judicial que hicieron la tasación de dichos terrenos, realizada por la Municipalidad de Sáenz Peña, y ofrecieron las testimoniales de las personas que aparecen firmando esos planos.
TRÁMITES EN LA PROVINCIA Y LA NACIÓN PARA CONSTRUIR LAS VIVIENDAS
Señaló además que pidieron el libramiento de los oficios pertinentes tanto al Instituto de Viviendas, como a la Subsecretaria de Viviendas de la Nación, porque "lo que se sugería a través de versiones periodísticas, era como que ninguna gestión se había hecho por las operatorias de viviendas. Lo que se aportó fue justamente todas las gestiones que se hicieron, dos trámites en Buenos Aires, como así también la totalidad de los expedientes obrantes en el Instituto de Viviendas", dijo el letrado.
Dejó aclarado que "es el Sindicato de Empleados Judiciales el que inicia esos expedientes como entidad intermedia".
Respecto a la compra de los terrenos, dijo que la compra de terrenos, circunstancia que también fue acreditada, se hizo a través de un boleto de compra venta a nombre del SEJCH. Agregó que "la transferencia se realiza a nombre de la Fundación Movimiento Solidario que también se acreditó, es una fundación que está reconocida por el Ministerio de Educación haciéndose cargo de servicios de Jardines de Infantes y un Bachillerato".
La presentación de Graciela Aranda en la Fiscalía de Sáenz Peña fue al solo efecto de designar abogado defensor, dijo Alcántara. "Imagino que la señora fiscal verá el contenido de todo lo que tiene y ahora recién vimos el expediente donde se libraron varios pedidos de informes".