La Procuración General pidió ser tenida como parte en una causa que busca remover a su titular, Alejandra Gils Carbó
La Procuración General de la Nación reclamó ser tenida como parte en una causa iniciada con el objetivo de que su titular, Alejandra Gils Carbó sea removida.
"Se encuentra en juego el alcance de los atributos constitucionales de independencia y autonomía del Ministerio Público Fiscal. El debilitamiento de esta institución no sólo afecta a quien actualmente ocupa el cargo de procurador general de la Nación, sino que perjudica a todos los futuros procuradores generales, a todos los actuales y futuros fiscales, a todos los actuales y futuros defensores y, en definitiva, a todos los ciudadanos, que son los verdaderos destinatarios de la independencia judicial y la división de poderes del Estado", sostuvo la Procuración en su presentación.
La causa fue inciada por el Colegio de Abogados de Capital y la ONG Será Justicia: apunta a que Gils Carbó sea removida por decreto u otro procedimiento distinto al que establece la ley, que es el de juicio político.
La demanda se hizo contra el Poder Ejecutivo y fue respondida por el Ministerio de Justicia, que les dio la razón a los denunciantes.
De esa forma, el caso se encaminaba a quedar cerrado, ya que al juez no tendría otra opción que fallar a favor del reclamo.
Ahora el Ministerio Público presentó sus argumentos para oponerse y para solicitar poder intervenir en el caso, lo que hasta el momento le había sido negado.
Los denunciantes promovieron una "demanda contra el Estado Nacional, Poder Ejecutivo de la Nación, a fin de que declare la inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley 27.148 (orgánica del Ministerio Público Fiscal), por medio del cual se establece el procedimiento del juicio político como mecanismo para remover al titular del Ministerio Público Fiscal".
El Ministerio de Justicia, a su vez, "se allanó", es decir, reconoció que el demandante tenía razón y se unió al pedido de declaración de inconstitucionalidad. .
Al fundamentar su posición, el Gobierno citó el antecedente del fiscal nacional de investigaciones administrativas Ricardo Molinas, a quien Carlos Menem sacó de su cargo por decreto en 1991.
Al contestar la demanda, el Ministerio de Justicia recordó también que en abril de 2016 el Poder Ejecutivo había presentado un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal que tenía como objetivo, según sus fundamentos, "dejar atrás la desnaturalización que la ley orgánica del MPF ha realizo al disponer el juicio político, de carácter constitucional conforme a los artículos 53 y 59 de la Carta Magna, como procedimiento de remoción del procurador General de la Nación".
Sin embargo, la iniciativa no fue aprobada por el Congreso y recibió cuestionamientos de la oposición y sectores del oficialismo.
El juez Ernesto Marinelli, que quedó a cargo de la causa, dijo que la Procuración, como institución, carecía "de un interés jurídico propio y tutelable" que la habilitara para ser parte del expediente.
Admitió solamente que Gils Carbó intervenga de forma particular como "tercera interesada".
La semana pasada, el secretario letrado de la procuración, Carlos Salerno, se presentó ante el magistrado y reclamó que se habilite la defensa institucional del Ministerio Público Fiscal. .
Señaló que, como el Poder Ejecutivo casualmente había presentado un proyecto que coincidía con el planteo de los demandantes, se encontraba en un "evidente conflicto de intereses".