Empresas, intervención estatal y estado de derecho
¿Hasta dónde resulta razonable y adecuada a derecho la intervención del Estado en la regulación de la actividad empresaria? ¿Cuál es el límite a partir del cual la decisión política avasalla libertades constitucionalmente consagras, volviéndose incluso contraproducente para el eficiente funcionamiento del estado de derecho del cual la estabilidad del propio estado depende?
Mediante recientes maniobras de orden político jurídicas, y sin ninguna otra finalidad que regular arbitrariamente el mercado de capitales, el Banco Central de la República Argentina se dispuso a encuadrar como figuras delictivas, conductas que, además de lícitas, resultan en definitiva indispensables para el funcionamiento eficiente de una empresa como ser la permanente integración de un directorio societario.
Pongamos las cosas en claro: Si el régimen legal específico puede aplicar sanciones, posee naturaleza penal, y como tal, debe respetar las garantías y principios constitucionales de cualquier régimen judicial penal.
Precisamente, la retroactividad de la ley penal más benigna es una de principios, cuyo cumplimiento es obligatorio para el estado y no opcional.
A partir de la entrada en vigencia del inciso 22 del art. 75 de nuestra Carta Magna, el principio de retroactividad de la ley penal más benigna (consagrado además por el art. 2 del Código Penal) adquirió rango constitucional. A su vez, este principio deviene emanación directa del principio de legalidad también consagrado constitucionalmente por el art. 18 de nuestra carta magna.
La retroactividad de la ley importa el hecho de que ella se aplique hacia atrás en el tiempo, es decir, a hechos sucedidos en el pasado y cuya sanción no se haya agotado aún; resultando así una excepción a la regla general (irretroactividad), reservada para aquellos casos en que la nueva norma resulte más beneficiosa para el sujeto activo investigado.
Mediante el dictado de la Comunicación "A" 6094 del 04/11/2016, Circular RURNOR 1-1238, vigente desde el pasado 05/11/16, por parte del BCRA, el estado argentino ha desincriminado una serie de conductas determinadas, es decir, han dejado de ser ilícitas puesto que el estado las ha transformado en lícitas, por lo que pretender ahora la sanción de alguna de estas, realizadas bajo el régimen anterior, deviene completamente inconstitucional por aplicación del principio citado. No obstante, y por absurdo e irracional que parezca, los sumarios del BCRA por conductas desincriminadas (lícitas) continúan avanzando caprichosamente.
Los principios y garantías constitucionales no son una opción para el estado, son precisamente su basamento y limitación democrática y bajo ningún aspecto o fundamento pueden ser desconocidos sin derrumbarse la completa construcción republicana que lo sustenta.
La sociedad requiere de inmediatos pronunciamientos judiciales que pongan fin a las discusiones al respecto y definan la completa estabilidad del estado de derecho por sobre las arbitrariedades de la política ejecutiva de turno.
(*) Abogado