Bacileff Ivanoff presentó un proyecto de ley para crear un Régimen Penal Juvenil en la provincia

El diputado Darío Bacileff Ivanoff presentó el proyecto de ley 3416 para crear un Régimen Penal Juvenil. Al respecto afirmó: "Esta iniciativa surge puntualmente de una demanda que plantearon abogados de distintos sectores tanto del consejo como del colegio,  magistrados de Resistencia y del interior de la provincia con competencia en el derecho de familia de la defensoría general y fiscales. Fue así que este reclamo se materializa hoy en esta  iniciativa parlamentaria". 

Dijo además que "el proyecto de ley pretende la creación de un Régimen Penal Juvenil que adecúe el procedimiento a la Convención de los Derechos del Niño, estableciendo un sistema que contenga a los menores en conflicto con la ley penal, incorporando nuevas condiciones en marco del respeto de sus derechos, pero por sobre todo mejorando nuestra legislación provincial".

Por otro lado aclaró que "la Nación Argentina ha firmado diversos tratados internacionales que nos obliga a incorporar y adecuar nuestra legislación hacia el respeto por el interés superior del niño, y es en este contexto donde la enunciación declarativa de derechos tiene colisión con una realidad que desconoce los mismos".

Ivanoff hizo también una reseña en cuanto a la legislación chaqueña: "Nuestra provincia ha avanzado enormemente en cuanto a la niñez, adolescencia y familia, sancionando leyes de gran importancia, como es la 7162, de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Creemos que todavía se puede mejorar la situación de los adolescente en conflicto con la ley penal y por eso planteamos un régimen penal juvenil y por eso planteamos un régimen penal juvenil baso en los siguientes principios:

1. A ser investigado y juzgado por un órgano judicial con competencia y formación especializada en la materia, independiente e imparcial.         
2. A que se presuma su inocencia, debiendo ser tratado como tal durante todo el proceso.
3. A ser informado por toda autoridad interviniente de los motivos de la investigación y de la autoridad responsable de la misma, de los hechos que se le atribuyen, su calificación legal y las pruebas existentes en su contra, de su derecho a no declarar contra sí mismo, las medidas de coerción que se adopten y plazo de duración y a solicitar la presencia inmediata de sus padres, responsables o referentes y de su defensor.
4. A que sus responsables legales o referentes sean informados de inmediato en caso de aprehensión, el lugar donde se encuentra, hecho que se le imputa, juzgado y organismo policial interviniente.
5. A nombrar abogado defensor, por sí mismo o a través de sus representantes legales o referentes, desde la existencia de una imputación en su contra, con independencia de que se haya o no dado formal iniciación al proceso, siendo inviolable el derecho a la defensa y las garantías del procedimiento.
6. En caso de duda deberá estarse siempre a lo que sea más favorable para el adolescente. Deberá acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva, cuando se trate de reconocer derechos protegidos e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos de los adolescentes sometidos a un proceso penal.
7. A no declarar durante todo el proceso y a no ser llamado a tal fin por ninguna autoridad, pudiendo ser oído personalmente por el juez y/o fiscal interviniente y únicamente en caso de ser expresamente solicitado por el adolescente, contando para ello, bajo pena de nulidad, con la presencia de su defensor.
8. Tendrá derecho a presentar su descargo por escrito. El adolescente podrá prestar declaración, verbal o escrita, en cualquier instancia del proceso, debiendo ser ella recibida, bajo pena de nulidad, previa asistencia técnica.
9. En ningún caso el adolescente será sujeto a interrogatorio por parte de funcionarios policiales o administrativos acerca de su participación en los hechos investigados, ni se dejará constancia alguna de sus manifestaciones, sean espontáneas o requeridas por esas autoridades.
10. La persona menor de dieciocho (18) años tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable, sin dilaciones injustificadas o indebidas. El plazo de duración del proceso deberá respetar el principio de máxima brevedad y celeridad.

Asimismo en este proyecto se establece que la privación de la libertad del adolecente debe ser excepcional, la última ratio y que debe buscarse una solución alternativa, implementando resoluciones alternativas de conflicto en el procedimiento penal.

Tambien se prevé el Instituto de la Remisión, como una solución que provoca una desjudicialización inmediata del menor de edad, intentando siempre preservar su interés superior. Así al efectuar una remisión en favor del menor imputado, este será derivado a su familia y/o autoridades extrajudiciales, que deberán acompañarlo e insertarlo en programas adecuados a la problemática que presenta, con el fin de alcanzar su desarrollo integral y reinserción en la sociedad, sin el estigma de estar sujeto a un juicio penal, todo ello conforme lo establecen las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing).

"Uno de las grandes problemas que tiene actualmente el sistema de protección integral de los adolescentes recae sobre los establecimientos donde son internados cuando se hallan en conflicto con la ley penal, es por ello que el Tribunal deberá imponer una pena privativa de libertad en un centro educativo especializado de rehabilitación e inserción social sólo cuando estos se encuentren habilitados y en condiciones que permitan alcanzar una verdadera reinserción social y hasta tanto ello no suceda, el Juez o Tribunal sustituirá dicha sanción por otra medida judicial de las enunciadas en el artículo 30", explicó el legislador.

El proyecto de ley ingreso con el número 3416 y seguirá la vía correspondiente para el análisis y estudio  de los legisladores en comisión.