ATECH: fundamentos del proyecto de reforma integral de la Ley 4044

Desde el sindicato que encabeza Rosa Petrovich detallaron todas las propuestas del proyecto de reforma integral elaborado por los estatales chaqueños y presentado a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Chaco, el 03 de noviembre del año 2009.
Mediante un comunicado explicaraon textualmente: "Si bien desde los Gremios Estatales chaqueños venimos propiciando de varios años a esta parte, la reforma a la brevedad de los cinco puntos que de manera urgente debe establecerse, para que se proceda a la prohibición de la compensación de cajas; el sostenimiento de la caja policial por parte del Estado como nunca debió dejar de ser –reestableciéndose el texto original del art. 94 de la Ley 4044/94; el plazo de noventa (90) días de ocurrido el siniestro para el pago de los seguros; la conformación de un consejo asesor y consultivo del directorio conformado por las Entidades gremiales y de Jubilados, representativas de activos y pasivos afiliados al InSSSeP, -ad honorem por supuesto-; y la ley especial que asegure el cobro del InSSSeP de todas sus acreencias de todos los organismos que adeudan al Instituto, llámense municipios, empresas del Estado Provincial, como lo es SAMEEP por ejemplo que a diciembre de 2016 ascendía su deuda al InSSSeP a algo más de $ 825.000.000 (ochocientos veinticinco millones de pesos); -todas estas propuestas siempre dentro del proyecto de reforma integral elaborado por los estatales chaqueños luego de dos largos años de trabajo y presentado a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Chaco, el 03 de noviembre del año 2009.-
Ese proyecto de ley –de reforma integral-, ha sido elaborado sobre la base de los principios universales de la seguridad social y las normas constitucionales vigentes (Constitución nacional y Constitución de la Provincia del Chaco); Ley Orgánica del InSSSeP 4044/94 y Regímenes especiales de docentes y policías actuales y anteriores.
El texto establece el rol protagónico del Estado con obligaciones de hacer y de dar en materia de seguridad social, en tal sentido el Estado Provincial resulta ser en consecuencia: regulador, gestor, recaudador, fiscalizador y garante de los servicios incorporados y Regímenes Previsionales establecidos.
En la ADMINISTRACION y Gobierno se establecen no solo la participación de los interesados (afiliados), sino que se le asignan un rol decisivo en la conducción y fiscalización como un avance hacia la autogestión. Se profundiza la democracia participativa al incorporar el Consejo Asesor, institucionalizando la acción permanente y constante de los afiliados con sus propuestas y aportes, permitiendo al Órgano de Conducción ejecutar un trabajo pleno y consensuado con los destinatarios de sus decisiones.
Se sostiene la unidad de gestión en una sola Institución; pero a la vez con una administración propia, descentralizada y autofinanciada para cada servicio, permitiendo de esta manera una mayor eficacia y ejecución de programas, con la consiguiente coherencia y unitaria planificación social que proteja al trabajador y su familia de las contingencias de todo tipo, resguardando el elemento más importante y dinámico de la sociedad para su desarrollo: el hombre.
En materia de financiamiento se mantiene la obligación tripartita para el sostenimiento del Sistema: 1º el esfuerzo individual (aporte de los afiliados); 2ª la contribución del EMPLEADOR como corresponsable (el Estado Provincial en este caso), y 3 º el Estado como Organización Política de la sociedad en su conjunto (el Estado Nacional y Provincial).
En este punto se hace especial hincapié en la obligación del Estado de abonar la totalidad de los sueldos en blanco a sus trabajadores sin excepciones, eliminando la nefasta política de los montos en negro de cualquier sector, direccionando todos los incrementos al sueldo en blanco, y cumpliendo con los aportes a la seguridad social como corresponde sin evasiones mediante, que sin dudas y salta a la vista, es una de las formas claras de desfinanciar el sistema. Por ello, claramente los trabajadores hacemos hincapié en esta cuestión en particular, como uno de los puntos fundamentales camino a la resolución del déficit previsional.
Resulta reforzado de esta forma el Régimen Contributivo y Distributivo existente tanto a nivel provincial como nacional, destacando la responsabilidad de la comunidad en su conjunto destinando a la seguridad social recursos de carácter impositivo o de rentas generales entendiendo que la misma debe propender a mantener y mejorar la calidad de vida relacionada con la dignidad y el bienestar del hombre en libertad, y asegurar los efectos redistributivos entre los trabajadores activos y/o pasivos. Por otra parte se establece además la prohibición expresa de la compensación de fondos entre las distintas cajas establecidas asegurándose de esta manera el funcionamiento y FINANCIAMIENTO propio de cada uno de los servicios y regímenes legislados.
Se perfecciona el Sistema Previsional existente en sus distintos regímenes (común, docente y policial) sobre la base de un sistema de REPARTO asistido considerando los montos fijados para los beneficios o prestaciones como sustitutivos del salario del trabajador en la actividad, manteniendo constante sus valores, y destinados a sostener la calidad de vida alcanzados.
Dentro del sistema se mantienen los dos programas existentes: A) Un programa de vejez, invalidez y muerte para la dotación civil (Administración pública, provincial, municipal y docentes) y B) Un programa de Recursos Humanos plenos, invalidez y muerte para la dotación policial destinado a optimizar el servicio e incorporando sus mayores costos en el Estado provincial financiándolo de Rentas Generales dado su función de brindar Seguridad Pública.
Para el programa de la dotación civil el sector docente recupera el régimen anterior a la Ley 4044/94 previsto en el Estatuto del Docente Ley 3529 ta y al cual queda incorporado nuevamente, siendo este restablecimiento de estricta justicia.
Los Servicios de Obra Social y Alta Complejidad son mantenidos y actualizados, orientándose los mismos hacia la atención primaria de la salud proporcionando y promoviendo servicios preventivos, curativos y rehabilitadores.
Se incorpora en la legislación la normativa existente en lo relativo al seguro social perfeccionando la misma, pero además, con la nueva visión de que su finalidad es social y no comercial.
Resulta fortalecido el mismo con la obligatoriedad de incorporar a todo el personal activo de las municipalidades existentes en la Provincia al régimen de seguros que se propicia.
Se unifica el régimen para todos los agentes y en su cobertura, generalizándose a la vez el capital individual en forma única.
El servicio de préstamos sociales y subsidios se incorpora a la legislación, conformándose los fondos correspondientes, y con una visión de asistencia al trabajador activo y pasivo para mejorar su calidad de vida y la de su grupo familiar.
Para la atención de los servicios de seguro, préstamos y subsidios se instrumenta la estructura orgánico-funcional de la Dirección General creada, incorporándola a la ley general.
POR UN 82 % REAL Y NO FICTICIO
Vale recordar así mismo que también se ha planteado a la Legislatura, por parte de los gremios –y de ATECH en particular- en forma posterior al proyecto de reforma integral arriba señalado, la propuesta real y concreta para que el 82 % móvil sea tal y no ficticio, a fin de dar cumplimiento efectivo al punto 1 del artículo 75ª de la Constitución Provincial, o sea el 82 % de las remuneraciones actualizadas se deben modificar los artículos 132 y 126 y concordantes de la Ley 4044, en razón de que el prorrateo debería ubicarse entre uno y tres mejores años remunerados, como lo establecían las leyes de jubilación anteriores a la 4044. Tal prorrateo se mantiene solo para el sector policial, cuyo haber previsional va del 82 % al 100 % o más. Obtener el prorrateo propuesto significaría igualar a todos los sectores para arriba y también igualar a los 10 o 15 mil jubilados por la ley 4044, con los jubilados por leyes anteriores. Esta propuesta última detallada aquí, fue realizada en base a los principios constitucionales de igualdad ante la ley, en el sistema de reparto asistido consagrado en la ley 4044 y el artículo 75 de la Constitución provincial.
Desde las filas de los estatales chaqueños aguardamos que los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Provincia, tomen el tema con la seriedad que el mismo impone, por la seguridad social que merecemos tener garantizada desde nuestro InSSSeP", concluye el mismo.