Defensa de la memoria, la verdad y la justicia

Quiero expresar mi profunda preocupación por la forma como la historia vivida por nuestro país en los últimos cincuenta años ha sido utilizada sistemáticamente por funcionarios del actual Gobierno Nacional, para generar cortinas mediáticas que tienen un objetivo claro de vaciar de contenido los conceptos de Memoria, Verdad y Justicia.

Creo que la construcción de una sociedad tolerante, inclusiva y de convivencia pacífica exige que dejemos expresada nuestra posición. Lo digo porque el disenso tiene un valor extraordinario y obliga a que cuidemos y defendamos el debate como punto de acceso a los acuerdos sociales. Por eso creo que las expresiones del actual titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurion, al igual que otras similares de otros funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri son peligrosas al usar la retórica discursiva de los represores, con lo cual se ningunea las cifras de lo que generó la Dictadura cívico militar y se desprecia la tragedia que aún late en la piel de nuestra sociedad.

Nuestro país tiene un proceso histórico, con sus avances y retrocesos, donde siempre se buscó erradicar las formas de violencia de la vida social y política. A tal punto que una de las primeras y primordiales medidas que consagrara la Asamblea General Constituyente del Año 1813 -junto con la adopción del Himno, el Escudo y la Abolición de la Esclavitud-, fue, precisamente, la destrucción pública de los elementos de tortura. Esto demuestra que desde el surgimiento mismo de nuestra Nación Argentina buscamos legislar y llevar a la realidad la protección sobre la integridad de las personas que habitan nuestro suelo. Nuestra Patria, que "nacía a la faz de la Tierra" se definía en la necesidad de eliminar los elementos con los cuales la por entonces subordinación colonial intentaba perpetuarse.

Lamentablemente aquella declaración de principios chocó una y otra vez contra la realidad. Así se llegó a la expresión más trágica y dramática en cuanto a Violencia Institucional en la última Dictadura Cívico-Militar que asoló a nuestro país entre los años 1976 y 1983. Nos ha tocado vivir ese tiempo por eso nadie puede poner en duda que la lucha por el retorno de la Democracia y la recuperación de los Derechos Civiles y Políticos estuvo apuntalada por las organizaciones civiles de Derechos Humanos. Para que todo el dolor no haya sido en vano, sigo sosteniendo, como millones de argentinos, que la Memoria (y no el olvido), la Verdad (y no el ocultamiento), la Justicia (y no la impunidad) deben ser permanentes políticas públicas en nuestro país.

Por eso creo necesaria una mirada crítica y reflexiva que traiga hacia el presente episodios cruciales del pasado, como la definición del "Nunca Más", grito recuperador de la vida y la paz para nuestra Patria. Aunque se lo quiera embarrar, el concepto de Terrorismo de Estado para describir lo que vivió nuestro país  fue la base de la sentencia del Histórico Juicio a las Juntas en 1985 y los posteriores enjuiciamientos a todos los responsables de  crímenes de lesa humanidad. No podemos los argentinos, sin importar de donde provengamos ni a qué nos dediquemos, permitirnos entonces avalar las aberrantes prácticas represivas utilizadas por el Terrorismo de Estado, como ejercicio de violencia indiscriminada desatada contra el conjunto de la sociedad.

Tampoco podemos distraernos a la hora de analizar que aquel plan siniestro fue la condición de posibilidad para la imposición de un Plan Económico que condenó a la inmensa mayoría del pueblo a una miseria planificada, como bien había denunciado el periodista Rodolfo Walsh en 1977, en su histórica carta que le costó la vida.

Decía Walsh en aquel texto: "…Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real (…), disminuido su participación en el ingreso nacional (…), elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales. Congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación (…), prometiendo aumentarla con nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial…" "Los resultados de esa política han sido fulminantes. En este primer año de gobierno el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50%, el de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares…"

Sería descabellado igualar automáticamente momentos históricos distintos, porque un gobierno surgido del libre sufragio y la actual vigencia del Estado de Derecho debe ser defendido y respetado más allá de las profundas diferencias políticas e ideológicas que tengamos. Ese resguardo esencial es el que siento para plantear aquí mi posición y advertir el peligro que conlleva cualquier plan sistematizado para menospreciar el dolor y el terror vivido por el pueblo argentino durante la Dictadura. El goteo para horadar la Memoria debe ser enfrentado con la conciencia de quienes desde la Verdad y la Justicia seguimos creyendo en un país sin excluídos, sin discriminados, en paz y con Justicia Social.

(*) Diputada Provincial de Chaco Merece Más