La juricidad administrativa
El Estado de Derecho Constitucional-, y la Juridicidad de la Administración Pública constituyen Interés Público Primario en la comunidad democrática actual. La preeminencia y vigencia irrestricta de los Principios Generales del Derecho y los Valores Jurídicos de una sociedad democrática solo se concretan en tanto exista respeto riguroso y sin actitudes que lo soslayen, sobremanera, a aquello que formalmente el Estado declara ser; y al cual sustancialmente se obliga. En tal sentido no se justifica ni debe aceptarse o concebir que dicho interés público – reiterase, el de vigencia de Juridicidad- sea sacrificado a fin de atender intereses distintos a la vigencia irrestricta del ordenamiento jurídico..
Es que el Interés Público que porta el Estado, se halla alojado en la Juridicidad y su apreciación se la puede advertir tanto en la actividad de la Administración, como en la actividad jurisdiccional (judicial), al ser ello necesario su vigencia -como contenido- tanto en los procedimientos administrativos como en los actos y contratos administrativos del Estado. A su vez con mayor estrictez y énfasis en sede judicial –en la Sentencias Judiciales - sean estas de merito o cautelares de la justicia contenciosa-administrativas.- Ambas decisiones portan y concretan interés publico protectorio de intereses privados.
Actualmente se entiende por Interés Publico a aquel esmerado esfuerzo que se realiza por parte de los operadores jurídicos de esta especialidad, en lograr el equilibrio o armonía como pauta hermenéutica necesaria entre las prerrogativas del Estado y las garantías de los administrados. Ello en el entendimiento que una correcta interpretación exige establecer que el interés publico cuando se lo invoca como argumento de una decisión restrictiva de derechos-razonable y valida ella-, debe intelegirse y aplicarse como aquel interés en el cual ingresan los intereses privados asi resguardados,-
No son intereses antagónicos.-"hacer prevalecer un interés (el público), sobre otro (el privado)es por eso consagrar y proteger el propio interés que se sacrifica formalmente "Ver El Principio de Juridicidad y los intereses a proteger", Comadira Julio R.
Por ello se ha doctrinado que "cuando se abandona el bien común y se le interpone el bien particular ,aparece la corrupción política" Ver Ética y Política, problemas actuales-Medrano José M. en Revista Prudentia Iuris vol 2 p.40-
Mas, se adicionaría que, si se "privilegia" lo privado o particular, desdeñando el bien común se consagra una comunidad insolidaria. De otro lado, si si se particulariza desde la "prerrogativa" el interés público (privatizado) se origina el Estado Autoritario. La legitimidad a favor del Estado, se quiebra ante el vicio evidente de su actividad o cuando se acredita ello, o se presume su inconstitucionalidad. Ante esa circunstancias el particular se halla habilitado a desobedecer la decisión, pues queda afectada la garantía de legitimidad que protege al administrado.
La vinculación jurídica existente entre la Administración Pública y los administrados, es una vinculación especial, que denota como se sabe el calificativo de exorbitantes. Exorbitancia en el caso significa la preeminencia de la Administración, concretada en sus prerrogativas y su especial vinculación con la otra parte, plasmada en las Garantías del particular.
Entre las prerrogativas sustanciales de la Administración se hallan primordialmente las de presunción de legitimidad de sus actos, ejecutoriedad de ellos y creación unilateral de vínculos obligatorios, hallándose de su lado y frente a ellas las Garantías de los particulares; esencialmente la Garantía de Juridicidad- la de Propiedad, de Igualdad y la de Responsabilidad del Estado y sus funcionarios.
En lo que hace al Interés Público comprometido en las decisiones Jurisdiccionales-judiciales-frente al privilegio de la Administración, esto es el contar con el carácter declarativo de ellas y de un régimen especial de ejecución de condenas -particularmente las de dar sumas de dinero- se hallan las garantías del particular -administrado,- siendo ellas, la de garantía de respeto irrestricto a la juridicidad- es decir legalidad administrativa–; la garantía de propiedad y la de razonabilidad del actuar de la Administración.
Por ello régimen exorbitante en actualidad implica hoy el equilibrio o armonía que deben observarse entre el Interés Publico exigible de las prerrogativas del Estado y los Intereses Públicos exigibles y provenientes de las garantías sustanciales del administrado protectorias.
No son intereses contrarios ni prevalecen unos sobre otros. Ellos se realizan recíprocamente -en términos de juridicidad-; y así lo exige el actual Estado de Derecho Constitucional Social y Democrático.-
(*) Juez en la Sala Segunda de la Cámara Contencioso Administrativo.