Imputabilidad, un debate necesario
Los recientes hechos delictivos sucedidos en el país, y principalmente aquel popularmente conocido como "el caso Brian", han traído nuevamente a la escena de debate el tema de la imputabilidad penal.
Si bien la discusión no es novedosa, se remonta a las primeras organizaciones del ser humano en sociedad, lo cierto es que aún al día de la fecha no encuentra una única solución que contente a todos; más bien sucede todo lo contrario, podría decirse que existen más disensos que concordancias al respecto.
Despejemos algunas dudas: Cuando en derecho hablamos de imputabilidad, hablamos de la posibilidad de atribuir un hecho determinado (en este caso, delito) a un sujeto determinado, es decir vincularlos fáctica y jurídicamente, y como consecuencia de ello, la posibilidad de hacer recaer sobre aquel sujeto una determinada consecuencia jurídica (pena o sanción). Conforme la legislación argentina actual, ciertas personas -entre las cuales se hallan los menores de 16 años (y menores de 18 en algunos casos)- deben ser juzgados por un régimen especial en caso de ser acusados de haber cometido un delito. Dicho régimen, en comparación con aquel que rige para personas mayores de 16 años, difiere tanto en procedimiento como en sanciones aplicables. Por otra parte cada provincia legisla por su cuenta los pormenores procedimentales del caso.
Es precisamente allí donde se encuentra el punto clave de la discusión: De qué manera juzgar y cómo sancionar a los menores de 16 años que cometen un delito. Podría decirse que, por una parte, los partidarios de la reforma entienden que los menores de edad merecen un tratamiento similar al que recibirían los mayores y, por la otra, los detractores entienden que la solución deviene de la aplicación de regímenes claramente diferenciados.
En medio de este debate, el Frente para la Victoria de la provincia de Santa Fe ha presentado en las últimas horas un proyecto de ley con destino a la creación de un nuevo código procesal penal juvenil para su provincia que, además de delimitar adecuadamente el procedimiento a aplicar, disponga un fuerte límite a la posibilidad de detención preventiva de menores durante el desarrollo del respectivo proceso penal.
De acuerdo a su análisis, la idea es crear nuevas instituciones que permita la reinserción de los menores en la sociedad sin que ello implique su necesaria privación de la libertad.
El tema no es sencillo. Personalmente, considero que uno de los errores de la discusión radica en la imprecisa delimitación de los fines del proceso penal, con independencia de la edad del sujeto al cual se aplica. Por un lado, como en el resto de los ámbitos sociales, no puede negarse que el tratamiento (procedimiento judicial y eventual sanción) que recibe un adulto no puede ser similar al de un niño; pero sin embargo, creo también que sería una equivocación pretender la erradicación de dicho proceso de sus justas consecuencias sancionatorias. El procedimiento judicial penal tiene por finalidad, como su nombre lo indica, la aplicación de una pena, una sanción, al sujeto que haya sido encontrado culpable de la comisión de un determinado delito. Por lo demás, no estoy convencido de que la reinserción debiera preocupar al derecho penal tanto como a otras instituciones sociales (educación, salud, empleo, etc).
En definitiva, el tratamiento y las sanciones no pueden ser iguales, con indiferencia de las edades; no obstante lo cual, las consecuencias del proceso deben ser penales, sancionatorias.
(*) Abogado.