Hacia una reconciliación del sistema penal con la sociedad
El sistema penal argentino se encuentra en crisis. Parece una obviedad pero no está de más tenerlo presente. Los agentes del sistema nos debemos a su reconciliación social.
Es evidente que el sistema penal argentino no cumple ninguno de sus fines posibles (reinserción del condenado, castigo, confianza social en el propio sistema, contención de la sociedad, etc.) y hasta produce efectos totalmente opuestos a los deseados(descrédito social, linchamientos callejeros, reclamos activos frecuentes, eternas modificaciones a la ley). En especial, nos hallamos en una contienda social permanente acerca del trato que debemos dar a víctimas y victimarios, sin llegar jamás a lugares comunes, resucitando incluso viejas discusiones en una especie de círculo vicioso interminable.
A modo de ejemplo, como consecuencia de recientes casos mediáticos, asistimos ahora al debate acerca de la conveniencia o no del cercenamiento de ciertos beneficios de los cuales gozan ciertos condenados por ciertos delitos. A simple vista esto parecería ser acorde a los reclamos actuales de la sociedad, sin embargo, debemos advertir también que no sólo se opone a otros reclamos, no menos válidos, provenientes de sectores tan vigentes como representativos (organismos de derechos humanos), sino que incluso se opone a los propios medios que la Ley Nacional de Ejecución Penal dispone para lograr la reinserción social del condenado.
En esta especie de laberinto, nuestro sistema penal se encuentra, desde sus orígenes, en una permanente batalla ideológica que enfrenta a los diversos agentes del sistema (castigadores y protectores) pero además, y en la cual ninguno de ellos logra advertir que sus objetivos jamás se cumplen. Digámoslo claramente: el sistema penal no castiga ni tampoco resocializa, los cual es un combo explosivo para cualquier sociedad que se pretenda civilizada.
¿Qué hacer entonces? Personalmente entiendo que debemos comenzar definir el objetivo al cual queremos llegar y luego determinar los medios adecuados, para que estos no terminen por suprimirse mutuamente.
En ese sentido, y en lo que al sistema penal compete, entiendo que ese único objetivo acorde a un estado de derecho es el castigo. Es más, la resocialización, que claramente no le compete, tendrá mayores posibilidades de concreción si es que ha habido un justo castigo de por medio.
Veamos: En primer lugar, es ilusorio y contraproducente exigir a instituciones como las cárceles la resocialización de un condenado. No es su función, no puede serlo y no debe serlo. No es tarea del sistema penal dar trabajo, enseñar oficios, educar, ni nada parecido. Tanto peor cuando esto no se comprenda, puesasignar fines "benéficos" a instituciones como las cárceles, es como disfrazar al lobo de oveja y extender peligrosamente sus facultades.
En segundo lugar, negar el castigo y el sufrimiento que una pena debe causar al penado es literalmente negar la justicia como tal.¿Qué mensaje estamos enviando a la sociedad cuando afirmamos que quien infringe la ley es un producto de esa misma sociedad y que por lo tanto no debe ser castigado?Beneficios como las salidas transitorias, condenas condicionales, excarcelaciones, libertades asistidas, etc. hacen un mal uso de la resocialización, envían mensajes contradictorios a la sociedad y destruyen el imperio de la ley. Rotundamente lo afirmaba Francesco Carrara: la pena debe ser cierta, irremisible. La fuerza moral objetiva de la pena está más en razón de su certeza que de su severidad, ésta sin aquella es ilusoria… la ley no admite medios para evadirse de la pena cuando se ha incurrido en ella y se ha reconocido la delincuencia. Las reglas deben ser claras para ser efectivas.
Lamentablemente, la idea de resocialización nos ha hecho caer en el absurdo de la supresión absoluta de la pena. Una cosa es limitar el castigo que ella significa en cuanto tal, en el sentido de definir sus justos límites (cárceles limpias, seguras, sin violencia, etc.) y otra es eliminarlo. No nos confundamos, en manera alguna pretendo deslegitimar las válidas teorías críticas del sistema social general en que nos hallamos inmersos, sin embargo, entiendo firmemente que la justicia exige castigo cierto para quienes infringen la ley penal; lo demás no es de su competencia.
(*) Abogado.