Gils Carbó acordó con su par de Brasil el intercambio de información sobre Odebrecht
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y su par de la República Federativa del Brasil, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, firmaron hoy un acuerdo de cooperación a fin de destrabar el envío de la información sobre las coimas de la constructora Odebrecht en la Argentina.
Se trata de un "Memorándum de Cooperación Interinstitucional" entre ambos ministerios públicos, que tiene como objetivo "intercambiar experiencias, técnicas de investigación, negociación, litigio y capacitación técnica entre ambas instituciones, así como facilitar el intercambio de información -cuando ello sea posible- en el marco de investigaciones y procesos penales", se informó oficialmente.
Además, a través del acuerdo se prevé impulsar "la conformación de equipos conjuntos de investigación, herramienta fundamental en materia de cooperación jurídica internacional, conforme lo establecido en las Convenciones internacionales" de las cuáles ambos países son parte.
En lo que respecta al caso Odebrecht, en su cláusula quinta el documento expresa el compromiso de ambos Ministerios Públicos para promover el envío de documentación espontánea o denuncias internacionales, cuando tomasen conocimiento sobre hechos que podrían ser investigados en el otro país.
Al respecto, los Ministerios Públicos de la Argentina y Brasil acordaron trabajar en forma "coordinada" y cooperar de manera "amplia y rápida" con el objeto de "perseguir cualquier manifestación de corrupción que se produzca en sus países, especialmente en el marco de la Convención de Mérida".
Gils Carbó había señalado esta semana que el objetivo de su reunión con Janot Monteiro de Barros -que viajó a Buenos Aires para participar de la XXI Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur- era "ver cómo puede él generar un ámbito para favorecer la cooperación" en torno al caso de las coimas de la constructora brasilera en el país para acceder a la obra pública.
"El objetivo es que la Justicia argentina pueda acceder a información a pesar de los convenios" de inmunidad, dijo la procuradora y rechazó las acusaciones del Gobierno sobre la supuesta "arbitrariedad" en el manejo de la información sobre Odebrecht.
"Yo nunca recibí ni voy a recibir una caja con datos. Los documentos llegarán a los jueces y fiscales directamente o a través de la Cancillería", indicó la procuradora, luego de que el presidente Mauricio Macri la acusara de obstaculizar la difusión de datos sobre exfuncionarios del kirchnerismo involucrados en el escándalo de las coimas.
A comienzos de mes, un grupo de fiscales argentinos que investiga el pago de sobornos de Odebrecht en el país había iniciado en Brasilia gestiones para obtener información acerca de esas maniobras, aunque la documentación sigue hasta ahora trabada en el vecino país.
Se trata del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, y los fiscales Franco Picardi y Carlos Stornelli, quienes mantuvieron un encuentro en la capital de Brasil con el viceprocurador general José Bonifacio Borges de Andrada, con la intención de avanzar en un acuerdo para facilitar el flujo de información entre ambos Estados.
Rodríguez había explicado entonces que la "liberación de documentos" sobre las revelaciones judiciales de la constructora Odebrecht dependía "de un trámite interno de la Fiscalía brasileña y el Supremo Tribunal Federal" de ese país.
Los fiscales llegaron a Brasilia un día después del levantamiento de la cláusula de confidencialidad vigente desde el 1 de diciembre, por lo cual la Justicia de ese país quedó en condiciones de compartir información del "Lava Jato" con la Argentina, donde la empresa Odebrecht reconoció que pagó sobornos por 35 millones de dólares para obtener contratos de obra pública.
Con la firme intención de obtener la información sobre las coimas y que no vaya directamente a los fiscales, el ministro de Justicia, Germán Garavano, también mantuvo varias reuniones con representantes de la empresa brasileña, aunque no logró alcanzar ningún acuerdo extrajudicial.
Odebrecht pretende en la Argentina condiciones similares a las que obtuvo en Brasil para brindar los datos, esto es que haya inmunidad contra las persecuciones penales, algo que el Gobierno no puede otorgar con las leyes actuales, por lo que la Casa Rosada pone en duda ahora la continuidad de la empresa en las obras en marcha en el país como el soterramiento del tren Sarmiento.