Gobierno Nacional: corte de pensiones por discapacidad no es inclusión social

Cancelar un beneficio económico a una persona que realmente lo necesita, sin previo aviso y sin realizar un análisis socio ambiental previo resulta un hecho de gravedad y vulneración de derechos humanos que no permitiremos que pase inavertido.

Las pensiones no contributivas por invalidez están destinadas a aquellas personas en situación de vulnerabilidad social, con discapacidad total o parcial y que no puedan trabajar. Además la ley permite formar una familia.

Podemos citar a la Convención Internacional: t) Destacando el hecho de que la mayoría de las personas con discapacidad viven en condiciones de pobreza y reconociendo, a este respecto, la necesidad fundamental de mitigar los efectos negativos de la pobreza en las personas con discapacidad.

Según lo define la misma Convención, las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Hay personas con incapacidad total y parcial, estas se dividen en autismo, enfermedades crónicas, deficiencia auditiva y sordera, discapacidad intelectual, dificultades del aprendizaje, pérdida de la memoria, enfermedades mentales, discapacidad física, trastornos del habla y del lenguaje, deficiencia visual y ceguera.

Hay grupos que son más independiente que otros. La Convención ordena que todos pueden tener vidas independientes, con familias que mantener y obligaciones que cumplir, impuestos, medicamentos y otros. Y el Estado debe garantizar este derecho.

Según la ley todas deben tener curadores, que tienen la responsabilidad de acompañar a cobrar sus haberes, controlar alimentación, o acompañar en ciertas  ocasiones cuando necesitan. La tarea no tiene ninguna relación con las vidas privadas de los tutores, cuando se independizan los tutelados. En muchos casos no son familiares y si lo fueran tienen derechos a percibir sus haberes y llevar una vida autónoma. Por ese motivo, si el designado tutor gana 21.000 pesos no implica que le corten los ingresos a la persona con discapacidad.

Estas medidas del gobierno nacional no reflejan inclusión. Sólo excluye a las personas más vulnerables. Lejos estamos de la igualdad de oportunidades como dictan los tratados y convenciones internacionales de discapacidad.

Reflexión: "Atacar a una persona con discapacidad es la muestra del poder más baja que se pueda imaginar". Morgan Freeman.

(*) Especialista en integración e inclusión social educativa - discapacidad.