Violencia de género y abuso sexual: urgentes reformas a la investigación fiscal

A los efectos de mitigar las serias irregularidades que existen en la Investigación Fiscal, cuando se tratan las denuncias formuladas por delitos de Violencia de Género y de Abuso Sexual, y donde en la actualidad se ve seriamente comprometido el derecho de defensa en juicio, (Art. 18 de la Const. Nac.), me permito humildemente sugerir algunos concejos útiles para remediar aspectos y procedimientos que hoy en la práctica afecta el derecho de defensa en juicio y el debido proceso.  

Nuestra Constitución Nacional, pone límites claros en el mencionado artículo 18, a las obligaciones de los funcionarios, los que "NO"deben establecer en la práctica, procedimientos que impidan a la persona la defensa de sus derechos, ya sea impidiéndoles probar su inocencia o la legitimidad de los derechos que alega, o bien poniéndolo en condiciones que le impidan defenderse libremente".

Lo que lamentablemente sucede,  cuando concretamente no se le permite al imputado el control de las pruebas que se vuelven definitivas o irreproducibles, simplemente por preferir el Juzgador, cubrir las formalidades con la supuesta presencia del "defensor oficial", en vez de utilizar la tecnología audio- fílmica, con la que ya cuenta el Poder Judicial. Lo expuesto irremediablemente se observa una y otra vez, en nuestras Fiscalias, cuando se procede a investigar la denuncia de una mujer o de un menor, ya sea por Violencia de Género o bien por Abuso Sexual.

Así luego de la ratificación de la denuncia, la mujer o bien el menor, son sometidos a una entrevista por parte de los psicólogos forenses del Poder Judicial, donde concluidas las entrevistas con la supuesta presencia del mencionado "defensor oficial", para cubrir las formalidades de ley, terminan en todos los casos que me a tocado intervenir, concluyendo que resulta "creíble y no fábulador"el menor o la mujer entrevistada. Similar situación ocurre en la entrevista posterior al menor en Cámara Gesell, donde se vuelve a cubrir el derecho de defensa, con la presencia del defensor oficial.

Lo cierto es que identificado el imputado, este es detenido, informado que tiene derecho a designar un abogado defensor y entonces ya se encuentra prácticamente como se dice vulgarmente "cocinado", porque no tuvo posibilidades de nombrar un perito de parte, para las entrevistas previas al menor o a la mujer, para que fiscalizará y sugiriera preguntas útiles y necesarias que permitirán ejercer el concebido derecho de defensa.

No pudiendo tampoco nombrar perito que fiscalizara o sugiriera preguntas en la entrevista en Camara Gesell del menor y por supuesto si se pidiera una nueva realización de Cámara Gesell para que el menor fuera preguntado sobre temas obviados en la entrevista, o surgidos de pruebas posteriores, como ser si el hecho denunciado lo fue de mañana, a la tarde o a la noche, o si lo fue durante el fin de semana, o si se hiciera importante preguntar sobre el entorno familiar o escolar, etc. la respuesta por supuesto es que "No se puede volver a realizar", porque sería "revictimizar a la víctima", preguntándome, cómo puede defenderse así un hombre, que está camino si o si, a que le dicten una Prision Preventiva.

Pues el único paso procesal que falta para ello, es prácticamente su declaración de imputado y la audiencia para que "él"o "la" u "otra Psicologa Forense", que ya habían entrevistado a la mujer o al menor damnificado (y que habían concluido que resultaban creíbles y no fabuladores), lo entrevisten al imputado por espacio de menos de una hora y concluya que el imputado tiene tendencias agresivas o tendencias sexuales abusivas, etc.; a lo que aveces se suma, una mala interpretación del art. 236 Cod. Proc. Penal, procediendo la Fiscalía a prestar al psicólogo forense el Expte., con lo que termina éste, de subjetivizarse aún más sobre sus conclusiones, en contra del imputado; cuando en realidad, este tipo de préstamos de Exptes. únicamente los debería autorizar el  Fiscal, a los peritos que tienen que investigar cuestiones objetivas como ser huellas de frenadas, cuestiones de química aplicada a la Criminalistica o de balística, etc., y NO para la realización de un "informe psicológico". al que nada puede aportar el Expte., salvo como ya se expuso para subjetivizarlo al psicólogo, viciando evidentemente su pericia o informe técnico.

Por ello, nos cabe preguntar a la Procuración  Fiscal y al honorable Sup. de Justicia, sino sería más conveniente utilizar ese frío y desolador gabinete dónde está instalada hoy la Cámara Gesell, para que se filmen y graben las entrevistas psicológicas y los test de psicodiagnósticos, que se le deben realizar a los imputados, a los efectos de que, cuando se le pregunté al psicólogo forense (que deberá por supuesto ser otro distinto, del que entrevistara a la supuesta víctima), pueda este demostrar al juzgador y a la defensa, de donde saco las conclusiones arribadas y así despejar cualquier duda sobre su dictamen, el que por otra parte deberá ser avalado con bibliografía específica y no de acuerdo simplemente a su "leal saber y entender". Debiendo por ello, también preguntarse al Poder Judicial, si afecta tanto a su "presupuesto", invertir en una Cámara Gesell para los menores, que tenga mucha más calidez humana, con juegos didácticos, una escenografía infantil adecuada, que les permita una mayor tranquilidad y contención al menor. Preguntándoles también, al Poder Judicial ¿que lo revictimiza más al menor, una "nueva entrevista" en una Cámara Gesell adecuada a la problemática infantil de contención, que pueda permitir un justo derecho de defensa al imputado, o esa "única" entrevista en esa lúgubre Cámara Gesell, en la que hoy lo someten a preguntas a esos niños ?

Como se podrá observar, con estos pequeños cambios procesales, con órdenes concretas a los psicólogos forenses, dadas por los Fiscales de oficio o a pedido de partes, sobre la cantidad y tiempo de duración de las entrevistas y qué tipo de test psicodiagnósticos  se deberán realizar, tanto al imputado como a las supuestas víctimas, y una escasa inversión en una Cámara Gesell con escenografía infantil, se permitiría un andamiaje procesal que "no"violaría el principio de inocencia, y que se respetaría de manera "real"y equitativa los derecho de defensa en juicio, los derechos de la mujer y del niño, previstos por los Tratados Internacionales con rango Constitucional. Y evitándose así, las trabas procesales, que en el presente, le impiden  defenderse libremente al imputado, tenga o no dinero para poder nombrar un perito de parte;  ya que estando todo totalmente filmado y grabado, tanto la Fiscalía como las otras instancias superiores, se encontrarían en condiciones de controlar la seriedad y las formalidades de sus funcionarios públicos, en el desempeño de sus labores periciales, en temas evidentemente trascendentes, y que ameritan que se tengan en cuenta, para la implementación urgente, por parte de la Procuración Fiscal y el honorable Sup. Trib. de Justicia; y que toda la sociedad y los Colegios de Abogados deben exigir, para evitar estas tremendas injusticias, que tristemente se vienen cometiendo en nuestra Provincia. 

Dado que lo antes expuesto, sumado al criterio actual del Superior Tribunal de Justicia con respecto a la libertad del imputado durante la investigación de la causa hacen cóctel que viola gravemente "el principio de inocencia", ya que prácticamente la sola imputación de un delito cuyo mínimo sobrepase los tres años amerita suponer peligrosidad suficiente como para que permanezca preso el imputado durante todo el proceso hasta llegar al debate oral, es decir que se le aplica una "condena anticipada" cualquiera sea el resultado del juicio.

Para que se entienda, después de nueve meses o un año la persona privada de su libertad llega al juicio oral, si es culpable el tiempo ya cumplido de prision se computa como parte de la pena a cumplir y si es declarado inocente es liberado, luego de haber cumplido un año de prisión sin haber sido culpable, nada más y nada menos que por el criterio peligrosista sentado en la actualidad por nuestro honorable Sup. Trib. de Justicia. Que se olvida que una persona acusada de un delito, sino hay razones para pensar que se va a fugar o que en libertad puede entorpecer la investigación debería permanecer en libertad hasta ser juzgado y luego de hallárselo culpable recién ser llevado a prisión. Cuestiones estás, que no sólo deben preocupar a los hombres, sino también a las mujeres, pues ellas tienen hermanos, padres e hijos que no están exentos de sufrir estás tremendas injusticias donde sea a sentado tristemente el criterio de que es preferible que quede un inocente preso que un culpable libre.

(*) Abogado

Mat. Prof. 1198