El Gobierno busca destrabar vía amparo la medida de fuerza de Tesorería y Contaduría
La presentación incluiría una acción de lesividad para que la Justicia intervenga, ya que aseguran que se frenaron pagos a proveedores del Estado y peligra la liquidación de haberes de la administración pública.
La medida de fuerza comenzó el lunes pasado cuando la estructura orgánica de la Tesorería General y la Contaduría General de la Provincia profundizó su reclamo para que el ministerio de Hacienda y el gobernador Domingo Peppo rubriquen la resolución que avala los aumentos salariales que se dieron hace siete meses.
Si bien los trabajadores y funcionarios aclaran que no hay medida de acción directa ya que no tienen representación gremial reconocida (y por lo mismo no podrían tener una audiencia conciliatoria en Trabajo) desde el Ejecutivo afirman que la inactividad es deliberada y ya afectó a diversos proveedores del Estado, por lo que áreas sensibles como Salud o las fuerzas de seguridad comienzan a verse perjudicadas.
El reclamo de este organismo de control interno de los procesos administrativos del Ejecutivo, que tiene su propia ley orgánica, es de índole salarial: hasta principios de 2016 sus ingresos estaban equiparados al escalafón legislativo, pero tras el fallido intento de los diputados provinciales de otorgarse un aumento (que debió ser retrotraído) se "desengancharon" y equipararon su escalafón al de los ministerios, de forma tal de conservar los aumentos en el área.
En el Gobierno admiten que hasta el momento las negociaciones están congeladas. No es para menos si, como trascendió, la única propuesta oficial fue exigir la devolución de los montos "adicionales" cobrados durante los últimos meses, algo que nunca pareció advertir la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Es por eso que además pusieron en marcha el Plan B: encomendar al Fiscal de Estado que presente un amparo ante la Justicia para garantizar que no se paralice la carga y liquidación no sólo a proveedores sino a toda la administración pública.
En los pasillos de Hacienda dicen que es inaudito que un ente del Estado, sea cual fuere su estatus, se dé aumentos a sí mismo, del porcentaje que le resulte más conveniente, y que luego se siente a esperar la ratificación con la firma del ministro y el gobernador. De hecho, según estas fuentes, la última contraoferta de los empleados díscolos fue la equiparación salarial con el escalafón de la Fiscalía de Estado, con lo que sus aumentos estarían en el orden del 80 por ciento.