El Consejo de la Magistratura se pasó de rosca, pidió perdón y se lavó las manos
Tratando de explicar algunas irregularidades procedimentales del Consejo de la Magistratura, el abogado Rolando Núñez dio con la siguiente definición: "Predican que es un órgano extra-poder pero es un organismo inter-poderes en el que se reflejan y plasman los intereses directos de gobernadores, diputados y algunos integrantes del STJ".
Imposible no estar de acuerdo. Por eso cuando desde allí afirman que "la mayor garantía" que pueden ofrecer a los chaqueños "es que ningún sector profesional, político o proveniente de la magistratura pueda digitar con una mayoría predeterminada las designaciones de jueces", recordamos que la distribución equitativa de fuerzas del Consejo la fija una ley de 1958, no es un mérito de la actual conformación del Cuerpo.
Cuando de nombrar o echar jueces se trata, es decir, cuando ambiciones personales o sectores corporativos o un Poder del Estado quieren manejar la Justicia, los intereses en juego son enormes. Ya sabemos que nadie tiene la vaca atada y suponemos que lo que buscan con tesón es, justamente, atarla.
Hechos concretos, macanas ostensibles, torpezas que pagamos todos con nuestros impuestos, nos obligaron hace días a hablar de los desaciertos del Consejo de la Magistratura y a conjeturar que quizás algunas burradas no eran producto de la indolencia. Contabilizamos resoluciones administrativas rechazadas categóricamente por el STJ y hasta duros reproches de la Corte Suprema ; jueces de primera instancia que terminaron vía amparo poniéndole coto al Consejo porque se manejaba con poca transparencia en cuestiones delicadas; soluciones insólitas para resolver concursos y alguna perlita más.
El jueves pasado nos respondieron con un brulote en Diario Norte, un descargo de barricada titulado "La verdad sobre la actuación del Consejo de la Magistratura", firmado por seis consejeros entre titulares y suplentes. Al principio nos sentimos honrados (hablaban de "presiones mediáticas y desacreditación" y "malicia", y enumeraban los temas sobre los que los habíamos interpelado) hasta que el Consejo de Abogados de la capital dijo que los aludidos eran ellos , porque su representante en el Consejo de la Magistratura, Pedro Regueiro, se había negado a convalidar la resolución sobre un concurso de jueces en Charata.
Tan polémica y tirada de los pelos fue la gacetilla firmada por Oscar Bicaín (presidente), Ricardo Sánchez (vice), Isabel Grillo (STJ), Carim Peche (Diputados), Diego Caballero (Magistrados) y Juan José Bergia (Ejecutivo), que en menos de veinticuatro horas la propia Grillo salió al cruce del comunicado que incluía su firma, para desacreditarlo .
La nota de Norte aseguraba que detrás de la crítica al deficiente funcionamiento del organismo había una mano negra que representaba a "sectores quizá acostumbrados a designar jueces entre asados, vinos y amigos entrelazados en componendas muy difíciles de romper". "No hago propias las expresiones vertidas", se disculpó Grillo en la web oficial del Superior Tribunal y aprovechó para negar aquello de la malicia de los medios. Le faltó decir que no leyó la nota antes de poner el gancho.
El libelo tampoco pasó inadvertido para la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco, que se mostró "sorprendida" y "preocupada" por "el llamativo estilo del texto elegido para referirse a un asunto de suma importancia para el regular funcionamiento de las instituciones".
Según la entidad presidida por Gustavo Serrano, "con tan oscuros conceptos se pretende justificar el apartamiento de los cauces naturales de los procedimientos encarados por las Mesas Examinadoras a quienes se le encomienda la recepción de los exámenes técnicos". La alusión era, de nuevo, al concurso para la designación de jueces en Charata, algo que dicho sea de paso Grillo y Regueiro rechazaron.
La enjundia de los consejeros a lo largo de la nota de Norte es conmovedora y alocada, pasan de la victimización a la lavada de manos a lo Poncio Pilatos: "Quizás es el costo que debamos pagar por dar a luz una Justicia que sea orgullo de los chaqueños", dicen y el lector casi puede sentir el dolor del parto; y después, desconcertantes, afirman: "Nada tenemos que ver" con las destituciones ni con las posteriores declaraciones de nulidad de jueces y funcionarios por parte del STJ, en referencia entre otros al jury a Amanda Corchuelo en el que el "neófito" Ricardo Sánchez, que dice que no estuvo, fue identificado como denunciante y acusador, lo que vuelve a obligar a Grillo a excusarse en lo que a ella respecta: "Como jueza del STJ he dictado sentencia en ambos procesos, junto a otros magistrados".
A los saltos entre la retórica de la auto-condescendencia y la lucha inclaudicable que afirman acometer por una mejor Justicia, la nota de los consejeros agoniza sin reconocer un solo error y acusando a la prensa: "Sepan que nosotros, a pesar de los editoriales publicadas (sic), seguiremos trabajando con ideas y convicciones muy firmes".
Al menos Oscar Olivieri, ex titular del organismo y compañero de Ricardo Sánchez en la cruzada mediática contra la jueza Barranco Cortés,tuvo la humildad de reconocer que la Ley 188 que establece el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento "es vieja, pensada en un sistema penal inquisitivo que se aplica subsidiariamente y que no representa lo que son los mandatos constitucionales del debido proceso". Algo es algo.