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La legislatura tuvo un año "con la calculadora siempre en la mano"

Las cuestiones económicas resultaron los problemas excluyentes para los diputados chaqueños durante 2016. Ingresos por coparticipación y por toma de deuda, pagos a judiciales con sentencias firmes, y una emergencia que parece dejar de ser extraordinaria para convertirse en estado permanente.

LA EMERGENCIA DE NUNCA ACABAR

A poco de estrenar la nueva composición del cuerpo, todavía en 2015, la Emergencia Económica se presentó como una herramienta ofrecida al gobernador Domingo Peppo para que enfrentara el inicio de su gestión. Se trató de la Ley 7751, que establecía la emergencia hasta junio de 2016. Ya en aquella oportunidad se presentaba el juicio de los judiciales y los embargos que se habían trabado para su efectivización como el gran escollo que debía afrontar la provincia en su funcionamiento.

Las complicaciones financieras y la situación fiscal impulsaron nuevamente la discusión de la emergencia. A finales de junio, volvieron a discutir otra prórroga. Sancionaron la ley 7825, que extendió el plazo hasta diciembre de este año.

Llegado el último mes del año, el panorama seguía siendo desalentador. Por ello, en la sesión extraordinaria del lunes 19, sancionaron la ley 7949 de prórroga de la Emergencia Económica y Financiera hasta el 30 de junio de 2017.

Los debates fueron tensos, llenos de idas y vueltas, con activa participación del poder Ejecutivo como principal interesado en que las medidas se sostuvieran. Desde el bloque opositor insistieron con acortar los plazos y revisar los argumentos que impulsaban las iniciativas, denunciaron los "desmanejos" de las últimas gestiones provinciales, que estuvieron en manos del justicialismo. A su vez, el oficialismo llamó a la "responsabilidad" y la "comprensión" de sus pares, puso el acento en las dificultades generadas por la macroeconomía nacional, y marcó que el tema del juicio de los judiciales llevaba veinticinco años sin resolverse y ahora el gobierno pretendía darle un cierre.

4000 MILLONES DE PESOS PARA MUNICIPIOS Y JUDICIALES

En el mes de abril, el poder Ejecutivo envió a la Cámara un proyecto para contraer un préstamo que permitiera afrontar el parate de la obra pública y dar un impulso a los municipios, y al mismo tiempo responder a las sentencias firmes de los judiciales.

Las discusiones fueron arduas. El monto requerido por el ministro Cristian Ocampo alcanzaba los $ 8000 millones, y suponía un pago en bonos a los judiciales. Luego de muchas idas y vueltas, el préstamo autorizado resultó mucho menor y se acordó que el pago de los juicios sea en efectivo.

El 25 de abril la Cámara sancionó con 29 votos a favor la ley Nº 7782, autorizando al Ejecutivo Provincial a contraer un empréstito por 4 mil millones de pesos. Definieron como destino reactivar la obra pública, y saldar la deuda con los funcionarios y empleados judiciales con sentencia firme, respecto al juicio iniciado por el incumplimiento de la ley de enganche.

Como complemento a esta medida, los legisladores aprobaron la Ley 7802 remitida por el Poder Ejecutivo, por la que se incorporó el Artículo 88 bis a la Ley Nº 4787 -de Administración Financiera-, en el marco de la Ley Nº 7782 de empréstito provincial. La razón de esta norma era la necesidad de adecuarla a los requerimientos y condiciones exigidas por los Bancos Extranjeros que ofertaron para el préstamo, según las condiciones exigidas para la aprobación de la Ley anterior. Por la misma brindaron autorización al Ejecutivo para acordar los convenios que se formalicen en la toma de créditos, y que esté facultada la prórroga de jurisdicción a tribunales extranjeros, como es usual en estos casos.

LA COPARTICIPACIÓN, UN PRIMER PASO EN LA RECUPERACIÓN DEL 15%

En mayo la Nación firmó con las provincias la devolución gradual de la detracción del quince por ciento (15%) que se realizaba sobre la masa de distribución primaria de la coparticipación federal.

Este acuerdo, con rango de pacto federal, debía ser ratificado por la Legislatura provincial. Fueron cuatro sesiones de discusiones, y los debates nuevamente alcanzaron tonos elevados. Los pases de factura por gestiones anteriores, las grandes definiciones ideológicas, los detalles contables en la administración provincial, aparecieron recurrentemente en las comisiones y en el recinto.

Finalmente, el Poder Legislativo sancionó con 25 votos a favor y 3 abstenciones la Ley Nº 7821, que avaló el acuerdo entre la Nación y el Chaco. El detalle, que destacó la oposición, fue el destino previsto para los fondos financieros. Parte de la "devolución" adoptaba la forma de préstamos desde ANSES, que quedaron fijados para ser utilizados en obra pública.

¿DÓNDE ENCONTRAR LOS FONDOS PARA EL ACUEDUCTO?

Otro tema relevante que debieron resolver los legisladores fue la sustitución total o parcial del financiamiento del Banco Nacional do Desenvolvimiento (BNDES), de Brasil, que había acordado brindar los fondos para la obra del segundo Acueducto. La entidad internacional atravesó una serie de inconvenientes a razón de problemas internos del vecino país, y se encontró en dificultades para hacer entrega de la totalidad de los fondos prometidos al Chaco. En consecuencia, el Gobierno resolvió desestimar el préstamo y salir a buscar nuevas fuentes financieras. Para ello necesitaba la autorización del Legislativo, porque implicaba contraer un nuevo préstamo a cambio del cancelado.

Nuevamente aumentó la tensión entre oficialismo y oposición, en el momento de tratar la iniciativa del Ejecutivo. Las discusiones fueron arduas y el consenso no fue posible. El 7 de diciembre, con 20 votos a favor del Justicialismo, Concertación FORJA y Libres del Sur; frente a la moción de permanencia en cartera del Interbloque Cambiemos sancionaron una modificación de la Ley Nº 6.683, acorde al tema. La medida incorporó la facultad de la sustitución total o parcial del financiamiento del BNDES, con el objeto de destinar dichos fondos a la realización de obras, adquisición de materiales y contratación de servicios necesarios para la finalización de la obra Segundo Acueducto para el Interior del Chaco.